Salud, también para los inmigrantes

HOAC, JOC y Pueblos Unidos ven “injusto e inmoral” que se niegue la tarjeta sanitaria a los ‘sin papeles’

inmigrante protesta por los recortes en la sanidad

FRAN OTERO | No son buenos tiempos para casi nada, y menos para los inmigrantes. Ya quedó de manifiesto en un interesante reportaje que publicó Vida Nueva: –Inmigrantes: adiós al paraíso–. Los problemas específicos de este colectivo (criminalización, bajo nivel formativo, escaso apoyo familiar…) se siguen agravando con las medidas de ahorro que está poniendo en marcha el Gobierno y que afectan a aspectos tan básicos como la atención sanitaria.

En concreto, el Ejecutivo aprobó hace unos días una medida, que ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado y que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre, por la que los inmigrantes que no estén regularizados no tendrán derecho a la tarjeta sanitaria y, por tanto, a la atención sanitaria que puedan necesitar, con excepción de las urgencias, los menores de edad y las embarazadas.

Esta reforma, por la que se ahorrarán unos 500 millones de euros, ya ha encontrado contestación en muchas organizaciones sociales, entre ellas, algunas católicas, que la consideran “injusta e inmoral”.

“Un retroceso”

Es el caso de la HOAC y de la JOC, que afirman en un comunicado conjunto que “estamos ante un retroceso en el reconocimiento del acceso universal a la sanidad” y ante “la exclusión de este derecho a personas especialmente vulnerables y empobrecidas”. “Atenderlas debidamente es lo moral”, añaden.

Aseguran que “personas a las que una legislación injusta ha dejado en una situación irregular administrativamente, ahora se les considera de inferior categoría en el acceso a derechos básicos. Es una desigualdad absolutamente inmoral”.

Tanto HOAC como JOC, rechazan la decisión adoptada por el Gobierno y piden una inmediata rectificación, “devolviendo a los inmigrantes lo que en justicia les pertenece”. Además, reclaman al conjunto de la sociedad y organizaciones sociales que se opongan a esta decisión y hagan lo posible para modificarla, del mismo modo que invitan a las comunidades cristianas y a la Iglesia a “asumir la especial responsabilidad que tenemos en la defensa de los derechos de justicia de los más pobres”.

Carta a Rajoy

Especialmente relevante ha sido la iniciativa que ha puesto en marcha Brígida Moreta, carmelita misionera, y que ha contado con el apoyo de Pueblos Unidos, con el que colabora.

Esta religiosa ha escrito una carta cuyo destinatario es el presidente del Gobierno, al que pide “que recapacite y derogue esta injusta medida, que no hace bien a nadie”, una carta que el que así lo quiera podrá enviar a Mariano Rajoy a través de Actuable.es.

En el nº 2.800 de Vida Nueva. Salud, también para los inmigrantes, íntegro para suscriptores