Arzobispo de Huancayo (Perú) y director del Departamento de Justicia y Paz del CELAM
JIMMY ESCOBAR G. BOGOTÁ | Como arzobispo de Huancayo, capital del departamento de Junín, en Perú, Pedro Barreto desató una de las mayores controversias vividas en ese país por la actividad minera desarrollada sin control durante los siglos XIX y XX en La Oroya, una pequeña localidad de la zona. [Extracto de la entrevista con Pedro Barreto]
Reputada como el más importante centro metalúrgico del Perú, esa población ha soportado los efectos de tal condición hasta llegar a padecer alarmante niveles de plomo en la sangre, haciendo el aire casi irrespirable en algunos momentos del día, fenómeno al que se acostumbraron –autoridades incluidas– sin cuestionar.
Es prelado, actual director del Departamento de Justicia y Paz del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) en Bogotá, puso el dedo en la llaga obligando al Estado peruano a suspender, en 2009, las actividades de la empresa norteamericana Doe Run, afincada allí desde principios del siglo pasado.
No conforme con esto, también adelanta una iniciativa desde el CELAM alertando sobre las formas que tiene la minería en América Latina. Por esa causa, las amenazas contra su vida se volvieron casi una constante, cuya frecuencia aumentó en marzo, cuando en Perú se habla de la reapertura del complejo metalúrgico.
– Cuando usted llegó como arzobispo a Huancayo, ¿conocía el daño que provocaba el complejo minero de La Oroya?
– No conocía a ciencia cierta qué pasaba, pero sí sabía que La Oroya era considerada una de las cinco ciudades más contaminadas del mundo. Siempre había pensado que el Gobierno y los obispos anteriores se habrían preocupado del tema. Ya en 1934, doce años después de iniciarse la fundición, el obispo Rubén Berroa elevó una denuncia muy fuerte para ese tiempo. Decía que aquellos eran unos humos mortales y muy tóxicos. Pese a eso, la planta siguió funcionando sin parar hasta 2009, por lo que se calcula que hay pasivos ambientales, material particulado cercano a los siete centímetros en los cerros colindantes de la fundición, porque La Oroya está ubicada dentro de los Andes, como en una especie de hoya. Hay muchos cerros y, a veces, el aire, en lugar de irse a la atmósfera, baja hacia la población por una inversión térmica.
Barreto recibió la Medalla de Honor del Congreso peruano en 2011 por su defensa de la vida y el medio ambiente
– ¿Qué le motivó a actuar con tanto riesgo?
– Cuando Juan Pablo II me nombró obispo, leí el mensaje del Sínodo de los Obispos en el que se decía que uno de los desafíos del pastor es el cuidado de la vida y la salud de la población. El beato tiene palabras muy fuertes. Habla de una explotación irracional que afecta a la vida y a la salud de la población. Ante este magisterio de la Iglesia, desde 2004 lanzamos una propuesta de solución integral en torno al problema ambiental y laboral de La Oroya y de toda la cuenca del río Mantaro que atraviesa el valle.
– ¿Cómo fue recibida la propuesta?
– Pues muy mal, porque nadie había hablado de esta forma y, por supuesto, ya nadie se acordaba de lo expresado por Berroa, de manera que hubo muchas instituciones políticas y empresariales que declararon a la Iglesia católica y al arzobispo de Huancayo como antiminero, que no quería el desarrollo del país porque ingresaban muchas divisas… Siempre me he preguntado cómo pudo ser esa avalancha contra el arzobispo. Han pasado ocho años y ahora todos estamos de acuerdo sobre la gravedad del problema. Incluso la Sociedad Nacional de Minería del Perú expulsó de su seno a Doe Run Perú por incumplimientos medioambientales; e incluso en los Estados Unidos tiene mala fama y ha sido castigada por su mismo Gobierno.
– ¿Por qué se reavivaron entonces las amenazas contra usted?
– Porque desde 2009 está paralizado este complejo metalúrgico y hay un proceso en curso ante el Estado. La empresa se había declarado en quiebra y, ahora, ante la inminencia de la reapertura sin el cumplimiento de los proyectos que bajan la contaminación, la Iglesia no ha dejado de expresar su parecer en defensa de la vida.
Al principio hubo muchas instituciones
políticas y empresariales que declararon a la Iglesia
y al arzobispo de Huancayo como antiminero,
Ahora todos estamos de acuerdo
sobre la gravedad del problema.
– ¿Hasta dónde han llegado esas amenazas?
– Vengo recibiéndolas desde 2005. Hace dos años pasearon un ataúd con mi nombre y una mitra encima en pleno complejo metalúrgico. Últimamente han sido amenazados vía telefónica dos trabajadores del proyecto ‘El Mantaro revive’, que apoya a los niños de afectados por el plomo; también me amenazaron diciendo que me iba a ir al cielo; que me compre el ataúd y cosas de ese estilo, pero no me afecta mucho porque lo hacen para acallar la voz de la Iglesia, que ha sido muy tajante al manifestar su sí a la reactivación del complejo, pero solo tras el cumplimiento de los programas que aseguren la calidad de vida de la población.
Una minería responsable
– ¿Cómo han respondido las autoridades?
– Ha sido mucha la reacción, de modo que los que han querido callar la voz no lo han conseguido. Pero además, ha traído una consecuencia muy favorable, como el pronunciamiento del presidente del Consejo de Ministros del Perú, quien ha expresado su negativa a la ampliación del complejo sin el cumplimiento de los compromisos mediambientales. El ministro del Ambiente manifestó también que no daría más tiempo a la empresa, un mensaje claro del Gobierno en cuanto a que hay una actividad minera, pero con responsabilidad social.
Desde el CELAM queremos
convocar a empresarios, a políticos y a la población
para hacer una mesa de diálogo que asegure
la calidad de vida con una minería responsable.
– ¿Cómo ve la actividad minera en los países andinos?
– Eso lo hemos hablado a nivel del CELAM y nos hemos dado cuenta de que, desde el Caribe hasta Chile, la región está atravesada por una explotación minera que, en ocasiones, quiere ser responsable. Los estándares ambientales en varios países aún no son los internacionales; por tanto, hay empresas extranjeras que no hacen en su país lo que hacen en América Latina y el Caribe. El esfuerzo a nivel del Departamento de Justicia y Solidaridad es el de apoyar a las conferencias episcopales para proveer una especie de perfil para convocar a empresarios, a políticos y a la población para hacer una mesa de diálogo que asegure la calidad de vida con una minería responsable.
– ¿Qué tanto de eso va para Colombia?
– Hace poco, un sacerdote me hablaba de un problema con una empresa minera igual que en Perú, igual que en Honduras o que en Guatemala. Por eso queremos convocar a todos los actores sociales y caminar hacia el respeto a la vida y al medio ambiente.
Tenemos muy claro como Iglesia que no nos oponemos a la minería; a lo que sí radicalmente se opone la Iglesia es a lo que afecte a la vida, a la salud y el ambiente en la casa común que Dios nos ha dado. Desde el CELAM estamos dispuestos a apoyar a las conferencias episcopales en este gravísimo problema.
Aún algunos hermanos obispos, y la Iglesia en general, no son conscientes de la gravedad. Alemania, por ejemplo, importa materias primas de América Latina, África e India. Entonces, podemos decir que el desarrollo tecnológico debe asegurar una responsabilidad altísima de los gobiernos, de los empresarios y de la sociedad civil.
En Perú se explotan solo el 5% de sus recursos naturales y más del 50% de los conflictos se deben a la irresponsabilidad de las empresas mineras. Hay que buscar una fórmula para una convivencia pacífica y solidaria sobre el bien común.
– ¿Es prioritario el tema minero en el Departamento de Justicia y Solidaridad?
– Es una de sus prioridades. Estamos elaborando el plan de trabajo y uno de los aspectos es evangelizar desde la doctrina social a los empresarios mineros. Conozco empresarios que quieren hacer las cosas bien. Tal vez sean pocos, pero vamos a empezar con ellos. Jesús empezó con doce hombres, aunque uno le haya traicionado y otro le prometiera más de la cuenta… En eso estamos.
En el nº 2.804 de Vida Nueva.
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