Acuerdos Iglesia-Estado, un servicio a los ciudadanos

Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general PSOE

Dos expertos analizan en ‘Vida Nueva’ su importancia, tras la petición de revisión de Rubalcaba

Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general PSOE

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba

FRAN OTERO | Sorprendió el que fuera candidato socialista en las pasadas Elecciones Generales, Alfredo Pérez Rubalcaba, en su discurso ante los delegados que posteriormente le elegirían secretario general del PSOE en su 38º Congreso Nacional. Y sorprendió, en un país con más de cinco millones de personas en paro y con un aumento alarmante de la pobreza, arremetiendo contra la Iglesia y amenazando con la revisión de los acuerdos del Estado español con la Santa Sede. [¿Son importantes los Acuerdos Iglesia-Estado? – Extracto]

Y una amenaza que se consumaría, dijo, si el PP continúa reconsiderando las leyes que ha aprobado el Gobierno socialista en los últimos años.

Decía esto ante los aplausos, puestos en pie, de los delegados: “Si retrocedemos y si cada vez que la derecha llega al poder reconsidera todas aquellas leyes que hemos hecho entre todos, para aumentar los derechos civiles, y trata de poner dogmas que no son del conjunto de los ciudadanos sino de algunos, el PSOE se replanteará seriamente la revisión de los acuerdos con la Santa Sede, ¡seriamente, seriamente!”.

Una propuesta a la que se sumó Carme Chacón, su rival por controlar el partido, y que uno de los canonistas más reconocidos de nuestro país, José María Díaz Moreno, vio “con pena y vergüenza ajena”.

“Que se amenace con una
‘seria’ revisión de los Acuerdos,
como protesta por los cambios legales,
me parece absolutamente ilógico y fuera de lo razonable”.
José María Díaz Moreno.

“Que se amenace con una ‘seria’ revisión de los Acuerdos, como protesta por los cambios legales, me parece absolutamente ilógico y fuera de lo razonable”, añade el que fuera, durante más de 30 años, profesor de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado en ICADE, y miembro de la Comisión de la Nunciatura que negoció con el Gobierno los Acuerdos de 1979.

Díaz Moreno no ve la urgencia de esta modificación, sobre todo, ante el momento de crisis que vive España, y explica que no cree que esa revisión “vaya a ser un eficaz medio de superar el drama humano de los millones de parados. Y, con sinceridad, tampoco veo la estrategia”.

Por su parte, el doctor en Derecho Canónico Carlos Corral tampoco ve urgente una revisión hoy, aunque “siempre es posible revisarlos”. Del mismo modo, afirma Díaz Moreno: “Es posible, como lo es cualquier otro texto jurídico bilateral. No creo que ninguno de los que colaboramos en ese trabajo pensara que estábamos redactando un texto inmutable”.

A pesar de encuadrarse en una coyuntura especial, la Transición, “constituyen –continúa Díaz Moreno– un acierto en el modo de entender las relaciones jurídicas entre la Iglesia y el Estado”. “Y han sido eficaces en el servicio que tanto la Iglesia, como el Estado deben prestar a las personas. Examinando estos años, el balance es largamente positivo”, concluye.

No hay privilegios

Tanto Corral como Díaz Moreno no creen que este tratado suponga un privilegio para la Iglesia católica. El primero afirma que en el momento en que aparecen los acuerdos con las minorías religiosas, “los que pudieran aparecer como privilegios dejan de serlo, al quedar extendidos a ellas, como son la celebración religiosa del matrimonio, la enseñanza de Religión o la cuestión económica”.

El segundo considera que la no existencia de privilegios es uno “de los mayores aciertos”. Así, explica que la columna vertebral del texto de 1979 es la libertad religiosa y su protección como un derecho fundamental de la persona y una igualdad de oportunidades en el ejercicio de esos derechos, sin discriminación alguna por razón de fe de cada uno.

La derogación de los Acuerdos sería, para Carlos Corral, muy perjudicial para ambas partes y, en este sentido, recuerda que en los últimos tiempos aumentan los convenios concordatarios que se fueron estipulando sin pausa durante el Pontificado de Juan Pablo II. Hoy, son 47 los estados con acuerdos con la Santa Sede; 36 con un convenio de carácter general y 11 con una regulación parcial mediante un acuerdo sectorial, explica Corral.

Según Díaz Moreno, “no se trata de beneficiar o perjudicar ni al Estado ni a la Iglesia”. “Se trata de hacer eficaz el reconocimiento y protección del derecho a la libertad religiosa, sin ningún tipo de discriminación. Todo lo demás es secundario. Eso es lo que la Iglesia y el Estado deben buscar y lograr, sin sectarismos de ningún tipo”, agrega.

Amenazas mitineras

Como conclusión, Díaz Moreno añade que “estas amenazas mitineras en torno a los Acuerdos es una cosa que viene de lejos”. De hecho, trae a colación unas palabras suyas en un congreso organizado en 2005 en la Universidad de las Palmas.

“Vengo viendo que, por parte de algunos políticos y medios de comunicación social, y con ocasión de determinados hechos en el campo de la educación o de la financiación acordada entre la Iglesia y el Estado, con frecuencia hacen referencia a la necesidad de revisión, y hasta de denuncia de los Acuerdos vigentes. La mayoría de las veces, tanto los hechos que se aducen como los fundamentos jurídicos que se alegan, no resisten un análisis serio”, decía entonces.

En esa misma intervención, recordaba que si se quiere la revisión o la acomodación del texto, “hay medios legítimos para efectuar lo que se crea conveniente. Todo lo que no sea moverse en esta línea pertenece a una rechazable demagogia, pura y dura”.

“El uso del instrumento normativo de los Acuerdos
se inserta de lleno en la actual tendencia
a legislar sobre materias relativas al ejercio
de la libertad religiosa que siguen los más variados estados”.
Carlos Corral.

Pero el canonista va más allá. Tras afirmar que los católicos no deben tener miedo a esa revisión, se preguntaba si la Iglesia no tiene nada que decir y “si no ha llegado la hora de que tome la iniciativa de una denuncia, a tenor de los principios recurrentes en derecho, para proceder a derogación o renegociación”.

“Entiendo que, aunque en la praxis concordataria no es usual esta práctica por parte de la Santa Sede, no excluyo su conveniencia y hasta su necesidad, cuando los Acuerdos se han convertido en un lugar común de una insultante demagogia contra la Iglesia”, añadía. Ya en el presente, Díaz Moreno concluye: “Lo dije hace cinco años y lo digo ahora”.

¿Por qué tienen que seguir vigentes?

Para el canonista Carlos Corral, desde el punto de vista político, los Acuerdos de 1979 constituyen “fórmulas suficientemente equilibradas para enfrentar con la suficiente prudencia los difíciles problemas de la Transición”. Desde el punto de vista pastoral, continúa, significan un paso adelante porque ofrecen una visión realista de la situación, un instrumento adecuado, y un conjunto de posibilidades de actuación.

Y finalmente, desde el punto de vista comparado, “el uso del instrumento normativo de los acuerdos específicos por parte del Estado español y la Santa Sede se inserta de lleno en la actual tendencia a legislar sobre materias relativas al ejercio de la libertad religiosa que siguen los más variados estados en inteligencia con las diversas iglesias y confesiones existentes dentro de ellos”.

Por su parte, José María Díaz Moreno cree que deben seguir vigentes, en primer lugar, por respeto a lo pactado. Y en segundo lugar, porque considera que “si no son necesarios, sí son muy convenientes para garantizar la libertad religiosa. Pensar que este sistema de garantía solo existe en España supone una ignorancia lamentable”.

“Que el Estado español denuncie los Acuerdos y estos desaparezcan sería una extraña anomalía sin justificación alguna y un claro acto de sectarismo”, concluye.

¿Cómo es la situación en otros países?

  • Actualmente hay 47 países concordatarios.
  • De ellos, 36 tienen un Acuerdo/Convenio de carácter general (seis en forma de Concordato, mientras que otros seis se sirven de un acervo de acuerdos sectoriales). Algunos de estos son Alemania, Argentina, Ecuador, Estonia, Italia, Marruecos, Palestina, Perú, Portugal, Suecia Venezuela…
  • Los otros 11 estados tienen una regulación parcial mediante un acuerdo sectorial. Bolivia, Camerún, Costa de Marfil, El Salvador, Filipinas, Suiza, Vietnam…

En el nº 2.788 de Vida Nueva.

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