Iglesia en Francia: "Los paraísos fiscales son un reto para la democracia"

Ante la cumbre del G-20 en Cannes, instituciones eclesiales reclaman “mayor justicia social”

Protestas contra la reciente cumbre del G-20 en Cannes

MIGUEL ÁNGEL MALAVIA | Las protestas de los movimientos antiglobalización contra el G-20, el grupo conformado por los principales líderes mundiales y cuya última reunión tuvo lugar en Cannes (Francia) los días 3 y 4 de noviembre, no fueron las únicas voces que trataron de transmitir a los representantes políticos que el modelo económico imperante necesita una profunda revisión. Hasta cuatro instituciones eclesiales del país galo –Tierra Solidaria, Justicia y Paz, el Centro de Investigación y de Acción Social (CERAS) y Cáritas– hicieron público el documento Al servicio del bien común, con el fin de proponer las medidas que, a su juicio, han de llevar a una mayor “justicia fiscal”. [Siga aquí si no es suscriptor]

Con un lenguaje meridianamente claro, los firmantes del mensaje –que se une a otros, como el de la Red CIDSE (alianza internacional de agencias católicas de desarrollo)– basan este en la denuncia de los paraísos fiscales, hasta el punto de calificarlos como “un reto para nuestras democracias”.

Definidos como “los agujeros negros de las finanzas internacionales”, niegan que se reduzcan únicamente “a unas islas exóticas”. Antes bien, se encuentran “en el corazón de las grandes ciudades, en los distritos comerciales”. Estas “zonas opacas y sin control” son las que permiten a individuos, empresas y bancos “ocultar sus ingresos”.

¿Cuál es la consecuencia? Según datos ofrecidos por estas entidades eclesiales, que hasta 125.000 millones de euros, al año, “son privados a todos los países y, especialmente, a los más pobres”. De hecho, solo en Francia, la cifra de ingresos evadidos al Estado oscila entre los 40.000 y los 50.000 millones de euros, “el equivalente a dos veces el déficit de la Seguridad Social”.

Los 20 países más poderosos del mundo, en Cannes, los días 3 y 4 de noviembre

Responsabilidad social

Apelando a la “responsabilidad social”, piden a los diferentes agentes que huyan del “escándalo” que constituyen estas “trampas” y se hagan cargo del justo pago de sus impuestos; sin lo cual, “las sociedades se transforman en junglas dominadas por la ley del más fuerte”.

Los instrumentos para poner fin a estas irregularidades, tachadas de “corrupción”, son combatir situaciones habituales como “el secreto bancario o la posibilidad de crear sociedades ficticias para preservar el anonimato de su dueño”. Una opacidad que se ve agravada por el hecho de que los no residentes estén sometidos a “una fiscalidad baja o nula”.

Pero, pese a que existen normas internacionales de control fiscal, el escepticismo ante su efectividad es palpable, pues los interesados “esquivan las leyes de otros países”, “no aplican estas reglas y no cooperan con los controladores de impuestos o los jueces extranjeros”. Un agujero, el que propicia esta “impunidad judicial”, por el que se filtran las actividades de quienes también buscan “lavar dinero del crimen y la corrupción”.

A juicio de los denunciantes, es contradictoria la abundancia de “reducciones fiscales o exenciones” a quienes tratan de pagar los mínimos impuestos posibles; los mismos que, a la vez, “no dejan de beneficiarse de los servicios públicos en sus países de residencia”. Una situación que, además de “proteger a las redes criminales”, conduce a las administraciones públicas a una situación de parálisis –“sin impuestos, el Estado es impotente”–.

Hasta el punto de que el consiguiente déficit gubernamental “socava los servicios públicos”, en especial la sanidad y la educación, “que no se pueden asegurar”. De ahí que, desgraciadamente, los más afectados sean “las poblaciones más vulnerables”.

Por ello, las instituciones eclesiales, además de combatir el fraude fiscal, solicitan otra medida de carácter activo: “Aumentar los impuestos sobre el consumo que penaliza a los más pobres e incrementar la presión fiscal sobre las empresas; pero no sobre las pequeñas y medianas (pymes), que no cuentan con recursos en los paraísos fiscales, sino que son las mayores creadoras de empleo”.

“Frente a todos estos abusos y sus consecuencias –sentencian–, es el momento de rehabilitar impuestos para lo que deben ser: un instrumento de solidaridad y bien común, una herramienta que contribuye a la construcción de la cohesión social y la democracia”. Esta defensa del establecimiento de impuestos para las personas y empresas con más recursos ha de anteponerse al “endeudamiento o el apelar a la financiación internacional”, pues esto “suele ser sinónimo de pérdida de soberanía”.

Aumento de la desigualdad

Como explican, estos fenómenos se producen dentro de uno más general: el incremento de la desigualdad, mientras que “la riqueza en el mundo crece en términos absolutos”. Algo que se produce en el seno, no solo de los países en vías de desarrollo, sino también en los emergentes y en los llamados desarrollados, donde se conforman “nuevas formas de pobreza”. De ahí su insistencia en que un cambio en la política fiscal es clave para revertir este proceso de “deshumanización”. “El impuesto puede jugar un papel central en una mejor distribución de la riqueza”, argumentan.

Protestas cumbre G20 Cannes Por el contrario, “los paraísos fiscales contribuyen a privar a los Estados de sus instrumentos de redistribución”. Y es que, los beneficios que puedan generar van a parar únicamente a manos de los inversores extranjeros y, muy difícilmente, revierten en las sociedades en que se desarrollan.

Así es como, según los firmantes, las finanzas “se han convertido en una industria en sí misma”, alejándose del desarrollo de la economía real. Para ello, se apoyan en un dato: “En 2008, el volumen de las transacciones financieras fue 74 veces mayor que el Producto Interior Bruto (PIB) mundial”. Sin embargo, pese a esa “desconexión”, su influencia en la economía ha sido decisiva a la hora de desatar la crisis, a través de un crecimiento económico que fue “falso y superficial”; lo que reflejó perfectamente “la burbuja subprime de EE.UU.”.

Su estallido en 2008, señalado como el inicio de la crisis, supuso la “ilustración de los peligros que plantea la economía financiarizada en exceso” y, posteriormente, “subrayó la imprudencia, la ceguera de los actores y la falta de regulación por parte de los Estados”.

Ahora se aprecian las consecuencias de lo que, “lejos de ser solo una crisis financiera, refleja una crisis más profunda de la civilización. De una sociedad que recaudó el dinero por su consideración como valor supremo y acumuló riqueza como el único criterio de éxito en la vida, en detrimento de todas las otras dimensiones: la social, la espiritual o la cultural”.

Finalmente, el mensaje concluye denunciando que los Estados patrocinen la “carrera de ratas para su disfrute inmediato” que suponen los paraísos fiscales, incluso haciendo uso del llamado ‘impuesto cero’ con el fin de atraer a inversores extranjeros a sus países. Pero, ¿para qué?, se preguntan.

Y lo hacen incluso ofreciendo nombres y destinos concretos: “Los gigantes de las nuevas tecnologías (Google, eBay, iTunes, Microsoft…) tienen un lugar importante de sus ganancias en Irlanda, Luxemburgo y Bermudas. Los principales bancos europeos tienen un promedio de 25 filiales en las Islas Caimán. Las dos terceras partes de la inversión extranjera directa en la India y China provienen de los paraísos fiscales…”.

Y cierran con otro dato para la reflexión: “En las Islas Vírgenes Británicas hay 830.000 empresas registradas, por 25.000 habitantes. ¡Nos gustaría ver empleados!”, claman. Y es que, por no crear, los paraísos fiscales ni siquiera dejan trabajo allí donde solo unos pocos son los únicos beneficiados.

Una respuesta comprometida

Junto a su fuerte carga crítica, el documento Al servicio del bien común va más allá y entra en el campo de la acción práctica. Así, señala cómo “organizaciones cristianas se están movilizando en muchos de los países, y las acciones, tanto individuales como colectivas, crean corrientes que pueden convertirse en grandes ríos” de concienciación ciudadana.

¿Cómo actúan? “Involucrándose en el seguimiento de las políticas públicas y los presupuestos nacionales”. ¿Y a qué precio? “A veces, poniendo en riesgo su vida”, la de los miembros de estas organizaciones que denuncian “el sistema de corrupción en sus países”. ¿Y logran resultados? En ocasiones, sí: “En 2008, la petición lanzada por varias organizaciones católicas en la revista Peregrino llevó el cuestionamiento de Andorra y Mónaco como un paraíso impuesto por el presidente de la República Francesa”.

Además, las instituciones eclesiales que firman el mensaje, y otras más, han organizado una campaña en Internet –Stop a los paraísos fiscales– en la que aconsejan a los ciudadanos cómo controlar en qué invierten los bancos sus ahorros y a los Estados cómo beneficiar a los actores económicos que tengan una indudable responsabilidad fiscal.

En el nº 2.776 de Vida Nueva.