El Gobierno quiere dar más poder a la policía para que controle las manifestaciones
El presidente de los obispos de Uganda, John Baptist Odama
J. L. CELADA | La Conferencia Episcopal de Uganda (UEC, por sus siglas en inglés) ha denunciado un proyecto de ley del Gobierno que pretende otorgar mayores poderes a la policía del país para controlar las manifestaciones de los últimos meses. En un pronunciamiento hecho público el pasado noviembre al término de su segunda Asamblea anual, y recogido por el diario New Vision, los 19 miembros de la UEC advierten que numerosos artículos del citado proyecto de ley son incompatibles con los derechos y libertades reconocidos por la Constitución, pues –a su juicio– tienen el objetivo de restringir la libertad de expresión y de reunión de los ciudadanos.
Según los obispos católicos ugandeses, si los diputados de su país aprueban esta legislación en su forma actual, se limitarán las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, de los partidos políticos y de los individuos. “A la vista de nuestra evaluación, el proyecto de ley es contrario a una sociedad libre y democrática”, sostuvo el presidente del Episcopado y arzobispo de Gulu, John Baptist Odama, quien –acompañado por el secretario general de la UEC, John Baptist Kauta– leyó la declaración episcopal en la sede del Secretariado Católico de Uganda en la capital.
Los prelados, sin embargo, sí han mostrado su apoyo a los parlamentarios en su decisión de emprender una investigación que esclarezca las denuncias por corrupción en la explotación del petróleo y del gas. Asimismo, respaldan la voluntad parlamentaria de crear estructuras políticas y un marco de trabajo reglamentario para administrar mejor el sector de la industria.
Desde la jerarquía católica se rechaza, por el contrario, otra propuesta del presidente Yoweri Museveni que pretende incrementar el montante de las fianzas para los sospechosos de crímenes. A este respecto, los pastores han recordado que el pago de la fianza es “un derecho humano fundamental”. Además, han expresado su preocupación ante las prolongadas detenciones provisionales, que, en algunos casos, duran años, lo cual va en contra de las vigentes disposiciones legales.
En su denuncia, los obispos han reclamado también que se destituya a todos los responsables que, en el Gobierno y la administración, son citados regularmente en temas de corrupción, instando al propio Museveni a que se abstenga de interferir en los procesos judiciales que se abran para esclarecer asuntos de esta índole.
Finalmente, el Episcopado ugandés ha condenado el uso de la fuerza para resolver los conflictos políticos y sociales. En este sentido, entiende que las manifestaciones y las huelgas son “síntoma de una enfermedad más amplia”, asociada a la pérdida de valores, lo que hace crecer la frustración y la violencia. Por eso, se declaran “solidarios con las huelgas pacíficas de trabajadores”, destacando que se trata de un “derecho humano” de los mismos expresar su descontento si no están satisfechos con sus condiciones de trabajo.
Tras exigir un aumento salarial para los obreros mal pagados y para los profesores, los obispos defienden que esta reivindicación debería ser “prioritaria” a la hora de preparar los próximos presupuestos del Estado. De ahí que llamen al Gobierno a que prosiga el diálogo con los maestros y otros grupos de manifestantes, “con el fin de encontrar una solución duradera y constructiva” a su situación.
En el nº 2.780 de Vida Nueva.
