Iglesia en Francia: “Los paraísos fiscales son un reto para la democracia”

Ante la cumbre del G-20 en Cannes, instituciones eclesiales reclaman “mayor justicia social”

Protestas contra cumbre G20 Cannes

Protestas contra la reciente cumbre del G-20 en Cannes

MIGUEL ÁNGEL MALAVIA | Las protestas de los movimientos antiglobalización contra el G-20, cuya última reunión tuvo lugar en Cannes (Francia) los días 3 y 4 de noviembre, no fueron las únicas voces que trataron de transmitir a los  políticos que el modelo económico imperante necesita una profunda revisión. Hasta cuatro instituciones eclesiales del país galo –Tierra Solidaria, Justicia y Paz, el Centro de Investigación y de Acción Social (CERAS) y Cáritas– hicieron público el documento Al servicio del bien común, con el fin de proponer las medidas que, a su juicio, han de llevar a una mayor “justicia fiscal”.

Con un lenguaje meridianamente claro, los firmantes del mensaje –que se une a otros, como el de la Red CIDSE (alianza internacional de agencias católicas de desarrollo)– basan este en la denuncia de los paraísos fiscales, hasta el punto de calificarlos como “un reto para nuestras democracias”.

Definidos como “los agujeros negros de las finanzas internacionales”, niegan que se reduzcan únicamente “a unas islas exóticas”. Antes bien, se encuentran “en el corazón de las grandes ciudades, en los distritos comerciales”. Estas “zonas opacas y sin control” son las que permiten a individuos, empresas y bancos “ocultar sus ingresos”.

¿Cuál es la consecuencia? Según datos ofrecidos por estas entidades eclesiales, que hasta 125.000 millones de euros, al año, “son privados a todos los países y, especialmente, a los más pobres”. De hecho, solo en Francia, la cifra de ingresos evadidos al Estado oscila entre los 40.000 y los 50.000 millones de euros, “el equivalente a dos veces el déficit de la Seguridad Social”.

Cumbre G-20 en Cannes

Los 20 países más poderosos del mundo, en Cannes, los días 3 y 4 de noviembre

Responsabilidad social

Apelando a la “responsabilidad social”, piden a los diferentes agentes que huyan del “escándalo” que constituyen estas “trampas” y se hagan cargo del justo pago de sus impuestos; sin lo cual, “las sociedades se transforman en junglas dominadas por la ley del más fuerte”.

A juicio de los denunciantes, es contradictoria la abundancia de “reducciones fiscales o exenciones” a quienes tratan de pagar los mínimos impuestos posibles; los mismos que, a la vez, “no dejan de beneficiarse de los servicios públicos en sus países de residencia”. Una situación que, además de “proteger a las redes criminales”, conduce a las administraciones públicas a una situación de parálisis –“sin impuestos, el Estado es impotente”–.

Hasta el punto de que el consiguiente déficit gubernamental “socava los servicios públicos”, en especial la sanidad y la educación, “que no se pueden asegurar”. De ahí que, desgraciadamente, los más afectados sean “las poblaciones más vulnerables”.

Por ello, las instituciones eclesiales, además de combatir el fraude fiscal, solicitan otra medida de carácter activo: “Aumentar los impuestos sobre el consumo que penaliza a los más pobres e incrementar la presión fiscal sobre las empresas; pero no sobre las pequeñas y medianas (pymes), que no cuentan con recursos en los paraísos fiscales, sino que son las mayores creadoras de empleo”.

Una respuesta comprometida

Junto a su fuerte carga crítica, el documento Al servicio del bien común va más allá y entra en el campo de la acción práctica. Así, señala cómo “organizaciones cristianas se están movilizando en muchos de los países, y las acciones, tanto individuales como colectivas, crean corrientes que pueden convertirse en grandes ríos” de concienciación ciudadana.

Además, las instituciones eclesiales que firman el mensaje, y otras más, han organizado una campaña en InternetStop a los paraísos fiscales– en la que aconsejan a los ciudadanos cómo controlar en qué invierten los bancos sus ahorros y a los Estados cómo beneficiar a los actores económicos que tengan una indudable responsabilidad fiscal.

En el nº 2.776 de Vida Nueva (artículo completo).

 

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