Los jesuitas piden una economía centrada en la persona

Presentan ‘Crisis prolongada, solidaridad reforzada’, con propuestas contra la crisis de cara a las elecciones del 20-N

ÁLVARO REAL | La Compañía de Jesús ha presentado, en el documento Crisis prolongada, solidaridad reforzada (PDF), sus reflexiones y propuestas de mejora de las políticas sociales ante las próximas elecciones generales del 20-N. Durante la presentación, el pasado 20 de octubre en Madrid, Higinio Pi, coordinador del Apostolado Social de los jesuitas, pidió que “no se utilice la crisis como excusa para reducir las prestaciones sociales” y denunció que, en épocas como la que vivimos, “es fácil quitarle a los que menos tienen”.

De un modo esquemático, las propuestas de la Compañía están divididas en cuatro grandes áreas. Sobre las dos primeras, Exclusión Social y Fiscalidad, Daniel Izuzquiza, coordinador del equipo redactor del documento, explicó que la tasa de pobreza ha aumentado un 2,3% en dos años, que el 26% de las familias llega a fin de mes con dificultad y que el 36% no tiene capacidad para gastos imprevistos.

Ante esta problemática, Izuzquiza pidió “un gran Pacto para la Inclusión Social en el que se recupere a la persona como sujeto del desarrollo y de la atención social”, demandando “una arquitectura institucional para garantizar servicios a los más vulnerables”.

Otras soluciones prácticas ofrecidas por el coordinador fueron de tipo fiscal: “Que el porcentaje de gasto en protección social llegue a la media europea, al 27% (actualmente, está en un 22%); que se dedique un 0,4% del PIB anual a la lucha contra la exclusión social (hoy, en un 0,2%); implantar un sistema universal de garantías de rentas mínimas; desarrollar una Ley de Empresas de Inserción o un efectivo derecho a la vivienda”.

Respecto a este último punto, sugirió que se grave la vivienda vacía, se incentive fiscalmente el alquiler o se permita la dación en pago. Izuzquiza también pidió “combatir el fraude fiscal para recuperar 90.000 millones de euros” o la creación de “un Impuesto a las Transacciones Financieras Internacionales que pueda ser dedicado a Ayuda Oficial al Desarrollo”.

El tercer apartado, el de Inmigración, fue presentado por Josep Buades, coordinador del Servicio Jesuita a Migrantes, quien reclamó que, a pesar de las limitaciones y deficiencias de la actual Ley de Extranjería, se desarrollen sus disposiciones. El cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y los procesos de control y expulsión de inmigrantes fueron otros de los temas abordados: “Se deben cortar de raíz los controles documentales que supongan un hostigamiento generalizado y que estén basados en rasgos étnicos”.

Entre las medidas propuestas, explicó Buades, se encuentran el “garantizar que toda persona tenga acceso a la atención primaria y especializada”; que el Estado “proporcione alojamientos de emergencia dignos a las personas migrantes documentadas” y programas de prevención del racismo y la xenofobia.

El último punto, el de Cooperación Internacional, fue desglosado por Ignacio Eguizábal, director de la ONG Alboan, promovida por los jesuitas. Eguizábal denunció que esta materia, en tiempos de crisis, se convierte en “prioridad secundaria”, y criticó que, en las últimas reformas presupuestarias, se ha producido un recorte del 12%. Las medidas para este sector social propuestas son que se recupere el objetivo del 0,7% de la Renta Nacional Bruta, que se impulsen nuevos mecanismos de Financiación al Desarrollo y que se asegure que la Cooperación Internacional no se destina a intereses “comerciales, inversores, de seguridad, de control migratorio o de promoción de la cultura española”.

Siete demandas prioritarias:

  • Un gran pacto para la inclusión social que involucre a la ciudadanía en su conjunto.
  • Un Estado de Bienestar amplio, estable, renovado y vigoroso.
  • Una política de inmigración que apueste por una sociedad integradora.
  • Continuar la modernización y mejora de la calidad del sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
  • Una política más justa y progresiva, con una fiscalidad progresiva que permita mejorar la cohesión social y responder a la crisis desde la solidaridad.
  • Un mejor gobierno de las políticas sociales, implicando al conjunto de la sociedad civil.
  • Recuperar a la persona como sujeto del desarrollo y la atención social.

En el nº 2.775 de Vida Nueva.

Actualizado
04/11/2011
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