Rubalcaba toma el discurso de los “privilegios” para movilizar a sus votantes
FRAN OTERO | España lleva meses de campaña electoral –aunque todavía no ha comenzado la que propiamente se llama así, 15 días antes de los comicios– y la Iglesia católica no había sido sacada a la palestra como baza, salvo en el caso de formaciones políticas minoritarias de izquierda y ante la visita del Papa con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid. Pecata minuta.
Ahora es el candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, el que se desmarca de la línea de colaboración que había mantenido, en los últimos tiempos, el que fuera su Gobierno para azuzar a la Iglesia en una propuesta que tiene mucho de mediático –movilizar a los sectores más escorados a la izquierda ante el hundimiento en las encuestas– más que de eficacia o utilidad.
La propuesta socialista pasa por modificar la Ley Hipotecaria y su reglamento para acabar con lo que consideran “un privilegio tributario de épocas pasadas y carentes de justificación, que equipara a la Iglesia católica a las administraciones territoriales y corporaciones de derecho público, facultándola para emitir sus propios certificados de dominio en ausencia de título escrito de dominio”. Una maniobra de la que se desprende que el sector más laicista del PSOE está haciéndose fuerte en detrimento de Cristianos Socialistas.
El deán de la Catedral de Jaén y experto en cuestiones patrimoniales, Francisco Juan Martínez Rojas, resta importancia a esta iniciativa, cuyo objetivo, considera, es movilizar a su electorado, al tiempo que lamenta que no se diga ni explique toda la verdad.
Sirve una referencia histórica para justificar la legislación, argumenta el experto; y es que el concepto de propiedad –nacido tras la Revolución Francesa con un tono anticlerical– se estableció en España a finales del siglo XIX, si bien muchos de los templos y terrenos eclesiales datan de tiempos pasados, amparados por la posesión inmemorial. Este concepto es el que se utilizó para que personas jurídicas, entre ellas la Iglesia, pudiese registrar sus posesiones por escrito como propiedades. No había papeles que lo justificasen pero había una certeza de que era de la Iglesia. La Historia así lo corroboraba.
Hoy, la ley sigue teniendo justificación porque muchos de los bienes eclesiásticos todavía no están registrados, circunstancia que Martínez Rojas lamenta profundamente, al tiempo que considera que, por estar más preocupados por lo espiritual, los representantes eclesiales han descuidado el aspecto patrimonial. “Si las posesiones se hubiesen registrado en su momento, esta cuestión no tendría tanta importancia”, añade.
También achaca los problemas al exceso de confianza, pues ermitas que pertenecían a la Iglesia han pasado a ser de propiedad de ayuntamientos simplemente porque han guardado las llaves durante 50 años, aunque la titularidad siga siendo eclesiástica, una circunstancia que no ha sido ni es especialmente problemática, salvo en el zonas de Navarra o el País Vasco, donde fuerzas políticas abertzales accedieron a los consistorios.
Por tanto, si bien es cierto que la medida que propone Rubalcaba no tiene un objetivo más que electoral, también lo es que en la Iglesia ha habido dejación de funciones en lo que se refiere al registro de bienes y una excesiva confianza en las administraciones públicas.
En cualquier caso, hay que recordar que las posesiones de la Iglesia se encuentran en circunstancias especiales, pues están en relación con una institución de derecho internacional, además de protegidos por destinarse al ejercicio de un derecho fundamental, el de la libertad religiosa.
Que el sujeto sea una personalidad jurídica de derecho internacional (personalidad internacional de la Santa Sede y Acuerdos Iglesia-Estado de 1979) es muy importante en este sentido pues Estado e Iglesia dialogan al mismo nivel. De este modo, los bienes eclesiales están sujetos, por este orden, a los Acuerdos Iglesia-Estado, a la Constitución, al Código Civil y a otras legislaciones sectoriales.
La cuestión del IBI
En la línea de Rubalcaba, el Ayuntamiento de Fuenlabrada aprobó una moción en la que se pide al Gobierno que tome medidas para que se pueda cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a la Iglesia, ya que dejan de ingresar unos 50.000 euros al año, una demanda que no verán satisfecha casi con toda seguridad, pues la cuestión está regulada por los Acuerdos Iglesia-Estado que, además de primar sobre las leyes nacionales, para modificarlo tienen que ponerse de acuerdo ambas partes. Otras fuentes eclesiásticas afirman a Vida Nuevaque, en este caso concreto, la cantidad a recaudar es “ridícula”, teniendo en cuenta “el despilfarro de fondos públicos a cargo de los propios políticos”.
–
Ricardo Blázquez
La Conferencia Episcopal y las elecciones
Y ante tanto revuelo y propuestas electorales que tienen como protagonista a la Iglesia, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española se reunía, como es habitual por estas fechas, para preparar la Asamblea Plenaria, que se celebrará del 21 al 25 de noviembre, y realizar trabajos de seguimiento.
Este año, y con motivo de las próximas elecciones generales, prepararon unas orientaciones morales al voto en forma de una Nota que se hacía pública el viernes 21 de octubre.
Como tema de actualidad, entre otros, hablaron, como avanzó el arzobispo de Valladolid y vicepresidente de la CEE, Ricardo Blázquez, de la propuesta del candidato socialista sobre los “privilegios hipotecarios” de la Iglesia, ante la que el propio Blázquez confesó que “hay que ver de qué se trata”, aunque cree que se limita a un trámite para inscribir edificios ligados a parroquias.
Además de estas cuestiones de actualidad, los obispos abordaron las acciones a realizar con motivo de la declaración de san Juan de Ávila como Doctor de la Iglesia –lo anunció el Papa durante la JMJ–, el nuevo Plan Pastoral de la CEE, aplazado hasta otoño para incluir las enseñanzas de Benedicto XVI en la JMJ, el documento La transmisión de la fe. Orientaciones para la acción coordinada de la parroquia, la familia y la escuela –aprobado por la Asamblea Plenaria, pero al que había que introducir algunas enmiendas–, así como los presupuestos de la CEE y de los organismos que dependen de ella para el 2012, nombramientos, informaciones de las comisiones episcopales y otros asuntos de seguimiento.
En el nº 2.773 de Vida Nueva.
INFORMACIÓN RELACIONADA
- La crónica del director: El voto católico anda suelto por estos prados
- La crónica del director: Políticos cristianos en una nueva etapa, por Juan Rubio, director de Vida Nueva
- Opinión: Privilegios eclesiales, demagogias políticas, por José Lorenzo, redactor jefe de Vida Nueva
- Opinión: La “nueva ética”, por Jesús Sánchez Adalid, sacerdote y escritor
