Crece el número de sacerdotes asesinados en México

Un informe de la Sociedad de San Pablo cifra en 20 los muertos desde 1993

PABLO ROMO CEDANO. MÉXICO|  El número de agresiones y ataques a sacerdotes se ha incrementado durante los últimos años en México, según recoge un reciente informe del Centro Católico Multimedial (CCM) de la Sociedad de San Pablo, que contabiliza, además, el asesinato de 12 presbíteros y religiosos en los últimos seis años. Un período durante el cual “más de mil sacerdotes fueron víctimas de intentos de extorsión y, aproximadamente, 162 fueron amenazados de muerte”.

El informe destaca que “los delincuentes buscan dinero a cambio de protección, mientras que los pastores se ven amenazados”. La misma fuente denuncia que, desde 1993 hasta hoy, se han cometido 20 crímenes entre dicho colectivo (un cardenal, 15 sacerdotes, tres religiosos y un laico que ejercía las labores de sacristán), repartidos así por Estados: Distrito Federal (4), Chihuahua (3), Guerrero (3), Jalisco (2), Oaxaca (2), Veracruz (1), Michoacán (1), Hidalgo (1), Aguascalientes (1), Coahuila (1) y Puebla (1).

El trabajo del CCM, que detalla, asimismo, la cifra de muertes durante cada legislatura (desde Salinas de Gortari hasta Calderón, pasando por las presidencias de Zedillo y Fox), se une a las decenas de reportes que circulan a nivel nacional e internacional dando cuenta de cómo periodistas y defensores de los derechos humanos son también víctimas de la guerra sucia que vive el país.

El informe de la Sociedad de San Pablo, sin embargo, se centra en los ministros de culto, atribuyendo sus crímenes al “laicismo radical”; y se remonta incluso al asesinato del cardenal Posadas, en mayo de 1993 en Guadalajara, en los albores de la violencia generada por el crimen organizado, hasta desembocar en los últimos homicidios. Por otra parte, haciéndose eco de los datos manejados por la Agencia Fides, de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, constata cómo México ocupa el segundo lugar (15 %) de América Latina en los asesinatos de sacerdotes, solo por detrás de Colombia (40 %) y por delante de Brasil (10 %).

En varias ocasiones, Vida Nueva ha hablado de las agresiones a religiosos en el contexto de violencia que vive el país. Es el caso de los asesinatos del P. Habacuc Hernández Benítez y los seminaristas Eduardo Oregón Benítez y Silvestre González Cambrón en junio de 2009 (VN, nº 2.665), atacados cuando se dirigían a una reunión de pastoral vocacional. Religiosos y religiosas no están exentos de dicha violencia y, en ocasiones, los extorsionadores encuentran en ellos víctimas fáciles.

Con frecuencia, además, “saben demasiado” por su contacto con el pueblo, como el P. Alejandro Solalinde, que defiende los derechos de los migrantes en Oaxaca, o el P. Pedro Pantoja, que hace lo propio en Saltillo.

Al igual que los consagrados, miles de agentes de pastoral laicos y laicas reciben amenazas a diario por su defensa de la vida y su compromiso con el prójimo.

Extorsión y amenazas

También cientos de colegios administrados por religiosos y religiosas se enfrentan a serios problemas por las dificultades que presenta la convivencia de hijos de personas que participan en el crimen organizado con otros de políticos y miembros de las fuerzas armadas o, simplemente, de ciudadanos de a pie. Días atrás, Vida Nueva departía con el director de una facultad de una universidad administrada por religiosos (cuyo nombre se omite por razones obvias), quien reconocía que estudiantes “influyentes” extorsionan incluso a profesores y directivos exigiendo mejores calificaciones a cambio de inmunidad e integridad física.

Mientras, Naciones Unidas, en su informe actualizado sobre defensores de los derechos humanos, relata las amenazas contra centros impulsados por diócesis, religiosas y religiosos que trabajan en este campo, y contabiliza decenas de casos de homicidios, amenazas, hostigamientos y extorsiones. El Comité de Derechos Humanos de la ONU expresa su “preocupación por la falta de progresos significativos” en la aplicación de sus recomendaciones, incluidas las relativas a la violencia contra las mujeres, el despliegue de las fuerzas armadas para garantizar la seguridad pública y la falta de protección de los defensores de derechos humanos y periodistas. A su juicio, México “debe tomar medidas inmediatas para proporcionar protección eficaz a los periodistas y a los defensores de los derechos humanos, cuyas vidas y seguridad corren peligro”.

En el nº 2.749 de Vida Nueva

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