Centros católicos censuran el proyecto del Gobierno, que prevé retirar las subvenciones a los concertados que segreguen por sexo
La ministra Leire Pajín presentó el proyecto de Ley
FRAN OTERO | Hace poco más de una semana, el Consejo de Ministros aprobó la remisión al Congreso de la Ley de Igualdad de Trato que, entre otras cosas, prevé que se cancelen los conciertos educativos para los centros que segreguen por sexo a sus alumnos. La ministra de Sanidad, Leire Pajín, se apoyó para defender el proyecto en el Consejo de Estado. “La Ley ha propuesto no subvencionar con conciertos [en estos casos] y el Consejo de Estado avala la tesis del Gobierno”, sostuvo en rueda de prensa, informa Europa Press.
Dijo también que no se trata de hacer desaparecer este tipo de colegios, sino de no financiarlos, y volvió a citar el informe del órgano consultivo para reafirmar que “no se vulnera el derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación religiosa ni moral conforme a sus convicciones y en ningún caso vulnera la libertad de educación”. Precisamente, es el mismo organismo el que advirtió de que habrá que modificar la Ley Orgánica de Educación (LOE) para poder poner en marcha esta medida.
La cuestión ha provocado, en los últimos días, la reacción de numerosas asociaciones educativas y de padres, así como de partidos políticos. Es el caso de la confederación de padres CONCAPA, que reitera que se trata de “una medida arbitraria, que no se argumenta ni tiene respaldo legal y afecta especialmente a los padres, que ven mermados su derechos a la libre elección de centro educativo y a la gratuidad de la enseñanza obligatoria”.
Precisamente, esta asociación, junto con otra confederación de padres como COFAPA, las patronales de la enseñanza CECE y Escuelas Católicas, y los sindicatos USO y FSIE, ya habían denunciado el pasado mes de marzo que se trataba de una decisión que “vulnera la normativa exigente y que no se ajusta a las directivas comunitarias”, además de crear inseguridad jurídica y dificultar la tarea docente.
Demostrar la no culpabilidad
Decían también, como han vuelto a reiterar, que el proyecto “podría llegar a cuestionar modelos pedagógicos avalados por el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y los organismos internacionales”.
“Con todo, lo más preocupante para estas entidades es la sobrecarga de dificultad que impone a los centros escolares, obligando a titulares y profesores a demostrar continuamente que sus acciones no son discriminatorias en el transcurso ordinario de la convivencia escolar, es decir, a demostrar la no culpabilidad”, explicaban.
La nota concluía con un llamamiento a los grupos políticos con representación parlamentaria “a ejercer su responsabilidad en la defensa del pluralismo educativo, y el derecho constitucional de los padres a la elección de centro y a la gratuidad de las enseñanzas básicas y obligatorias”.
En una nota posterior, CONCAPA, tras poner de manifiesto que apoya y respeta sin distinciones el máximo pluralismo educativo, mostró el convencimiento de que los planteamientos de esta legislación “en nada contribuyen a mejorar la educación y ante los cuales las familias no podemos tolerar mayor pérdida de derechos, por lo que denunciaremos la Ley ante las instancias pertinentes”.
PP y CiU, en contra
En este sentido, tanto el Partido Popular como CiU se han posicionado en contra del proyecto, que consideran “discriminatorio” en la cuestión concreta de los conciertos educativos, porque va a provocar que los padres que quieran optar por ese tipo de educación tengan que pagarla. En concreto, los nacionalistas catalanes inciden en que afectará, sobre todo, a las clases medias y bajas, que no pueden acudir a centros privados para optar a ese tipo de formación.
A pesar de la controversia que se ha generado –también se han escuchado quejas desde sectores como el empresarial o el de los medios de comunicación, o peticiones de los partidos nacionalistas para que se incluya la discriminación lingüística–, el Gobierno quiere que el proyecto se tramite de urgencia y, por lo tanto, que esté aprobado lo antes posible, algo a lo que se opone el PP, que señala que el proyecto necesita un detenido análisis.
En cualquier caso, no todo está dicho, pues el texto puede ser objeto de enmiendas por las distintas fuerzas políticas, al margen de que el Grupo Socialista, que sostiene al Gobierno, tenga que negociar los apoyos con otros grupos para sacar la Ley adelante. Precisamente, algunas organizaciones civiles están realizando una campaña para pedir a los portavoces parlamentarios, a través del correo electrónico, que voten en contra y devuelvan el proyecto al Ejecutivo.
En el nº 2.756 de Vida Nueva.
