El CELAM convocó en Lima un seminario sobre industrias extractivas en el continente
Mina Marlin, en San Miguel Ixtahuacán-San Marcos (Guatemala)
RAFAEL QUINTANILLA. LIMA | Arzobispos, obispos, sacerdotes, religiosas, líderes sociales, profesionales y académicos de 17 países de América Latina y El Caribe, Norteamérica y Europa se reunieron en Lima, del 14 al 16 de junio, para participar en el seminario internacional convocado por el Departamento de Justicia y Solidaridad del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) sobre industrias extractivas (minería e hidrocarburos). La cita culminó con éxito e importantes conclusiones en torno a la problemática de los recursos naturales en el continente y los desafíos que plantea a la Misión de la Iglesia.
Así, se sostuvo que la espiritualidad del discípulo misionero de Jesucristo tiene un compromiso que renueva y afirma la opción por los pobres, primeros perjudicados debido a los efectos destructivos ocasionados por el actual modelo económico y a los desastres naturales producidos por el cambio climático. “Los cristianos –señala el documento final– debemos participar en promover una ética ecológica, transformadora y eficaz”.
Para Pedro Ricardo Barreto Jimeno, actual presidente del citado departamento, el principal reto que salió de este encuentro es “posibilitar un diálogo transparente con responsabilidad social entre las empresas extractivas y las poblaciones que serán afectadas por la explotación”.
“Otro desafío –añadió el también arzobispo de Huancayo (Perú)– es la problemática global de las materias primas, porque estas salen de América Latina y El Caribe en una situación de imposición y dependencia muy graves, que tenemos que iluminar desde la Doctrina Social de la Iglesia”.
En el seminario se pudieron escuchar las vivencias de hombres de Iglesia, como Álvaro Ramazzini, obispo de San Marcos (Guatemala), quien narró cómo en su país “hay comunidades divididas, gente que está a favor y en contra de la mina Marlin, en San Miguel Ixtahuacán-San Marcos”. Ante esta situación, su diócesis está “acompañando a las comunidades afectadas a buscar caminos de diálogo. Estamos incidiendo en el Gobierno para cambiar la ley de minería y monitoreando el agua para verificar si hay contaminación, y tenemos reuniones con los directivos de la mina para evitar futuros conflictos”.
El prelado recordó que “no siempre lo legal es justo”, y es ahí donde “a veces nos topamos con muros, porque queremos hacer propuestas que van en la línea de la justicia, pero que se topan con el principio de la legalidad”. Pese a todo, destacó los cambios positivos alcanzados: las consultas comunitarias, “que ahora son 60 en todo el país”; más debate a nivel nacional; y “una mayor conciencia en la población, que está diciendo no a la minería”.
Minería y contaminación
Otro importante testimonio fue el que brindó el padre Oswaldinho Alves Barbosa, de la diócesis brasileña de Caetité (Estado de Bahía), quien lamentó el impacto negativo que está generando la industria minera de uranio en este municipio, convertido en el principal yacimiento de combustible nuclear para la primera economía sudamericana.
“Actualmente, las diversas comunidades que viven alrededor de la mina –relató– sufren la contaminación de las aguas por la radioactividad generada de la actividad minera. La mina dice que la contaminación es producto de la naturaleza, por eso, la población está luchando para que se realicen estudios independientes que establezcan un nexo entre la extracción de uranio y la contaminación de las aguas”.
Son experiencias todas ellas que reflejan los temores y preocupaciones de la Iglesia por la contaminación medioambiental, que quedan recogidos en el documento final del reciente seminario organizado por el CELAM. “Estas actividades generan expulsión, dispersión y deposición de sustancias materiales como cianuro de sodio, plomo, arsénico, uranio, mercurio y otros metales pesados que contaminan, directamente o por infiltración, los recursos hídricos (glaciares, lagos y ríos), el aire y el suelo, cuya contaminación, en algunos casos, perdura por miles de años”, denuncia el texto conclusivo.
Frente a esta realidad, la Iglesia siempre aboga por el diálogo franco y transparente: un diálogo intercultural, interreligioso, cercano a las iniciativas de la sociedad civil de cada país. Por ello, recomienda que se “practique la consulta previa a los pueblos que estarán afectados y que se garantice el consentimiento previo, libre e informado, tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT, y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas”.
En el número 2.759 de Vida Nueva
