Jorge Otaduy: “Colaborar con la Iglesia es un gran negocio para el Estado”

Profesor de Derecho eclesiástico en la Universidad de Navarra

F. OTERO | Jorge Otaduy, profesor de Derecho eclesiástico en la Universidad de Navarra, conoce muy bien la cuestión del sostenimiento de la Iglesia, que no se “reduce” –como insiste– a la colaboración con el Estado, sino que abarca un amplio campo en el que se incluye la gestión del patrimonio, las normas de buen gobierno o la modernización de las técnicas económicas.

Precisamente, en la profesionalización de los gabinetes económicos de las diócesis está empeñado a través del Grupo de Investigación para el Sostenimiento de la Iglesia Católica (GISIC), que reúne a unos 40 económos diocesanos y otros administrativos bajo su coordinación.

– ¿Cómo está funcionando el nuevo sistema de asignación tributaria?

– Bien. Se ha incrementado el monto total de lo que percibe la Iglesia y, sobre todo, se está logrando que crezca el número de declarantes. Cabe recordar que la cantidad que la Iglesia recibe por vía de la declaración cubre la cuarta parte de sus necesidades. La parte principal de los recursos de la Iglesia procede de las aportaciones voluntarias de los fieles.

– ¿Es un privilegio?

– Es lógico que la gente se haga esta pregunta, porque cualquier solución de carácter singular resulta sospechosa de trato de favor. Sin embargo, no toda distinción es de suyo discriminatoria. Lo que sería injusto es que el Derecho del Estado prohibiera a alguna confesión religiosa –o a todas las no católicas– lo que reconoce a la Iglesia católica. Pero no es lo que sucede en España. La posibilidad está abierta para cualquier confesión que alcance un acuerdo con el Estado. Sin embargo, otras modalidades de cooperación económica pueden ser más convenientes para algunas, como las desgravaciones fiscales u otras fórmulas como las establecidas mediante la Fundación Pluralismo y Convivencia.

– ¿Cómo valora que el dinero invertido por la Iglesia en sus actividades rinda más que en otras instituciones?

– Las cuentas de la Iglesia muestran claramente que la colaboración con ella es un gran negocio para el Estado en términos de control de gasto, lo que en tiempos de austeridad habría de ser particularmente apreciado. La actividad pastoral de la Iglesia se realiza a un coste reducido; también la de tipo asistencial y formativo.

– ¿Es adecuado apelar a la labor asistencial –Cáritas o Manos Unidas– para animar a marcar la X, cuando la mayor parte de lo que se recauda se destina a pagar a sacerdotes?

– En la Iglesia carece de sentido introducir una separación entre lo espiritual o pastoral y lo asistencial. Sin la dimensión espiritual y la correspondiente actividad pastoral, la Iglesia no sería Iglesia ni habría servicio de la caridad.

– ¿Cómo explicarlo de modo más pragmático?

– Si el sostenimiento de los sacerdotes y el coste de la seguridad social se carga a la asignación tributaria, se liberan para los necesitados los recursos aportados por los fieles, que de otro modo habría que destinar a esos otros fines más institucionales. En definitiva, toda ayuda prestada a la Iglesia va a redundar en servicio de los necesitados, por una vía o por otra, antes o después.

En el nº 2.759 de Vida Nueva.

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