La Iglesia sale al rescate

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mujer llora en el sofá porque van a desahuciarla de su casa

JOSÉ LUIS PALACIOS | Mientras el Gobierno intenta ganarse la confianza de los mercados y empeña su crédito en rescatar a los bancos, gente de Iglesia lanza modestos botes salvavidas a los náufragos de la crisis. Ante el conflicto social que viven las cuencas mineras, los miles de desahucios o la pérdida de derechos que amenaza a los inmigrantes, hay creyentes que están saliendo al paso. [La Iglesia sale al rescate – Extracto]

  • Apoyo a los mineros

marcha protesta de mujeres de minerosEn la diócesis de Astorga, tres sacerdotes de la cuenca de Fabero-Sil publicaron un comunicado, difundido a través de la web del Obispado, en solidaridad con las movilizaciones de los mineros y apoyo a sus reivindicaciones.

Jesús Villar, párroco de San Miguel de Matarrosa y de otros diez pueblos de la zona, es uno de los firmantes. Este cura, como muchos otros compañeros, se ha dejado ver en las movilizaciones y marchas convocadas para intentar salvar el principal motor económico de sus comarcas y construir un nuevo futuro. Ha visitado a los encerrados en el Pozo Santa Cruz del Sil y ha procurado llevar algo de consuelo a tantos como hoy desconfían del porvenir.

Apenas le da importancia a estos actos, que considera naturales en un presbítero que solo intenta estar cerca de la gente, conocer sus problemas y alentar sus esperanzas. “Cuando se han convocado huelgas generales por el carbón, aquí ha parado todo el mundo”, explica.

Sabe bien que sus gestos de solidaridad no le van a traer más gente a la Iglesia, por más que sean muchos los que le agradezcan que se haya significado por colocarse al lado de las familias mineras. “El sentimiento religioso por aquí es frío, tal vez por la propia historia, aunque esta es una explicación que puede que fuera cierta en el pasado; ahora, como en tantos otros lugares, se debe más a la secularización en la que estamos inmersos”, comenta Villar.

Con sus otros dos compañeros sacerdotes organizó una colecta para apoyar económicamente a las familias de los mineros. “El mes pasado solo cobraron la mitad y este, seguramente, no cobren nada”, apunta. La idea agradó a sus feligreses a juzgar por el resultado: “La gente contribuyó bastante, más que en otras ocasiones”.

“Cuando se han convocado
huelgas generales por el carbón,
aquí ha parado todo el mundo”,
explica Jesús Villar, párroco en Astorga.

También los militantes de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) de Astorga y de León planean gestos de solidaridad parecidos. “Estamos viendo la posibilidad de contribuir económicamente, a título personal, con la movilización de los mineros. Más de uno y más de dos se han pasado por los encierros de las mujeres y de los propios mineros, además de participar en las diferentes marchas y manifestaciones”, detalla Melchor Moreno, profesor en un colegio de Torre del Bierzo y miembro del citado movimiento especializado de Acción Católica.

Su compañero en la HOAC de León, José Luis Gómez, también ha mantenido diversos contactos con mineros, mujeres y sindicalistas. Confirma también la buena disposición del obispo Julián López a “atender, desde los distintos niveles de actuación de Cáritas, en lo humanamente posible, las necesidades más urgentes que se le puedan presentar a las familias afectadas por el conflicto minero”.

  • Con los desahuciados
Presentación de un manifiesto contra los desahucios en Murcia

Presentación de un manifiesto contra los desahucios en Murcia

Pero si hay un fenómeno que evidencia la desigual respuesta que los poderes públicos están dando a las consecuencias de esta crisis, es el de los desahucios. El pasado año se iniciaron casi 80.000 ejecuciones hipotecarias, que hay que sumar a las 272.000 registradas entre 2007 y 2010 –año en el que se alcanzó el récord de 93.636–, según el Consejo General del Poder Judicial, que no distingue entre viviendas en alquiler o hipotecadas, ni entre primeras ni segundas residencias; tampoco si son residencias o comercios.

Sonia Olea, del Programa de vivienda y personas en situación sin hogar, de Cáritas, es categórica: “En la época de vacas gordas, no se destinó ni un euro más a combatir la brecha social”. Además, denuncia que “la vivienda no es un derecho, sino un bien para invertir”, por lo que millones de personas en nuestro país, incluso antes de la burbuja inmobiliaria, no han podido acceder a una vivienda digna. Aunque no existe un cálculo contrastado, se estima que, de los más de 11 millones de personas bajo el umbral de la pobreza que viven en España, entre tres y cuatro millones carecen de un techo digno, si contamos a las personas sin hogar, a los ocupantes del millón y medio de infraviviendas y a quienes viven hacinadas. La experta de Cáritas apunta que la política de vivienda en nuestro país “se ha organizado en torno al mercado” y “el régimen de tenencia basado en la propiedad”, con las consecuencias de todos conocidas.

El año pasado, Cáritas dio respuesta en toda España a 50.000 solicitudes de ayudas relacionadas con la vivienda. Principalmente, para hacer frente al pago de suministros básicos como el agua y la luz, pero también para financiar el alquiler y, en mucha menor medida, para evitar desahucios. “La población con la que trabajamos apenas ha podido acceder a una vivienda en propiedad, salvo excepciones”, explica Sonia Olea. En todo caso, resalta, la labor de Cáritas es prevenir los desahucios, no tanto pararlos cuando ya están en marcha.

En las diócesis de Terrassa, Sant Feliu y Barcelona, Cáritas ha puesto en marcha, desde septiembre de 2011, un servicio de mediación de personas con dificultades para conservar sus viviendas, tanto hipotecadas como en alquiler. En este tiempo, han atendido a unas mil familias a punto de ser desahuciadas.

En 2011, Cáritas dio respuesta
en toda España a 50.000 solicitudes de ayudas
relacionadas con la vivienda:
pago de agua y luz, alquiler
y para evitar desahucios.

En unos 300 casos han podido conseguir la “dación en pago” (la entrega del piso para saldar la deuda pendiente), la renegociación del préstamo, un alquiler más sostenible o un “alquiler social” a través de los distintos convenios suscritos con entidades públicas y privadas de Cataluña. Son cinco trabajadores y más de 40 voluntarios, con conocimientos del funcionamiento del mercado financiero, inmobiliario y jurídico los que atienden este servicio, impulsado tras una donación anónima de carácter finalista.

Fernando Díaz, técnico del Servicio de Mediación, detalla que “si la consulta no se puede resolver por teléfono, hay una primera entrevista personal donde la persona o familia expone su situación. Luego se analizan las circunstancias, si hay viabilidad en los pagos comprometidos, si la deuda se puede afrontar… y, finalmente, se consensúa una propuesta para negociarla con la entidad financiera –en el caso de los préstamos– o con el propietario, si es un alquiler”.

Cáritas Barcelona cuenta con 38 pisos; 31 gracias a un convenio con la Generalitat y siete por cesiones de fundaciones y personas particulares. “Desde hace años, trabajamos el tema de la vivienda y tenemos pisos para gente de nuestros programas, pero desgraciadamente no podemos ofrecer esta solución a todos los que quisiéramos”, detalla Díaz, quien reconoce la existencia de una larga lista de espera.

protesta frente a un banco contra los desahuciosAunque Cáritas surge como la institución más firme y con más recursos en este combate, hay otras entidades que no bajan la guardia. Una de ellas es la Sociedad de San Vicente de Paúl. Los casos de desahucios que llegan a su servicio jurídico gratuito de Madrid han aumentado en un 70% desde 2007. El equipo de voluntarios –compuesto por una docena de abogados– atiende a personas sin recursos derivadas de otras entidades, pero también de los propios servicios sociales, aunque últimamente son mayoría los que llegan a “través del boca a boca”.

Si al principio la mayoría de los que pedían su intervención eran inmigrantes que vivían de alquiler, ahora el perfil se ha ampliado a autóctonos con hipotecas. “Cada vez con más frecuencia, se trata de parejas de entre 30 y 45 años, con hijos, que accedieron a la vivienda a precios muy inflados y que ahora, al perder sus empleos o las prestaciones, no pueden hacer frente al préstamo, aunque también hay madres con hijos a su cargo que conservan un empleo de pocas horas o reciben el subsidio”, explica una de las coordinadoras, Teresa García.

“Desgraciadamente, nuestro margen de actuación es muy limitado. Intentamos renegociar con los bancos la conversión en alquiler, la reducción de la letra, la suspensión temporal del cobro de los intereses. Si no, se busca otra solución, como puede ser cambiar de casa, un alquiler más barato, optar a una vivienda de protección oficial…”, añade su compañera y también coordinadora, Rocío López, quien confiesa que, en ocasiones, tiene que conformarse con “prepararles para el procedimiento jurídico y animarles a ir pensando qué van a hacer para no verse en la calle”.

Este servicio no suele cubrir el trámite judicial, pero anima a los afectados a que soliciten la defensa gratuita. Lo que sí hacen es asesorar en la negociación de la dación en pago u otros productos financieros que ofrecen los bancos.

El servicio jurídico no se limita a la ayuda profesional, por más que sea desinteresada. Para Rocío López, “más allá de la solución jurídica que podamos ofrecerles a estas personas, procuramos que se sientan escuchadas, que vean que tienen su espacio, que nos importa lo que les pase, que creemos en ellas y que les vamos a ayudar a mejorar. Muchos nos dicen que eso es lo que más agradecen”.

“Cuando compartes los problemas y las soluciones,
estás compartiendo la vida, estás
dando esperanza y recibiendo vida, estás
relativizando cantidad de cosas que nos ocupan”.

Ramiro Vega, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Sant Boi.

Ante este drama que se cierne sobre tantas familias, otros prefieren trabajar en la primera línea contra los desalojos. Es el caso de Ramiro Vega, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Sant Boi, en Barcelona. Explica que “por ahora son los árabes e hispanoamericanos los que más acuden solicitando la intervención de la Plataforma. Los españoles prefieren sufrir en silencio y no son capaces, por lo general, de superar la vergüenza que sienten por encontrarse en esta situación”.

La amenaza de las ejecuciones hipotecarias alcanza a profesionales liberales, trabajadores integrados, parejas jóvenes con hijos… Basta con perder los ingresos asociados al trabajo para que las letras de las viviendas sobrevaloradas se atraganten. “Es una lucha que hay dar porque se trata de una injusticia clamorosa que le puede ocurrir a cualquiera”, señala Vega.

“No puedo por menos que acordarme del dinero que le regalamos a Bankia cuando veo cómo este banco no quiere perdonar nada a una persona amiga a la que acompañé el otro día a su sucursal”, destaca.

Aunque la tarea parece inmensa, este militante de la HOAC es de los que se aferra a la esperanza: “Estamos obligados a salir de nuestras casas, de nuestros movimientos y parroquias, y actuar convencidos de que sí se puede”.

Desde el punto de vista de la fe, apostilla, “no podemos decir Dios proveerá… Hay que rezar, por supuesto, pero dar la cara porque Dios ayuda si le ayudamos”. No tiene duda Ramiro Vega de que “se palpa la mano de Dios en la historia al intentar introducirnos en las alegrías y los problemas del hermano. Cuando compartes los problemas y las soluciones, estás compartiendo la vida, estás dando esperanza y recibiendo vida, estás relativizando cantidad de cosas que nos ocupan. La solidaridad hace verdaderos milagros”.

  • La voz del inmigrante
voluntaria de Red Incola presta apoyo a una inmigrante

Una voluntaria de Red Íncola presta apoyo a una inmigrante

Bien lo saben las personas inmigrantes, sin red familiar de apoyo, blanco fácil ante la frustración social y, ahora, amenazados con ver recortados sus derechos. En la Iglesia están teniendo un importante valedor. Como afirma el jesuita Daniel Izuzquiza, coordinador de la ONG Pueblos Unidos, con una meritoria labor en el barrio madrileño de La Ventilla, “los cristianos, tanto individual, comunitaria e institucionalmente, tenemos muy viva la experiencia y la convicción de que cada ser humano posee una dignidad sagrada e inviolable, a imagen de Dios. Por ello, alzamos la voz en estos temas sensibles que afectan a las personas más frágiles o vulnerables”. [EDITORIAL: Cuidar a los migrantes]

En este asunto hay pronunciamientos claros y acciones concretas de la Iglesia. “La sociedad sí reconoce el compromiso cristiano en esta movilización, aunque no siempre lo comparta”, aclara Izuzquiza. Aunque, añade, “la sociedad tiende a verlo como iniciativa de grupos cristianos de base y no como lo que es en verdad: expresión de la Iglesia”.

La carmelita misionera Brígida Moreta recuerda que durante la hambruna que vivió en Malawi entre los años 2000 y 2004, “no nos preguntábamos si había dinero en el banco; sencillamente salíamos a las calles, íbamos a los poblados, compartíamos lo que teníamos con tal de intentar atender a la gente que se moría de hambre o por algunas de las enfermedades provocadas por comer y beber cualquier cosa que encontraran”.

Hoy, esta religiosa que vive en Madrid dedica sus días a convivir con las personas inmigrantes. Visita periódicamente el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Aluche y colabora en uno de los cuatro pisos que Pueblos Unidos tiene para la acogida de estas personas.

Sostiene Brígida Moreta que la Iglesia, de la que habla siempre en “sentido muy amplio”, sí está movilizada en la defensa de los derechos de los inmigrantes. A renglón seguido, afirma que “hay que seguir trabajando para que quienes pasan del sufrimiento de los más desfavorecidos o desconfían de los inmigrantes, sepan reconocer en ellos a otra persona, y para hacer visible todas estas situaciones de injusticia”.

El franciscano José María Lucas echa en falta
una aportación más decidida de la Iglesia española
para combatir la crisis, “no solo una llamada genérica
a la solidaridad, sino también un esfuerzo
por la regeneración de valores como la fraternidad, la unidad, el compartir…”.

En la Plataforma que el Derecho no se detenga a la puerta de los CIE –que ha criticado recientemente la intención del Ministerio del Interior de cambiar de nombre esas cárceles para personas indocumentadas y flexibilizar algo un reglamento con un todavía claro acento penitenciario– podemos encontrar, entre la veintena de entidades que la forman, a la Red Íncola de Valladolid.

Su coordinador, el franciscano José María Lucas, explica que “los cristianos, sacerdotes, religiosos y laicos sí se están movilizando por los inmigrantes. No solo en la ayuda económica o asistencial, sino también en la defensa de los derechos humanos”. Y aunque tiene muy claro que en el día a día hay muchos cristianos “ayudando al prójimo”, insiste en que “no es algo por lo que debamos esperar reconocimiento; simplemente es el cumplimiento del mandato evangélico, de Mateo 25”.

Sí que echa en falta una aportación más decidida de la Iglesia española para combatir la crisis. “No solo una llamada genérica a la solidaridad y a atender las necesidades de la gente que peor lo está pasando –lo que está movilizando muchos recursos económicos y humanos de la Iglesia–, sino también un esfuerzo por la regeneración de valores como la fraternidad, la unidad, el compartir…”, dice el religioso.

En el nº 2.809 de Vida Nueva.

 

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Actualizado
13/07/2012
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