No más abusos ni muertes y mayor garantía de tránsito

Lanzada en México de la campaña ‘Por el derecho a migrar sin violencia’

El P. Pantoja en la Casa del Migrante 'Belén'

PABLO ROMO. MÉXICO DF | Expertos de todo el mundo en movilidad humana se acaban de reunir en Saltillo (Coahuila), coincidiendo con el lanzamiento de la campaña Por el derecho a migrar sin violencia, para estudiar la actual legislación migratoria y formular propuestas que hagan posible tal derecho. Organizaciones nacionales e internacionales especializadas en el tema acordaron una agenda de siete puntos prioritarios para poner fin a los abusos que sufre este colectivo, protagonista de una  tragedia humanitaria que se ha cobrado miles de víctimas y al menos 20.000 extorsionados en lo que va de año. “Esto tiene que llegar a su fin ya”, reclamó el padre Pedro Pantoja, responsable de la Casa del Migrante ‘Belén’ en la misma diócesis mexicana.

Entre los citados siete puntos conclusivos del Foro Migrar sin violencia, se pide que “se proporcione a las personas transmigrantes la posibilidad de transitar el territorio nacional con un estatus migratorio regular”; “que se garantice la seguridad de las personas mexicanas que se ven obligadas a migrar y que se han convertido en centro de mercantilización igual que la población transmigrante”.

De igual forma, se solicita que se reconozca y proteja el derecho de defender a los migrantes y que los programas de deportación garanticen el respeto total de los derechos humanos. Los participantes exigieron al Gobierno mexicano, asimismo, que cumpla con el deber de investigar cualquier tipo de presunto crimen contra migrantes, particularmente secuestros, masacres, violencia sexual y otros abusos, aunque esté implicado su propio personal policial.

Y no les falta razón en sus demandas, porque días atrás un grupo de activistas descubrió cómo miembros de la policía de migración y del Ejército entregaban a mafiosos decenas de centroamericanos, hombres y mujeres, tras haber sido detenidos “legalmente para ser deportados”.

La cónsul hondureña en México, Patricia Villamil, por su parte, fue removida recientemente de su cargo por denunciar la colusión de diversas autoridades con la explotación laboral y sexual de que son objeto las mujeres migrantes en la frontera de Chiapas, donde “hay clara evidencia de la explotación laboral y sexual de mujeres hondureñas”, lamentó la diplomática. “Hay testimonios desgarradores de niñas esclavizadas en prostíbulos de Frontera Comalapa –añadió Villamil–, así como de abusos por parte de policías ministeriales y agentes del Instituto Nacional de Migración (INM). Por ello, exigimos la intervención del Gobierno”.

La violencia y xenofobia contra los migrantes centroamericanos se extiende también en muchas partes del país a los africanos, haitianos o asiáticos. Así, el 10 de mayo pasado, Isaac Echinedu Nwachukwu, de origen nigeriano, murió tras ser golpeado brutalmente por agentes de la policía auxiliar de Ciudad de México. Desde el Foro Migrar sin violencia se alentó a las organizaciones religiosas y de la sociedad civil a combatir graves expresiones xenófobas como esta.

En el encuentro de Saltillo participaron el Servicio Jesuita de Migrantes, la Alianza entre Religiones por la Justicia Laboral (Arizona), la Fundación Rafto para los Derechos Humanos (Noruega), el Centro de Derechos Humanos para Migrantes ‘Beato Juan Bautista Scalabrini’ y otras 70 organizaciones más.

FOSAS CLANDESTINAS

Mientras el Foro de Saltillo salía en defensa de los migrantes, la policía detenía en Zacatecas a Édgar Huerta Montiel, alias ‘El Wache’, presunto responsable de las masacres de San Fernando (Tamaulipas), donde se encontraron más de 70 cadáveres de centroamericanos en fosas clandestinas. Este joven de 22 años, que fue miembro del Ejército mexicano, reveló ante el Ministerio Público que hay al menos 600 cuerpos más de migrantes enterrados en la región en similares circunstancias.

La noticia ha generado una gran estupefacción y ha movilizado a familiares de desaparecidos que buscan por todas partes a parientes que un día salieron en busca del sueño americano y nunca más se supo de ellos. Cabe recordar que, recientemente, fueron encontrados en Durango 245 cadáveres en diversas fosas clandestinas, cuyos cuerpos corresponden a personas presuntamente de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador que aún no han sido reclamadas por sus familiares. “Los refrigeradores de las morgues no dan abasto y la identificación de los restos es difícil y lenta”, han afirmado los forenses del Estado.

En el número 2.759 de Vida Nueva

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