Los centros empiezan a movilizarse ante los impagos de la Generalitat
Reunión de la 'consellera' Mª José Catalá con los representantes de la concertada
JOSÉ R. NAVARRO PAREJA. VALENCIA | Los impagos de la Consejería de Educación están llevando a una situación límite a los colegios concertados de la Comunidad Valenciana, la mayoría de ellos de titularidad católica. La Administración debe más de 50 millones de euros en gastos, que los centros ya han realizado, lo que está generando graves problemas de tesorería. La Consejería se ha comprometido al pago de parte de la deuda antes del 20 de enero, aunque al cierre de esta edición todavía no se había hecho efectivo, por lo que los colegios se han movilizado para realizar una serie de medidas de protesta.
La administración educativa no ha realizado ningún pago a los colegios desde junio de 2011. De esta forma, adeuda los dos últimos plazos trimestrales de la partida de otros gastos –de unos 22 millones cada uno de ellos– que los centros destinan a pagar los salarios del personal de administración y servicios, a los suministros de luz, agua o teléfono y gastos de limpieza, material y reparaciones.
La situación se agrava más en aquellos colegios en que a este impago de la partida del concierto se suma el de las subvenciones a los programas de cualificación profesional y ocupacionales (adeudan desde enero de 2011), el de las ayudas a las guarderías infantiles y el de los “bono libros”.
Ante la situación generada, los directores de Escuelas Católicas se reunieron el pasado miércoles para aprobar una serie de medidas con las que exigir el pago a la Administración.
En el encuentro, la presidenta de Escuelas Católicas de la Comunidad Valenciana, Vicenta Rodríguez, descartó cualquier tipo de iniciativa que suponga “instrumentalizar a los alumnos, sacándolos a la calle” o el “cierre patronal de los centros”, que perjudicaría a las familias.
Sin embargo, sí se optó por realizar una campaña de información hacia la sociedad y de sensibilización de las familias, no solo para hacerles conscientes de este problema puntual, sino de que “la partida de otros gastos es insuficiente para el funcionamiento de los centros”, aún cuando el coste de la enseñanza concertada es mucho más bajo que el de la pública.
Hasta el momento, los centros católicos han resistido esta situación gracias “al principio cristiano de compartir”, según manifestó a Vida Nueva Vicenta Rodríguez. Los pertenecientes a órdenes religiosas han recibido ayuda de las respectivas congregaciones, aunque la situación es más compleja en los de titularidad diocesana, cerca de 70, que están resistiendo con fondos propios y con el retraso en el pago a sus proveedores, lo que empieza a poner en riesgo la continuidad de los suministros.
La señal de alarma de esta situación saltó a principios de octubre cuando la Administración incumplió el pago de los gastos de funcionamiento del tercer trimestre de 2011. A pesar de las promesas de la Consejería de que el problema se resolvería en breve, la presidenta de Escuelas Católicas se vio obligada a solicitar una entrevista con el entonces conseller de Educación, José Císcar. En ese primer encuentro, que se produjo el 14 de noviembre, Císcar se comprometió a pagar parte de la deuda antes del 15 de diciembre.
Promesas incumplidas
Sin embargo, el incumplimiento de este plazo provocó otra reunión con el responsable de Educación, en la que adquirió un nuevo compromiso de pago para antes de fin de año. Pero la Consejería no llevó a efecto su promesa y tampoco realizó la trasferencia correspondiente al cuarto trimestre de 2011, lo que agravó la situación.
Además, una remodelación del gabinete autonómico el 30 de diciembre elevó a José Císcar a la vicepresidencia de la Generalitat, lo que obligó al nombramiento de una nueva consellera, Mª José Catalá.
Ya con la nueva titular, los representantes de las escuelas concertadas mantuvieron otra reunión el 13 de enero, en la que Catalá pidió disculpas por no cumplir las promesas anteriores, “por circunstancias sobrevenidas que hicieron caer las previsiones, pero no por falta de voluntad”. Anunció además que por decisión “expresa del presidente de la Generalitat”, Alberto Fabra, los centros recibirían un primer pago antes del 20 de enero.
La consejera se comprometió a renegociar el resto una vez resuelta esta urgencia. También animó a los centros “con riesgo inminente de desahucio, o con urgencia insalvable” a dar a conocer su situación a la Administración para que esta resolviera el problema. Sin embargo, la Consejería todavía no ha atendido a los centros que han dado a conocer su situación límite.
En el nº 2.785 de Vida Nueva.
