En su 93ª Asamblea, los obispos apelan al “diálogo sincero” frente a la violencia
El cardenal Terrazas (dcha.), junto al nuncio Diquattro
RONALD GREBE. LA PAZ | “Asistimos a una degradación de la convivencia pacífica del país y pareciera que se ha institucionalizado el recurso de la violencia y la presión como método de lucha para conseguir aspiraciones, sean o no legítimas”. Con este triste análisis, los obispos bolivianos –en el marco de la 93ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), que ha tenido lugar en Cochabamba a finales de abril– exhortan al diálogo social “para llegar a una solución justa en el marco del bien común y de la convivencia democrática”.
“Calumnias, amenazas, insultos y el desprestigio de las personas hacen cada vez más difícil el diálogo”, puntualiza el mensaje episcopal, que se hizo público al término de la reunión y que fue leído por el secretario general de la CEB, Óscar Aparicio, quien estuvo acompañado por el presidente del Episcopado, el cardenal Julio Terrazas, y el arzobispo de Cochabamba, Tito Solari.
En el documento, los prelados ponen de manifiesto su preocupación, además de por la violencia física y verbal, por problemáticas sangrantes como el “enriquecimiento ilícito y fácil que proporciona el narcotráfico” y la “consecuente drogadición”, advirtiendo que cada vez son más los jóvenes y hasta niños que caen en las redes de la droga.
Deterioro social
El desasosiego episcopal se aprecia claramente en este párrafo que denuncia “la situación de deterioro social que nos envuelve: violencia, conflictos, bloqueos y miedo, que denotan una pérdida de valores espirituales y humanos, que han sido y son parte de nuestra identidad cultural y de nuestra historia. Constatamos (…) la devaluación del respeto por el diferente, de la solidaridad, del sentido comunitario y del valor sagrado de la familia”.
Frente a su continua apelación al diálogo y al consenso, señalan que “existen sectores que se toman la justicia por sus propias manos, justificando y promoviendo la implementación de la pena de muerte, en base a una pretendida y mal entendida ‘justicia comunitaria’”.
A la vez que indican que “es evidente que faltan políticas claras que prevengan y garanticen la vida de los ciudadanos”, insisten en la necesidad del buen funcionamiento de la Justicia. Pero, evaluando su estado, critican la “manipulación” y “las arbitrariedades que se dan con frecuencia” en el ámbito judicial.
En el nº 2.799 de Vida Nueva. La “convivencia pacífica” peligra en Bolivia, íntegro solo para suscriptores
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