JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ SOTO | Corren malos tiempos para los inmigrantes. Si la crisis económica es dura para todos en España, parece cebarse en quienes un día abandonaron sus países de origen buscando un paraíso que ahora queda como un sueño lejano. A estas dificultades se añade una mentalidad que criminaliza la inmigración, como han denunciado varias organizaciones católicas. [Inmigrantes: adiós al paraíso – Extracto]
Veronique (nombre ficticio) creyó haber alcanzado el paraíso en 2008. Natural de Benín, había dejado su país cinco años antes y, aunque sus escasos estudios fueron una dificultad importante durante mucho tiempo para encontrar un trabajo en España, sus buenas dotes de relaciones públicas la ayudaron a aterrizar a principios de ese año como recepcionista en una prestigiosa empresa en el centro de Madrid.
Entonces no pareció preocuparle mucho que fuese un trabajo temporal para cubrir una excedencia de doce meses. Hacía un año que se había casado con un español y, al recibir la residencia comunitaria, se habían acabado sus preocupaciones de estar en situación irregular.
Con dos sueldos en casa, su vida tenía poco que ver con la de los otros africanos con los que se cruzaba a diario en el barrio de Cuatro Caminos, donde vivía, y que acudían al centro de acogida “Karibu” para recibir algunos alimentos o ayudas para pagar el alquiler en un piso congestionado.
De repente, la exclusión
Todo parecía ir sobre ruedas en su vida, excepto por un detalle que, con el paso del tiempo, se hizo cada vez más preocupante: hacía varios meses que su marido y ella discutían con demasiada frecuencia. Y un día sucedió lo inesperado: al llegar a su casa, Veronique se encontró con que su pareja había recogido sus cosas y se había marchado, dejando una apresurada carta en la que se disculpaba, pero en la que dejaba claro que no había vuelta atrás.
Aún no se había recuperado del shock de la ruptura familiar cuando le llegó el final de su contrato. Durante los pocos meses en que recibió el subsidio de desempleo, Veronique sembró media España con su currículo e intentó reciclarse con dos cursos para conseguir empleo.
Los desahucios son habituales entre los inmigrantes
Al final, sola y acosada por las deudas, se marchó a Francia, a casa de una hermana, donde sobrevive con los pocos euros que gana en un trabajo de limpieza que la ocupa dos horas al día.
Veronique dice a menudo que le entristecen dos cosas: el no poder enviar más dinero para los estudios de su hijo, en Benín, y su salud, que durante el último año se ha resentido bastante, seguramente por no poder alimentarse bien y por el estrés que sufre. Cuando le pregunto si no le asusta su futuro, sonríe y dice que ella siempre confía en Dios.
En la vida de Veronique han irrumpido dos factores que empujan fácilmente a una persona a la exclusión social: una ruptura familiar y la pérdida del empleo.
Estas dos circunstancias se han encontrado con otra que ya existía antes (la falta de estudios) y una nueva: el deterioro de su salud. Si a esto se añade la falta de redes sociales de apoyo, resulta que a su puerta han llamado en muy poco tiempo cinco visitas muy poco deseables.
Según el sociólogo Fernando Vidal, co-autor de los últimos informes FOESSA, “hay cinco factores principales de exclusión social [los antes mencionados], y en más de la mitad de las personas en España, se dan al menos dos de ellos. Cuando en la vida de alguien confluyen tres, esa persona entra en una situación de exclusión”.
En épocas de crisis, los inmigrantes
sufren más el acoso de las vacas flacas:
muchos carecen de estudios superiores y,
cuando la necesidad aprieta,
les falta el apoyo de amigos y familiares.
Con este análisis se entiende fácilmente por qué en épocas de crisis los inmigrantes sufren más el acoso de las vacas flacas que los nacionales: muchos de ellos carecen de estudios superiores y, cuando la necesidad aprieta, a ellos les falta el apoyo de amigos y familiares, al vivir lejos de sus países de origen.
Cuando las cosas pintan así de mal, sorprende poco una observación constatada por el Instituto Universitario de la Familia, de la Universidad Pontificia Comillas, entidad que dirige el propio Fernando Vidal, y que él mismo explica: “En todos los centros de atención a inmigrantes, los psicólogos no dan abasto”. Vidal achaca estos trastornos “al desempleo y el estrés causado en la vida familiar cuando los hijos adolescentes entran en conflicto con unos padres que pasan la mayor parte del tiempo en casa”.
Muchos de los inmigrantes, sin embargo, tienen al menos dos recursos con los que parecen superar a los españoles: la particular interpretación que dan a las duras circunstancias que les acosan (“yo siempre confío en Dios”) y el haber pasado en sus propios países por experiencias duras y estar más curtidos ante la adversidad.
El problema es que quienes sufren situaciones de precariedad, a menudo piensan que se trata de momentos pasajeros. Cuando el paro y la falta de medios económicos se alargan años, lo que se pensó que iba a ser provisional, termina por convertirse en una vida marginal que produce un deterioro humano muchas veces irreversible.
Para dar la puntilla a los inmigrantes que sufren la crisis, durante los últimos años ha terminado por asentarse lo que muchos llaman la “criminalización” de la inmigración. En realidad, no es un fenómeno nuevo, sino el viejo y rastrero recurso de echar la culpa de nuestros males a quien es diferente a nosotros.
Es una realidad que en España se manifiesta en las sucesivas reformas que ha sufrido durante los últimos años la Ley de Extranjería, haciéndola cada vez más restrictiva, y la aparición de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), cuyas duras condiciones reflejó el año pasado un duro informe elaborado por la ONG jesuita Pueblos Unidos y del que Vida Nueva ha dado amplia información.
Al menos en teoría, un CIE no es una cárcel ni los que residen en él han cometido ningún delito. Carecer de papeles de residencia es, según la legislación vigente, una mera falta administrativa, como, por ejemplo, no renovar el DNI.
Pero mientras que todo el mundo se echaría las manos a la cabeza si a un español con el carnet de identidad caducado fuera detenido, muy pocas personas se extrañan de que una persona con el permiso de residencia caducado (aunque su renovación esté en trámites) pueda ser privada de libertad durante dos meses.
Y, en ciertos aspectos, incluso un criminal convicto goza de más derechos que un inmigrante retenido en uno de los CIE: en ellos, por ejemplo –a diferencia de las cárceles–, no hay un abogado de oficio disponible los fines de semana ni tampoco hay actividades ocupacionales. La vida diaria se resume en un deprimente ir del dormitorio al comedor, de allí a la televisión y, si no, a un patio donde pasan algunas horas al día.
Cuando se les considera un problema de seguridad,
extraña poco que se les convierta en
blanco de redadas policiales o que se les dispense
el trato vejatorio que es rutina en los CIE.
A los que ingresan en él les retiran el teléfono móvil y la única posibilidad de hacer llamadas es en uno de los dos teléfonos instalados en un pasillo, sin ninguna privacidad. Las visitas se realizan en locutorios vigilados y por medio de un teléfono, aunque ocurre a menudo que los familiares de los internos tampoco tienen papeles de residencia y, por miedo a ser detenidos, muchos no acuden a ver a sus seres queridos.
Al mismo tiempo que Pueblos Unidos publicaba este informe, a finales de 2011, la CONFER denunciaba, por medio de su oficina de Justicia y Solidaridad, otro acoso que los inmigrantes sufren cada vez más: las redadas policiales, una práctica que se produce en lugares como estaciones de metro y cercanías, en centros a donde acuden los inmigrantes para regularizar su situación, en sus sitios de reunión o en locutorios.
Pueblos Unidos ha denunciado la situación de los CIE
“No es admisible que se establezcan controles selectivos en función exclusivamente de rasgos raciales, étnicos o religiosos”, dice el comunicado publicado el 18 de diciembre. “No solo lo prohíbe nuestra Constitución, sino que, además, nos interpela como ciudadanos y como cristianos”.
La CONFER anima a los españoles que presencien un control de identidad selectivo a no quedarse cruzados de brazos e interponer una queja ante el Defensor del Pueblo, denunciar el hecho a las Brigadas Vecinales de Observación o “acercarnos a los agentes para recordarles que es una práctica ilegal y que los propios sindicatos de policía han denunciado”.
Un sacerdote que trabaja con inmigrantes africanos muestra su indignación ante la práctica de poner multas a los indocumentados, otro hecho denunciado por la organización que agrupa a los religiosos españoles: “Tienen que pagar 500 euros. ¿De dónde los van a sacar si ni siquiera pueden trabajar? Es una práctica indecente por parte de un Estado democrático. Mientras, políticos corruptos campan impunes a sus anchas…”.
Chivos expiatorios
El problema de fondo que puede explicar el endurecimiento del trato dado a los inmigrantes, sobre todo a los indocumentados, es que en las épocas de crisis se buscan culpables fáciles de identificar. Esto explica que durante los últimos años haya aumentado la percepción de la inmigración como problema.
Según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de julio de 2007, el 31% de los españoles situaba la inmigración como el principal problema en nuestro país, solo por detrás del terrorismo, el paro y la vivienda. En el barómetro de junio de 2010, el CIS volvía a situar la inmigración en el cuarto lugar de la lista de preocupaciones de los españoles, esta vez por delante del terrorismo.
A pesar del cerco legal y de precariedad
que se estrecha sobre los inmigrantes,
no parece que muchos de ellos
consideren la posibilidad de regresar a sus países.
Cuando se sigue por esta peligrosa pendiente, en una sociedad que pierde la referencia a valores éticos, se termina por criminalizar a los inmigrantes. Cuando se les considera un problema de seguridad, extraña poco que se les convierta en blanco de redadas policiales o que se les dispense el trato vejatorio que es rutina en los CIE.
Esta mirada hacia los inmigrantes como seres problemáticos ha cristalizado en numerosos mitos sobre ellos: quitan el trabajo a los españoles, nos invaden, se llevan todas las ayudas sociales, colapsan los servicios de salud y educación, hacen que aumente la delincuencia, abusan del paro… Todas estas mentiras o medias verdades se pueden desmontar fácilmente, pero van calando en la población y hay partidos políticos que se aprovechan de ellas para captar votos de ciudadanos descontentos.
Un estudio publicado por la Fundación La Caixa en el año 2011 (Inmigración y Estado de Bienestar en España) demuestra que estas percepciones tan abundantes en tiempos de crisis son injustificadas.
Empieza diciendo que el sistema de pensiones español sería insostenible sin la presencia de trabajadores extranjeros; y en cuanto a la Sanidad, el estudio destaca que los inmigrantes consultan un 7% menos al médico de cabecera y un 16,5% menos al especialista. Son datos de especial importancia, ya que el gasto sanitario sigue siendo “considerablemente inferior al porcentaje de inmigrantes sobre la población”.
El estudio concluye que los inmigrantes en España “aportan más de lo que reciben”. Si alguien duda de esta conclusión, que mire a su alrededor para ver, por ejemplo, quiénes son las personas que cuidan de los ancianos de su vecindario o, incluso, de sus propios padres o abuelos.
Pero es que, además, los inmigrantes aportan mucho no solo a la sociedad española, sino también a sus propios países de origen. Según datos del Banco de España, en 2010 las remesas de los inmigrantes extranjeros que viven en España ascendieron a 1.995 millones de euros (sin contar el dinero que envían de manera informal), una cantidad nada despreciable que representa una parte no contabilizada de la ayuda al desarrollo, y gracias a la cual muchos miles de familias en países pobres pueden enviar a sus hijos a la escuela, construir casas y mejorar sus condiciones de vida.
Una aportación que a menudo se pasa por alto es la de carácter moral, como señala José Luis Segovia, profesor del Instituto Superior de Pastoral de Madrid: “A pesar de su precariedad extrema, los inmigrantes siguen apoyándose mutuamente, hacen hueco en espacios hacinados al recién llegado, continúan enviando remesas a sus familias a pesar de que han menguado los sueldos, saben vivir austeramente, encuentran sentido en la religión y en la vivencia de los valores…”.
“Me parece que lo que hay que destacar –continúa– no son tanto los aspectos negativos relativos a su situación de indefensión, que los hay, tristemente, sino los positivos que aportan en tiempos de incertidumbre: la solidaridad (que es la virtud propia de los frágiles), el valor de los espacios comunitarios, el efecto distributivo de sus ingresos y sus efectos sobre la justicia social nacional y planetaria, el sentido de la fiesta en medio de la que está cayendo, la fe en Diosito que no falla…”.
Un futuro poco prometedor
¿Qué futuro tienen los inmigrantes en España en un año que se anuncia lleno de ajustes económicos? Si hay que juzgar el futuro más inmediato por el pasado más reciente, que ha estado marcado por normas cada vez más restrictivas, las perspectivas no parecen muy brillantes.
Unos jóvenes rellenan formularios para obtener los papeles
La última reforma de la Ley de Extranjería, realizada en 2009, ha puesto las cosas más difíciles a los extranjeros, quienes, por ejemplo, lo tienen más duro para traer a sus familiares a vivir con ellos. La nueva legislación sobre reagrupación familiar solo acepta que puedan traer a su cónyuge y a los hijos menores de 18 años, o a sus padres si estos son mayores de 65 años, en el supuesto de que el inmigrante lleve más de cinco años residiendo legalmente en España.
Y se penaliza también a quien ayude a un inmigrante ilegal a permanecer en el propio domicilio, con multas de hasta 10.000 euros (en el supuesto de que la persona en cuestión fuera quien hubiera escrito la carta de invitación).
Además, no hay que olvidar que en España hubo a finales del año pasado un cambio de gobierno. Si el Partido Popular hizo del control de la inmigración uno de sus mensajes estrella durante la campaña electoral de 2008, el tema no ha tenido la misma relevancia durante el mes previo de los comicios del 20 de noviembre. Pero los temores siguen latentes.
Anticipándose a lo que pueda venir, Cáritas Española –que ya en septiembre había presentado sus propuestas políticas ante los retos actuales de la crisis económica– publicó un comunicado al comienzo de la nueva legislatura en la que comenzaba recordando unas palabras de Juan Pablo II sobre las migraciones: “Para nuestras sociedades, el criterio para determinar el límite de soportabilidad no puede ser la simple defensa de nuestro propio bienestar, descuidando las necesidades reales de quienes tristemente se ven obligados a solicitar hospitalidad”.
Cáritas presentó entonces tres propuestas para la construcción de una política de inmigración: erradicar la indefensión vinculada a la irregularidad administrativa de los inmigrantes por medio de procedimientos de arraigo y autorizaciones de trabajo provisional; cerrar los CIE, encontrando al mismo tiempo alternativas más beneficiosas para todos; y garantizar una protección adecuada a los menores no acompañados.
“Nos preocupa seriamente la situación de irregularidad sobrevenida que está afectando a muchos inmigrantes al no poder renovar sus permisos de residencia y trabajo debido a la rigidez de las condiciones exigidas para su renovación”, puntualizaba el documento de Cáritas.
“Para nuestras sociedades, el criterio para determinar
el límite de soportabilidad no puede ser
la simple defensa de nuestro propio bienestar,
escuidando las necesidades reales de quienes tristemente
se ven obligados a solicitar hospitalidad”.
Juan Pablo II.
A pesar del cerco legal y de precariedad que se estrecha sobre los inmigrantes, no parece que muchos de ellos consideren la posibilidad de regresar a sus países, a juzgar por los resultados del programa de retorno voluntario que el anterior Gobierno puso en marcha en 2008. Un año después, solo 10.000 inmigrantes se habían acogido a él, y durante el último año y medio, la falta de fondos públicos ha desinflado la iniciativa.
En cualquier caso, 10.000 personas es una cifra poco significativa para un país con más de cinco millones de inmigrantes. En cualquier caso, el programa es para inmigrantes en situación regular que hayan tenido un empleo formal y hayan cotizado a la seguridad social, y no incluye a los que se encuentran en situación irregular, que bien podrían ser cerca de un millón de personas.
El año 2012, y seguramente los sucesivos, son poco prometedores para las personas en situación de vulnerabilidad en España (lo acaba de demostrar el último Informe FOESSA), particularmente de los inmigrantes. Aunque no hay nada como sentir en las propias carnes el problema del otro para empezar a simpatizar con él.
En este sentido, asistimos a un fenómeno nuevo que es muy posible que ayude a que los españoles cambiemos nuestra percepción de ellos. José Luis Segovia lo explica así: “Ahora que se ha invertido la balanza de los flujos migratorios y hay más españoles que emigran que extranjeros que vienen a nuestro país, tal vez empecemos a darnos cuenta de las dificultades que viven las personas que tienen que hacerse un hueco entre nosotros”.
En el nº 2.792 de Vida Nueva.
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