Salud, también para los inmigrantes

inmigrante protesta por los recortes en la sanidad

HOAC, JOC y Pueblos Unidos ven “injusto e inmoral” que se niegue la tarjeta sanitaria a los ‘sin papeles’

inmigrante protesta por los recortes en la sanidad

FRAN OTERO | No son buenos tiempos para casi nada, y menos para los inmigrantes. Ya quedó de manifiesto en un interesante reportaje que publicó Vida Nueva en su número 2.792 y que dejaba un titular impactante –Inmigrantes: adiós al paraíso– tras el que se esconden personas con nombres y apellidos, golpeadas especialmente en estos momentos. [Salud, también para los inmigrantes – extracto]

Y es que, a la criminalización que se hace de ellos, se une en muchos casos el bajo nivel formativo y el escaso apoyo familiar, lo que hace que su situación sea muy precaria. Además, está la cuestión, al margen de los que todavía no han logrado la regulación administrativa, de los que incurren irregularidad sobrevenida por haber perdido el empleo.

Estos son algunos de los problemas que afectan a este colectivo, como ya se ha dicho, especialmente afectado por la situación económica, problemas que se siguen agravando con las medidas de ahorro que está poniendo en marcha el Gobierno y que afectan a aspectos tan básicos como la atención sanitaria.

En concreto, el Ejecutivo aprobó hace unos días una medida, que ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado y que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre, por la que los inmigrantes que no estén regularizados no tendrán derecho a la tarjeta sanitaria y, por tanto, a la atención sanitaria que puedan necesitar, con excepción de las urgencias, los menores de edad y las embarazadas.

Esta reforma, por la que se ahorrarán unos 500 millones de euros, ya ha encontrado contestación en muchas organizaciones sociales, entre ellas, algunas católicas, que la consideran “injusta e inmoral”.

“Un retroceso”

Es el caso de la HOAC y de la JOC, que afirman en un comunicado conjunto que “estamos ante un retroceso en el reconocimiento del acceso universal a la sanidad” y ante “la exclusión de este derecho a personas especialmente vulnerables y empobrecidas”. “Atenderlas debidamente es lo moral”, añaden.

En este sentido, recuerdan las palabras que pronunció Juan Pablo II en Guadalupe en 1982, durante su visita a España: “Apenas hay una señal más eficaz para medir la verdadera estatura democrática de una nación moderna que el comportamiento que muestra para con los inmigrados”.

En este sentido, dicen que “personas a las que una legislación injusta ha dejado en una situación irregular administrativamente, ahora se les considera de inferior categoría en el acceso a derechos básicos. Es una desigualdad absolutamente inmoral”.inmigrante protesta por los recortes en la sanidad

Injusticia e inmoralidad en las que, tal y como recuerdan estos movimientos obreros, han insistido la Doctrina Social de la Iglesia –“Todo emigrante goza de derechos fundamentales inalienables que deben ser respetados en cualquier situación”– y los obispos españoles: “Para la Iglesia, el emigrante, independientemente de la situación legal, económica, laboral, en la que se halle, es una persona con la misma dignidad y derechos fundamentales que los demás. (…) El inmigrante no es una fuerza de trabajo, sino una persona. Con todo esto, está dicho todo lo que a dignidad humana y derechos fundamentales se refiere”.

Así, tanto HOAC como JOC, rechazan la decisión adoptada por el Gobierno y piden una inmediata rectificación, “devolviendo a los inmigrantes lo que en justicia les pertenece”. Además, reclaman al conjunto de la sociedad y organizaciones sociales que se opongan a esta decisión y hagan lo posible para modificarla, del mismo modo que invitan a las comunidades cristianas y a la Iglesia a “asumir la especial responsabilidad que tenemos en la defensa de los derechos de justicia de los más pobres”.

Carta a Rajoy

Especialmente relevante ha sido la iniciativa que ha puesto en marcha Brígida Moreta, carmelita misionera, y que ha contado con el apoyo de Pueblos Unidos, un centro de la jesuita Fundación San Juan del Castillo centrada en la atención a inmigrantes, con el que colabora. Esta religiosa ha escrito una carta cuyo destinatario es el presidente del Gobierno, al que pide “que recapacite y derogue esta injusta medida, que no hace bien a nadie”, una carta que el que así lo quiera podrá enviar a Mariano Rajoy a través de Actuable.es.

En un texto que acompaña a la misiva, la religiosa se presenta: “Soy carmelita misionera y además enfermera y comadrona, y he trabajado 30 años en el África Subsahariana, teniendo que hacer de médico por falta de estos. Allí tuve que sufrir, junto a muchas personas, las desastrosas consecuencias de la falta de acceso a la salud y a tratamientos adecuados. Allí sufrí viendo cómo su esperanza de vida no pasa de los 40 años, cómo muchos niños no llegan a ser adolescentes, y lo duro que es vivir en una sociedad privada de algo tan básico y fundamental como es el derecho a la salud y a la educación”.

“Ahora estoy en España –sigue–, y tengo la suerte de trabajar con personas inmigrantes. Conozco lo que les ha obligado a dejar sus tierras y hogares. Me duele y me cuesta creer que una sociedad como la española, que se ha gloriado de ser solidaria y hospitalaria, les niegue un derecho tan fundamental y básico como es el ir a un médico y proteger su salud”.

Ya en la misiva, en la que incluye algunas de las afirmaciones anteriores, dice que esta decisión “solo va a traer consecuencias negativas, y no solo en su salud, sino en la de todos: colapsará las urgencias, agravará los problemas de salud pública, como el contagio de enfermedades”.

Además, tal y como argumenta, “no pueden alegarse motivos de ahorro –unos 500 millones de euros– cuando los clubes de fútbol adeudan a Hacienda más de 750 millones, o cuando se han gastado más de 1.000 millones en el desierto aeropuerto de Ciudad Real”.

Por todo esto, pide apoyo para trasladar al Ejecutivo todas estas cuestiones: “Yo creo en una sociedad que ayuda y protege a las personas más débiles. Y por eso te pido que firmes esta petición y le pidas al Gobierno que derogue esta injusta medida y garantice la sanidad para todos, y sobre todo para las personas más necesitadas”

Esta iniciativa, que pretende lograr 20.000 firmas, alcanzaba el día 8 de mayo las 18.685, cuando faltan dos semanas para que concluya. Una acción que busca, como dice su título, “Salud también para los inmigrantes; apartheid sanitario, no”.

En el nº 2.800 de Vida Nueva.

 

INFORMACIÓN RELACIONADA

Actualizado
11/05/2012
Compartir