M. Á. MALAVIA | Finalmente, no pudo ser. Pese a las diversas apelaciones que retrasaron hasta dos horas la ratificación definitiva de la sentencia de pena de muerte –el Tribunal Supremo desestimó la última–, a Robert Waterhouse se le aplicó, el pasado día 15 en Florida, la inyección letal que acabó con su vida.
A sus 65 años, había pasado los 31 últimos en el corredor de la muerte de la prisión de Starke, tras ser condenado por un delito de violación y asesinato contra una mujer a la que había conocido en un bar. Esta pena capital es la tercera que se aplica en el Estado norteamericano en menos de un año, desde que ascendiera al cargo de gobernador Rick Scott, del Partido Republicano.
Entre los numerosos colectivos que se opusieron hasta el final a la pena de muerte contra Waterhouse, figuraron los cinco obispos de Florida y el arzobispo de Miami, Thomas Wenski, quienes enviaron el día 13 una carta a Scott en la que le pedían que conmutara la condena por otra de cadena perpetua.
Como defendían los prelados ante el gobernador, “con esta acción manifestaría la creencia en la dignidad única de cada individuo y el carácter sagrado de la vida humana. Sería reconocer a Dios como Señor de la vida y sería más acorde con el espíritu del Evangelio”.
Además, en la misiva, los prelados se mostraban preocupados por el aumento de las ejecuciones en los últimos meses en Florida, proponiendo a Scott que estudie “las acciones que han realizado otros estados donde hay otras opciones para lograr el objetivo de proteger a la sociedad y castigar al criminal”.
Desde que la pena de muerte se restableció en 1976 en el Estado de Florida, esta es la 71ª ejecución. Waterhouse era el preso que más tiempo llevaba en el corredor de la muerte. Más de tres décadas de espera… para una sentencia que resultó definitiva.
En el nº 2.790 de Vida Nueva.
