MIGUEL ÁNGEL MALAVIA| Escuelas Católicas (EC) denuncia la “modificación silenciosa de aspectos importantes del sistema educativo” llevada a cabo por el Gobierno a través de la Ley de Economía Sostenible. En virtud del llamado tijeretazo social, emprendido hace un año, ha habido un “recorte en el módulo de conciertos que está provocando una grave crisis en el sector de la enseñanza concertada, una enorme inseguridad jurídica y la anulación de los principios de la negociación colectiva entre organizaciones patronales y sindicales”. La consecuencia es que “el actual régimen de conciertos se encuentra en un momento crucial y puede estar en peligro por un módulo económico insuficiente e injustamente reducido”.
Esta reclamación fue incluida en el comunicado que EC hizo público a la conclusión de su Asamblea Nacional, el 17 de marzo en Madrid. Los reunidos reiteraron al Gobierno la “necesidad de diálogo”, invitándole a “potenciar la inversión en educación y la dotación de los recursos necesarios” como el modo idóneo de afrontar la crisis económica. En este sentido, manifestaron que “la educación inclusiva” es “seña de identidad y factor de calidad” de sus centros; aunque su acción requiere “más personas, recursos y financiación”.
En lo pastoral, EC se propone intensificar la “formación cristiana” de sus docentes, de modo que estos tengan “los suficientes fundamentos para que puedan dar razón de su fe tanto a los alumnos como a sus familias”. La nota concluía resaltando su trabajo “de forma coordinada y colaborativa con la Conferencia Episcopal Española”, impulsando, “de manera conjunta, nuevas acciones para mejorar la educación y evangelización de sus centros, en colaboración con las parroquias y las familias”.
Desde EC se presta apoyo a la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid por ser esta “una oportunidad” para que crezca en los jóvenes “la firmeza de la fe” y el “sentido de pertenencia eclesial”.
En el nº 2.748 de Vida Nueva
