Los obispos lamentan su posible despenalización para consumo personal
JOSÉ LUIS CELADA | Aseguran desde la Iglesia argentina que las políticas públicas deberían orientarse a “desalentar el consumo de drogas”. Por eso, reivindican la importancia de “contar con una política de Estado que promueva la educación, la prevención y la salud”.
“Es urgente –añaden– dar pasos hacia soluciones integrales”. Así lo pone de manifiesto el documento dado a conocer el día 4 por la Comisión de Drogadependencia del Episcopado, en el que esta dimensión pastoral comparte algunas de sus reflexiones a propósito de los proyectos de ley sobre la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal que se vienen debatiendo durante los últimos tiempos en el país.
Bajo el título ¿Despenalización sí o no?, los obispos recogen la gran preocupación que genera el tema entre tantas familias que acuden a la Iglesia en busca de “orientación y consuelo”. Y, enriquecidos por sus testimonios y por otras experiencias de diferentes partes del mundo, han decidido ofrecer “una contribución para encontrar caminos de comunión superadores de una realidad que nos angustia”.
Ahora bien, aunque respetan todos los puntos de vista, han querido erigirse en “la voz de los más pobres”. Porque “un joven pobre que se droga –advierten– no se está divirtiendo, no hace fiesta ni se dedica a un uso recreativo: huye hacia adelante para llegar más rápido al día de su muerte”.
El pronunciamiento episcopal se aproxima luego al contexto donde surge la ley a debate, apoyada en propuestas que se justifican con argumentos tales como que “la guerra contra las drogas ha fracasado”, que el consumo ha aumentado y que lo único que se ha logrado es “criminalizar al adicto”. Si así fuera, la única solución sería despenalizar, “confiando en que con esta sola medida se resuelve casi todo el problema”.
Sin embargo, los prelados entienden que “esto favorecería el incremento de las facilidades y oportunidades para obtener estas sustancias y, por tanto, aumentar el consumo, más que disminuirlo”.
En este punto, el texto recuerda un documento publicado por los Sacerdotes para las Villas de Emergencia de Buenos Aires, donde ya se constataba que “la droga está despenalizada de hecho”, por lo que insta a los legisladores que valoran la posible liberación de su consumo a que reflexionen si el sistema sanitario del país podría “enfrentar todo lo que conllevaría poner en práctica tal decisión”.
Asimismo, advierte que “no se debe legislar para minorías sin tener en cuenta a las mayorías postergadas”. Más aún cuando a nadie escapa que “el daño será mayor en un organismo deteriorado por la pobreza”.
Ir a las causas
Por todo ello, la Comisión de Drogadependencia reitera que “no es facilitando el consumo, ni haciendo aparecer como que está bien lo que está mal, que vamos a superar este creciente flagelo de las drogas, particularmente en nuestros jóvenes y adolescentes”.
El organismo que preside el obispo de Gualeguaychú, Jorge Lozano, defiende la necesidad de “ir a las causas de la cuestión”, e introduce a la consideración del lector otros aspectos del problema, como el jurídico o el científico.
Sobre el primero, aboga por “desarrollar un verdadero esfuerzo educativo a nivel nacional”, a la luz de la Ley 26.586 que establece el Programa Nacional de Educación y Prevención sobre las adicciones y el consumo indebido de drogas (28 de diciembre de 2009).
En cuanto al segundo, y esgrimiendo datos concretos, la nota episcopal trata de desmontar errores y simplificaciones en la diferencia entre drogas blandas y duras, como “primer paso para distinguir lo que debe separarse en cuanto a las restricciones o controles gubernamentales”.
Finalmente, el documento denuncia la instalación en el país de carteles extranjeros, cuyos crecimiento “va acompañado de corrupción e impunidad, violencia y muerte, sobornos y extorsiones, miedo y repliegue de la sociedad, que ya no sabe en quién confiar”.
Para combatirlo, se hace un llamamiento a “redoblar esfuerzos”: con leyes, pero que cumplan una “función pedagógica” (“¿qué enseñanza nos deja darle a las drogas un reconocimiento legal?”, se preguntan desde la Iglesia), e involucrando a la sociedad en su conjunto.
“La lucha contra la droga –concluyen los pastores– se gana en la educación y prevención, creando fuertes vínculos sociales a través de la solidaridad y la búsqueda del bien común”.
En el nº 2.804 de Vida Nueva.
