En su Asamblea, los obispos recibieron la visita del presidente y otros personajes de la vida pública
Rubén Salazar, presidente de los obispo de Colombia
JIMMY ESCOBAR. BOGOTÁ | La Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) aprobó su Plan Global de actuación para los próximos años en el marco de su 92ª Asamblea Plenaria, celebrada entre los días 6 y 10 de febrero en Bogotá. Sobre dicho documento se trazó el itinerario del Episcopado a nueve años (2012-2020), se planificó todo el primer trienio (2012-2015) y se programaron las actividades para este 2012 en cada una de las 14 comisiones.
Entre los aspectos abordados, figuró el tema arquitectónico. A este respecto, se escuchó un informe sobre el plan de ampliación y remodelación de la sede del Episcopado (salón comedor y auditorio principal), y el presidente de la CEC y arzobispo de Bogotá, Rubén Salazar, anunció la próxima presentación de un proyecto para recaudar fondos que ayuden al sostenimiento de la evangelización del país, de la propia sede del Episcopado, de los obispos eméritos y de los sacerdotes que necesitan ayuda especial. “Hay una propuesta concreta, que seguramente será aprobada, porque espero que vean la bondad de la misma”, manifestó confiado Salazar.
A la apertura de la Asamblea asistió el presidente de la República, Juan Manuel Santos, “un hombre muy ecuánime, que expone los principios fundamentales de sus políticas con mucha claridad, que está empeñado en sacar al país adelante, en el sentido de darle un piso sólido y fuerte, para una sociedad más equitativa, próspera y en paz. El señor Presidente tiene un excelente propósito, y hay que pedirle al Señor que lo ayude”, reconoció el propio Salazar.
“Uno ve que sobre temas tan importantes como la ley de restitución de tierras, la reparación de víctimas, el intento por una reforma educativa, que va a empezar a concertarse con todos los interesados…, en todo esto –añadió–, se advierte un deseo por que las cosas marchen bien; falta ver la metodología concreta o los proyectos hasta dónde son acertados”.
Y aunque “no fue una reunión de grandes discusiones, sino tranquila y sin grandes vuelos” –en palabras del secretario general de la CEC, Juan Vicente Córdoba–, los prelados sí pudieron empaparse de realidad con la exposición del secretario nacional de Pastoral Social, Héctor Fabio Henao, en torno a tres dimensiones de la actualidad colombiana (sociocultural, sociopolítica y socioeconómica) de los últimos meses, una lectura recogida del monitoreo que permanentemente hace el Observatorio de Pastoral Social.
El Episcopado también se informó de primera mano sobre la reforma judicial promovida por el Gobierno. “Fue interesante la presentación de los dos [el procurador general de la nación, Alejandro Ordóñez, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra]. Habría que discutir un poco más el tema, no somos expertos en la materia, pero uno descubre que de parte del Gobierno se desea que la Justicia funcione mucho más, que sea más ágil, eficiente y transparente en Colombia”, destacó el arzobispo Salazar.
Y añadió: “Buscaremos por todos los medios lograr que las partes lleguen a un acuerdo”, al advertir las preocupaciones y diferencias de los magistrados que departieron con los pastores acerca del verdadero acceso de los colombianos a la justicia y su gratuidad con la eventual reforma.
Más sombras que luces
Los obispos colombianos concluyeron su 92ª Asamblea describiendo su particular visión del país, en la que, reconocen “las reformas e iniciativas legislativas que tienden a proteger los derechos humanos y, en particular, a garantizar la reparación a las víctimas y la restitución de tierras”,
Pero igualmente, denuncian “los altísimos costos en vidas y la situación humanitaria intolerable que se deriva de las incursiones terroristas de los grupos al margen de la ley”, por lo que llaman a los alzados en armas a que “cesen toda violencia, respeten las normas universales de protección de la persona humana y, en especial, de la población civil, liberen a todas las personas secuestradas y den muestras creíbles de querer iniciar procesos de negociación para poner fin al conflicto armado y aclimatar la paz en nuestro país”.
Asimismo, identifican la impunidad como “grave amenaza para la democracia”, hasta el punto de que “se pierde la credibilidad en las instituciones y no se logra la adecuada protección a los derechos y libertades ciudadanas”.
Se refieren luego al narcotráfico como “negocio de la muerte” en una sociedad ya de por sí afectada por el microtráfico y el consumo a una edad cada vez más temprana. Y terminan alertando contra una cultura del egoísmo y del hedonismo “que pone en tela de juicio los valores fundamentales del respeto y la promoción de la vida, la centralidad de la familia y la búsqueda del bien común”.
En el nº 2.789 de Vida Nueva.
