Por una minería “sostenible” en Ecuador

actividades de minería en Ecuador

Los obispos critican la “acción depredadora” sobre el medio ambiente de las multinacionales

actividades de minería en Ecuador

MIGUEL ÁNGEL MALAVIA | Si bien la 131ª Asamblea Plenaria del Episcopado de Ecuador, celebrada del 16 al 20 de abril en Quito, estuvo centrada en el Año de la fe y el estado de la Misión Permanente, hubo espacio para otras cuestiones que preocupan sobremanera a los prelados del país andino.

Así lo evidenció la publicación, el mismo día de la clausura del encuentro, de una extensa declaración acerca de la minería y su impacto medioambiental.

Los obispos, conscientes de estar ante “un tema tan delicado, complejo y controvertido”, basan su documento en el análisis de la realidad, la denuncia de los aspectos negativos y una serie de propuestas para el futuro.

En cuanto al primer eje, destacan que, históricamente, los pueblos y culturas de América Latina “poseen un gran acervo de conocimientos tradicionales sobre la utilización sostenible de los recursos naturales”. Sin embargo, constatan que, desgraciadamente, “no siempre se ha respetado la naturaleza. Muchas veces, de una manera violenta y hasta sistemática, se la ha ido destruyendo, por intereses económicos, políticos o tecnológicos”.

Una “acción depredadora” que ha producido, “en muchas regiones del Planeta, la desertificación, la contaminación irreversible del suelo, del agua y del aire, el calentamiento global, la destrucción de la capa de ozono o el desplazamiento forzado de poblaciones, ignorando su forma de vida y sus derechos fundamentales”.

Dos tipos de explotación

Un fenómeno que ven acentuado en la minería, cuya historia “es tan antigua como el ser humano”, hasta el punto de que “hoy sería casi imposible vivir sin su ayuda”. En este sentido, diferencian entre “la minería artesanal y la pequeña minería, promovidas por personas, familias o asociaciones”, y “la minería a gran escala, impulsada y sostenida por los gobiernos y las empresas multinacionales”.

Estas últimas, “en su mayoría, se encuentran en regiones naturales cerca de los ríos y lagunas, donde residen las comunidades indígenas y campesinas, las cuales presentan un alto índice de pobreza y marginación”, y que son las que sufren “la explotación indiscriminada del petróleo y la minería”.

Esta situación desemboca en habituales “conflictos sociales”, de los que los prelados concretan una amplia lista de causas: “La insuficiencia o el incumplimiento de las leyes, el irrespeto a los derechos colectivos, la división estratégica implantada en las comunidades, la criminalización de la resistencia de los pueblos, la promulgación de leyes sin la consulta legislativa previa (…), el desconocimiento de las competencias ambientales de los gobiernos locales, entre otros factores disociadores”.

La constatación de esta dramática realidad, lleva a los autores del documento a mostrar su “honda preocupación” al comprobar “cómo la creación es tratada como un objeto de comercio o un botín de guerra”, siendo su peor consecuencia “las innumerables luchas fratricidas que se producen con el fin de apropiarse los territorios que encierran grandes riquezas mineras o agrícolas y explotarlos de una manera irresponsable y egoísta”.

Con esta actitud, argumentan, “se pone en peligro tanto la naturaleza como el presente y el futuro del ser humano y la convivencia pacífica de los pueblos”.

De ahí que, apelando a su “responsabilidad ética, espiritual y pastoral”, animen a la búsqueda de “nuevos modelos económicos, sociales y culturales”, basados “en la dignidad de la persona, en la justicia y en la solidaridad de los seres humanos entre sí y con la naturaleza”.

Un nuevo paradigma que los obispos contribuyen a definir al enunciar una serie de propuestas dirigidas a las instituciones públicas y privadas. Entre ellas: “Que, tanto en las concesiones como en las fases de exploración y explotación del petróleo y las minas, se ciñan a los procesos legales y técnicos establecidos, como la consulta previa a las comunidades, prevista en la Constitución”, o que “busquen las medidas apropiadas de protección del ecosistema, a partir de los estudios sobre el impacto humano y ambiental y de acuerdo con los requisitos exigidos por el Estado, sin dejarse condicionar por las empresas petroleras y mineras”.

Es mucho lo que está en juego. Porque, como concluyen los prelados ecuatorianos: “Podemos vivir sin oro, pero sin agua, jamás”.

En el nº 2.800 de Vida Nueva.

Actualizado
10/05/2012
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