La escuela concertada se aprieta el cinturón

Las aportaciones de los padres libran a muchos colegios del cierre

ÁLVARO REAL | Deben anticipar los gastos mensuales de agua, portería o limpieza; piden dinero a los padres para la luz, la calefacción y diversas necesidades básicas para la educación; y pagan el sueldo a los profesores sustitutos que no cobran el pago de manera delegada. Estos son algunos de los problemas económicos con los que se encuentra la enseñanza concertada en España, problemas que se agravan con la crisis económica, la congelación de presupuestos públicos y la pérdida de poder adquisitivo por parte de las familias. [Siga aquí si no es suscriptor]

El curso ha comenzado con polémicos recortes educativos. El aumento de horas lectivas del profesorado en la escuela pública o la supresión de planes de mejora de colegios o institutos ha supuesto, a juicio de algunos sindicatos, un “ataque” a la educación pública en beneficio de la concertada. Opinión que no se comparte en los centros concertados, donde desde hace tiempo “se aprietan el cinturón” para llegar a fin de mes. Y es que el concierto no asume la totalidad de los gastos y la Administración adeuda diversos pagos. “Sin el apoyo económico y voluntario de los padres habría que cerrar”, explica a Vida Nueva Gloria Vignote, religiosa del Niño Jesús y directora del Colegio Blanca de Castilla, regido por la Fundación Educación y Evangelio.

“Tenemos actividades extraescolares como deportes, informática, esgrima o judo y somos un centro bilingüe de la Comunidad de Madrid”, explica la directora de este colegio, que recibe 22.000 euros al año en concepto de auxiliares y profesores de conversación. “Tenemos un acuerdo con el British Council y ofrecemos clases los martes, los miércoles y los jueves”, abunda la religiosa, quien, orgullosa de su centro –que escolariza a un millar de alumnos desde Educación Infantil y hasta Bachillerato–, nos habla de las 25 horas lectivas que imparten, más una hora de Lengua y Matemáticas, y clases de compensatoria en Secundaria y apoyo en Primaria.

Certificados de calidad

“Hemos pasado todos los certificados de calidad e, incluso, hemos tenido distintas auditorías en los últimos años demostrando que la contabilidad del centro está a cero”, explica. Pero ello, apunta, no porque las administraciones públicas soporten todos los gastos del centro, sino por la inestimable ayuda de las familias, que han entendido que es necesaria su aportación voluntaria para llegar a fin de mes.

Gloria Vignote, directora del colegio Blanca de Castilla

Raúl Gordo, administrador de este centro (uno de los 950 de esta clase que hay en España), muestra datos concretos de la gestión del colegio: “El importe anual del año pasado en la categoría de ‘otros gastos’ (luz, agua, calefacción…) ascendió a 500.000 euros, y el pago de la Comunidad de Madrid en este concepto fue de 294.683,16 euros”. Se trata de 39 unidades de concierto, correspondientes a nueve de Infantil, 18 de Primaria y 12 de Secundaria.

En total, 700 alumnos cuya educación le supone al centro un déficit de más de 200.000 euros que, finalmente, es subsanado por los 49 euros mensuales que aportan los padres de manera voluntaria. “La Administración no nos ayuda, pero tampoco nos deja presentar los presupuestos con déficit”, destaca.

A esto hay que sumarle la negativa a realizar amortizaciones, el llevar más de dos años sin aumentar la partida que las comunidades autónomas tienen asignada para la educación concertada y a la gran dificultad para poder solicitar sustituciones. El profesorado cobra directamente de las administraciones su sueldo, en el denominado “pago delegado”, pero, cuando se trata de sustituciones, es el centro quien adelanta el dinero a los profesores hasta que este es abonado.

“El año pasado tuvimos dos sustituciones y, desde enero, no nos las han abonado”, explica el administrador del colegio, quien muestra que esta deuda en el curso pasado asciende a 80.000 euros. En total serían 280.000 los euros de déficit sin el concepto de la “ayuda voluntaria” mensual de los padres, quienes constitucionalmente tienen derecho a elegir la educación que prefieren para sus hijos. Una educación que, en principio, también debería ser gratuita.

Un mal negocio

“Un centro concertado no lo quiere nadie”, explican Gloria y Raúl, hablando estrictamente desde el punto de vista económico. “Es un mal negocio”, afirman ambos, explicando que la crisis económica está también afectando a las aportaciones voluntarias que reciben de los padres: “Algunos no pueden pagar esta aportación voluntaria” y otros apoyan con 10, 12, 15 euros, o con lo que pueden.

“Aquí no obligamos a nadie”, explican, destacando que, poco a poco, “las familias se están mentalizando de que ese dinero es necesario”. “Si este número de padres que no pueden aportar debido a la crisis económica llegara a ser un número significativo, habría que cerrar”, destacan.

“La situación que estamos viviendo es crítica y ajustamos a tope los gastos”. Gloria recuerda otros tiempos de este colegio en el que “podíamos sobrevivir porque muchas religiosas estábamos trabajando gratis” en él. En la actualidad, ella es la única religiosa que desempeña una labor en este centro educativo que lleva más de cien años con las puertas abiertas en pleno centro de la capital.

Se trata de un mal endémico de todos los colegios concertados en España, porque la cuantía que Educación destina directamente a estos centros para cubrir lo que se conoce como “otros gastos” (personal de limpieza, ordenanzas, secretaría, luz, agua, calefacción…) es insuficiente, cuando no llega con meses de retraso. “Para ajustarnos con lo que nos dan, deberíamos encender las luces a las 8 de la mañana y apagarlas una hora más tarde. O, también, deberíamos tener el centro sin calefacción”, explica la directora.

Actualmente, un grupo de trabajo integrado por representantes del Ministerio de Educación, de las comunidades autónomas (Madrid y Andalucía), de la patronal de la enseñanza (Escuelas Católicas y CECE) y de los sindicatos (FSIE y USO) se encuentran estudiando esta problemática para que la cantidad económica que la Administración asigne a los colegios concertados no les genere déficit.

No es fácil, porque son múltiples las variables que hacen muy diferentes los costes, desde las enseñanzas que se imparten, los alumnos con necesidad de apoyo educativo, los programas que se desarrollan, las diferencias en las comunidades autónomas respecto a la remuneración del profesorado o las ratios profesor/aula y alumnos/aula. No obstante, según un estudio presentado por la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), el coste actual del puesto escolar en la escuela concertada sería de 2.711 euros, mientras que en la escuela pública ascendería a 6.567 euros, lo que supondría un ahorro de 2.348.064 euros al año para las comunidades autónomas.

Una diferencia sustancial que, finalmente, debe ser aportada por los padres de la escuela concertada mediante cuotas voluntarias, a través de donaciones, subvenciones o ingresos privados correspondientes al alquiler de las instalaciones.

RECORTE DE GASTOS SUPERFLUOS

La crisis económica ha llegado al mundo educativo con recortes en el sistema público que, desde el año 2006, y tras la promulgación de la Ley Orgánica de Educación (LOE), les corresponde gestionar a las comunidades autónomas. En la escuela pública, la partida correspondiente a “otros gastos” es aportada por los ayuntamientos, pero en la enseñanza concertada esto no sucede y desde hace años llevan intentando recortar gastos para ajustar sus presupuestos.

Ya en el 2008, durante un encuentro en Cádiz, Alfonso Aguiló, director del colegio concertado Tajamar, en Madrid (perteneciente a CECE), alertaba de las repercusiones de la crisis en el mundo educativo y aconsejaba medidas como “el mantener la calefacción a 22º y el aire acondicionado a 25º; apagar totalmente los ordenadores y revisar el consumo de papel y fotocopias; poner luces de bajo consumo o recortar gastos superfluos, como salidas o excursiones”. Medidas destinadas a reducir lo que entra en el capítulo de “otros gastos” y para prevenir las dificultades a las que ahora se enfrenta la escuela concertada.

En el número 2.769 de Vida Nueva.

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