Alarma entre el Episcopado ante una nueva ley que “discrima por motivos religiosos”
Antonio Arregui, presidente del Episcopado ecuatoriano
JOSÉ LUIS CELADA | Los obispos ecuatorianos han manifestado su “serio malestar” ante “la noticia de un artículo en el recién presentado Proyecto del Código Penal” –concretamente, el 270–, que pretende “limitar en forma drástica la libertad religiosa y de expresión, así como la igualdad ante la ley”. Dicha reforma legislativa, todavía a debate en la Asamblea Nacional, podría abrir la puerta a que una homilía sea sancionada si contradice las directrices oficiales de la República o a que los sacerdotes que incurran en ello se vean privados de libertad hasta durante un año y medio.
Sobrados motivos de preocupación, que la jerarquía católica expresó públicamente en un comunicado difundido por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) al término de su CXXX Asamblea Plenaria, celebrada del 17 al 21 de octubre en el Seminario Mayor de Portoviejo.
Pero, pocos días después de la reunión episcopal, el presidente de la CEE y arzobispo de Guayaquil, Antonio Arregui Yarza, volvía de nuevo sobre el asunto. Así, el 25 de octubre enviaba una carta a los directores de los principales medios de comunicación impresos del país andino en la que, tras recordar la “alarma” que causó entre sus hermanos “la repetición de estos absurdos” (la reforma retoma aspectos de otro proyecto sobre cultos ya desautorizado por el Ministerio de Justicia), recoge varias observaciones a propósito de la citada legislación.
Propuesta de sanción
La misiva del arzobispo de Guayaquil lamenta que en el proyecto, admitido ya a trámite, “hay una propuesta concreta de sancionar a los ministros de cualquier culto cuando se definan por favorecer u hostilizar partidos y movimiento políticos”.
Lo cual, a su juicio, es “una discrimación por motivos religiosos, pues se prohíbe al ministro lo que es permitido a todos los demás, privándole de su igualdad ante la ley”. Denuncia que contiene una clara alusión a cuantos ministros de culto, al amparo de la Constitución, forman parte de las listas electorales e incluso integran la actual Asamblea Nacional.
En esa línea, y ya para acabar, Arregui reitera la norma interna de la Iglesia católica prohibiendo el ingreso de sacerdotes en la política de partidos, algo que “comprendemos como parte de nuestra misión específica”. “Pero también sabemos –concluye el presidente del Episcopado– que proclamar el Evangelio, en el que se fundamentan los derechos humanos, nunca es entrar en política en la forma mencionada, sino cumplir una obligación”.
En el nº 2.775 de Vida Nueva (artículo completo para suscriptores).
