La Oroya sufre “un atropello a la dignidad y a la salud”

El obispo Barreto denuncia a una minera de la ciudad peruana por agresión ecológica

El arzobispo peruano Pedro Barreto

RAFAEL QUINTANILLA. LIMA | “Frente al mal no hay que callar”, advirtió Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo y vicepresidente del Episcopado peruano, durante una rueda de prensa convocada el 29 de febrero en esa ciudad andina. Su denuncia sale al paso de la nueva solicitud presentada ante el Estado por la minera Doe Run, operadora de la empresa metalúrgica La Oroya, para que aplace 30 meses más el cumplimiento del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

Una petición ante la que “no podemos callar, porque es un atropello a la dignidad y a la salud de las personas de La Oroya y de los trabajadores del Complejo Metalúrgico, que se ven obligados a laborar en condiciones letales a su integridad”, indicó indignado el ‘cura ambientalista’, como se le conoce allí al prelado jesuita.

El PAMA es un requisito previo que toda empresa –extractiva o no– debe cumplir bajo vigilancia del Estado. En este caso, Doe Run se comprometió a invertir una determinada cantidad y en un plazo concreto para remediar el impacto medioambiental de su producción y reducir los niveles de contaminación a los estándares permitidos por la legislación peruana.

Cabe recordar que a esta empresa minera se le concedieron ya dos prórrogas (2006 y 2009) para la implementación del PAMA, pero que nunca cumplió su compromiso.

La posición de Barreto se sustenta en las evidentes consecuencias negativas que ha producido Doe Run en la población de La Oroya. Un estudio realizado por la Universidad de Saint Louis (EE.UU.) constató que, mientras operó la empresa, más del 90% de los niños y niñas del lugar mostraban niveles excesivos de plomo en su cuerpo.

La Oroya, empresa minera complejo metalúrgico Perú

Empresa minera en La Oroya

Además, se conoció que los niveles de dióxido de azufre en el ambiente, que provoca lluvia ácida, habían alcanzado la cifra récord de 27.000 partes por metro cúbico, casi cien veces el límite establecido por la ley peruana. Ya en 2006, Blacksmith Institute, ONG de Nueva York, identificó a La Oroya como una de las diez ciudades más contaminadas del mundo.

Hoy, la realidad es distinta. Precisamente, gracias a la paralización de la planta, estos últimos meses se han reducido los niveles de contaminación en la ciudad: el dióxido de azufre (en un 99,54%), el material particulado en plomo (98,82%), el arsénico (99,37%) y el cadmio (93,42%), según un estudio de la organización ambientalista El Mantaro Revive.

Al día siguiente de conocerse el pronunciamiento de Barreto, la directora de El Mantaro Revive (una obra del propio Arzobispado), Paula Meza, y otro miembro del equipo pastoral recibieron llamadas amenazadoras, advirtiéndoles de un posible atentado contra el obispo, quien ya sufrió en 2010 una agresión por parte de trabajadores de la mina que se oponían a todo tipo de fiscalización ambiental.

“Es una amenaza directa contra mi persona. Si quieren hacerme algo, que me lo hagan a mí, no a las personas que trabajan por mejorar la calidad de vida de las personas de La Oroya; a nosotros no nos van a callar por esta amenaza. Las amenazas de muerte son de cobardes que no enfrentan la situación. Ya lo dijo Jesús: la verdad nos hace libres, y la seguiremos diciendo”, defendió el prelado.

Como si lo acontecido con Barreto fuera poco, Doe Run, a través de su casa matriz, Renco (EE.UU.), ha denunciado en los tribunales estadounidenses al Estado peruano por 800 millones de dólares, aduciendo un trato inequitativo por parte del Gobierno.

Contrarios a la ampliación

Mientras, la Confederación de Empresarios (CONFIEP), organización que goza de mucho poder en Perú, se ha mostrado contraria a la ampliación del plazo del PAMA a Doe Run. Su presidente, Alfonso García Miró, recordó el 26 de febrero que “se le ha dado todo tipo de facilidades a esta empresa, muchísimo más de lo que le corresponde, como consecuencia de la presión y del chantaje que ha ejercido con los trabajadores, poniéndolos al frente de una exigencia que no les correspondía”.

“No hay razón –añadió– para que una empresa de esa magnitud, que ha venido incumpliendo sus compromisos año tras año, casi desde el comienzo de la entrega de la refinería, tenga que recurrir a una argucia de la legislación estadounidense para demandar a Perú. Es una amenaza total al país, ese es precisamente el tipo de empresas que no queremos tener”.

Cuando todo parecía estar a favor de Doe Run, el 12 de marzo, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, anunció que el Gobierno no daría más plazos para la ampliación del PAMA y recalcó que esta empresa minera deberá acatar las leyes ambientales del país.

En el nº 2.793 de Vida Nueva.