La guerra destatada por el narcotráfico atemoriza regiones enteras del país
Catedral de Culiacán, en el estado mexicano de Sinaloa
PABLO ROMO CEDANO. MÉXICO DF | El pasado 3 de mayo, la catedral de Culiacán, en el estado mexicano de Sinaloa, sufrió un atentado por parte de un grupo de vándalos que quemaron y tiraron decenas de objetos y arte sacro del altar principal.
Muchas de las imágenes de santos fueron incluso decapitadas. Pese a todo, el fuego no cundió y pudo ser controlado por elementos del cuerpo de bomberos, que fueron alertados por el sacristán.
Se da la circunstancia de que Sinaloa, estado occidental del país, es la sede del cártel de la droga del “Chapo” Guzmán, uno de los multimillonarios más poderosos del mundo, perseguido desde hace años por las fuerzas policiales y militares mexicanas. Hace unos días, el diario El Universal informaba de que la persecución del “Chapo” y la violencia local han causado en los últimos días la migración de al menos 2.300 personas de la sierra, dejando tras de sí casa y propiedades.
El terror ha sido una estrategia permanente de la guerra de los diferentes cárteles del crimen organizado que asolan regiones enteras del país. La Iglesia ha denunciado constantemente la complicidad de los miembros de estas bandas narcotraficantes con funcionarios de alto nivel, pero su demanda no ha sido atendida oportunamente.
Por ejemplo, el 27 de abril fue atacado con arma punzante el padre Simón García Casas, de 73 años de edad, quien atiende la capilla de Cristo Resucitado, en Culiacán. El agresor huyó impune y la policía prometió una investigación “hasta sus últimas consecuencias”, sin que hasta la fecha sus investigaciones hayan dado resultados.
En el contexto de las elecciones presidenciales y de varios gobiernos estatales, la violencia se ha recrudecido lo mismo contra periodistas –cuatro asesinados el Día del Derecho a la Información y la Libertad de Prensa, el propio 3 de mayo– que contra la población civil, sin que pueda detenerse su alcance.
En los próximos días, se anuncia una caravana de madres de hijos e hijas de detenidos y desaparecidos, acompañada de agentes de pastoral de diversas partes del país, quienes exigirán el cese a la violencia y la liberación de todos los secuestrados.
El atentado en la catedral se ha interpretado por analistas como un aviso a las autoridades de lo que puede suceder si se siguen las investigaciones en contra del narcotráfico. Los fieles han reaccionado con temor y preocupación, pues consideran que el poder de los criminales se equipara al de las fuerzas del orden.
En el nº 2.800 de Vida Nueva.
