JUAN MARÍA LABOA, sacerdote e historiador | El Estado español, propietario del Valle de los Caídos, no pidió permiso a la Iglesia para enterrar a Franco, ni necesita de su permiso para enterrarlo en otro lugar. Los expertos del Gobierno han orientado mal sus pretensiones al determinar que es la Iglesia quien tiene la última palabra sobre este traslado.
Quiero creer que no se ha tratado de un dardo envenenado con el fin de responsabilizarla de un posible fracaso de sus pretensiones. Tanto la voluntad de la familia Franco como la del Estado son suficientes para que se cumpla el traslado sin más requisitos.
Otra cosa sería si se tratase del cuerpo incorrupto de un santo canonizado, venerado universalmente por la santidad de su vida y por sus milagros. En ese caso, la autoridad eclesiástica podría exponer sus razones, si juzgara que el cambio de lugar podría incidir en la devoción o en la veneración de sus reliquias. No parece tratarse de este caso.
Por otra parte, estamos acostumbrados en Roma al cambio de lugar de cuerpos de papas y de santos, como los de Calixto III y Alejandro VI, hoy depositados en la Iglesia española de Montserrat; y en Madrid o París, al trasiego de cuerpos de políticos al Panteón de Hombres Ilustres de Atocha o al Panteón parisino. Depende de circunstancias e intereses.
De todas maneras, la comunidad cristiana y los españoles no cristianos debieran plantearse con sinceridad y espíritu fraterno si quieren convertir la basílica en un auténtico lugar de recuerdo, oración o reflexión por todos los españoles víctimas de la Guerra Civil.
Llegado el momento, será fácil llegar al acuerdo de que los restos de José Antonio y Franco no están en el lugar adecuado. En este caso, la Iglesia tiene capacidad y autoridad para aconsejar, acompañar y convertir el lugar en punto de referencia para todos.
En el nº 2.780 de Vida Nueva.
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