Prosigue el pulso entre el rector del centro y el cardenal Cipriani
El cardenal Cipriani y el rector, Marcial Rubio
RAFAEL QUINTANILLA. PERÚ | El 21 de febrero, el Vaticano difundió un comunicado dando un ultimátum a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) en estos términos: “El Eminentísimo Secretario de Estado ha notificado al Doctor Rubio Correa [rector de dicho centro académico] la petición de la Santa Sede de que los Estatutos de la PUCP sean regularizados cuanto antes, adecuándolos a la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae, para el bien de la misma PUCP y de la Iglesia en Perú”. [El conflicto de la Pontificia Universidad Católica del Perú llega al Vaticano – Extracto]
Sin embargo, solo se trata del penúltimo capítulo de un contencioso que parece no tener fin, pues, si bien el propio Tarcisio Bertone le comunicó personalmente a Marcial Rubio, tras ser llamado a Roma, que la adaptación debía realizarse antes del 8 de abril, la respuesta de la PUCP no se hizo esperar.
“La carta del cardenal Bertone no hace mención a la decisión de la Asamblea Universitaria –máxima instancia de gobierno– del 23 de septiembre del año pasado, de no aprobar las modificaciones al Estatuto de la Universidad por ir en contra de su autonomía. Nuestra Universidad se rige por la Constitución Política del Perú, la legislación peruana y su Estatuto”.
Institución de prestigio
La PUCP, una de las instituciones académicas más prestigiosas del país andino, fue fundada en 1917 por la Congregación de los Religiosos de los Sagrados Corazones. En 1942, el papa Pío XII le otorgó el título de “Pontificia” y, solo dos años después, el reputado pensador peruano José de Riva-Agüero y Osma, muy rico y sin descendientes, decidió legar toda su fortuna a la PUCP: una finca urbana en Lima de 45 hectáreas, varios inmuebles en el centro de la ciudad, otros terrenos rurales en la capital y Pisco…
El benefactor estableció entonces que debía crearse una Junta Perpetua para administrar los bienes y mandas, y que, a los 20 años de su muerte, las propiedades pasaban definitivamente a pertenecer por entero al centro, lo que ocurrió en 1964.
El carácter y duración de esta Junta están en el origen de la controversia que se está viviendo en los últimos tiempos, aunque las relaciones entre la PUCP y la Iglesia fueron buenas durante muchos años. Los cardenales Juan Landázuri y Augusto Vargas Alzamora, SJ, sucesivos arzobispos de Lima y presidentes de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), ostentaron en su momento el título de gran canciller de la PUCP.
Pero en 1999, tras ser nombrado arzobispo de Lima, el cardenal Juan Luis Cipriani adquiere los poderes legales para impugnar en nombre del Arzobispado el acuerdo suscrito con la PUCP.
Tres años antes, la Congregación para la Educación Católica había enviado un documento expresando “el deseo de que los estatutos de la PUCP sean revisados por las autoridades y sometidos a aprobación”. Una nueva carta, en 1999, lamentaba que los miembros de la CEP no participasen en las reuniones de la Asamblea Universitaria y, ese mismo año, se pidió una reunión con el exrector del centro, Salomón Lerner, y el cardenal Cipriani, pero las conversaciones no llegaron a resolver la situación.
El 12 de mayo de 2008, Walter Muñoz Cho, designado por Cipriani para representarle en la Junta de Administración de la universidad, presentó una demanda judicial para que se reconociera su derecho a participar en dicho órgano de gobierno. La PUCP apeló ante el Tribunal Constitucional, pero este falló a favor del Arzobispado.
Desde entonces, las relaciones entre la PUCP y el Arzobispado comenzaron a deteriorarse, inmersas en un engorroso proceso judicial, hasta el punto de que las autoridades universitarias se plantearon la posibilidad de renunciar al título de “Pontificia”.
El malestar de los estudiantes y el apoyo de un nutrido grupo de intelectuales peruanos a la PUCP hicieron que Roma nombrase un nuevo interlocutor en las conversaciones: el cardenal húngaro Peter Erdö, que visitó Lima del 5 al 11 de diciembre de 2011, enviado por el Papa para mediar en el conflicto y lograr la adaptación de los estatutos de la PUCP a la normativa católica. Esta adecuación permitiría a Roma elegir al rector entre una terna de candidatos propuesta por la Asamblea Universitaria.
Control o autonomía
Mientras, el litigio abierto está teniendo un alto costo, no solo para la PUCP, sino para el Arzobispado de Lima, ya que un amplio sector de la opinión pública considera que está en disputa el control económico e ideológico del centro por parte del Opus Dei y que, con ello, perdería prestigio y pluralidad, al imponerse una conducción “confesional” que pondría en riesgo su autonomía académica.
Una autonomía que buscaría preservar, como hiciera en su momento, por ejemplo, la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). Así pues, la controversia no ha terminado, más aún cuando ambas partes parecen dispuestas a resolver sus discrepancias en los tribunales.
En el nº 2.791 de Vida Nueva.
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