Diversas entidades civiles y religiosas firman una declaración para reducir la violencia y promover la justicia social
Juan Vicente Córdoba y Angelino Garzón, durante la jornada
JIMMY ESCOBAR G. BOGOTÁ | El pasado 24 de marzo, en la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) en Bogotá, tuvo lugar la firma de la Declaración de la Sociedad Civil Colombiana sobre Reducción de la Violencia Armada y Promoción del Desarrollo, un acto que convocó a todos los representantes de ONG y organizaciones religiosas promotoras de paz en el país. La jornada contó con la presencia, entre otros, del secretario general de la CEC, Juan Vicente Córdoba; del vicepresidente de la República, Angelino Garzón; del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, así como de embajadores y representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil.
Restrepo, quien se hizo presente minutos después de iniciado el evento, recordó que “no es con el uso ilícito de las armas con lo que se va a lograr el desarrollo social del país”, y lamentó que “cada vez más se pierde la capacidad de asombro y se advierte la incapacidad de reacción”, por lo que “esta Declaración es una forma de reaccionar y actuar”. Antes, el director de Redepaz, Luis Emil Sanabria, desveló que “cuatro millones de armas ligeras circulan en el país y más de la mitad están en manos criminales”. Y es que, como apuntó, por su parte, Daniel Luz, asesor para la seguridad ciudadana del PNUD para América Latina, en muchos Estados de la región, la inversión en armamento supera el presupuesto de salud y educación.
El documento –suscrito por entidades como la Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM), la Red Nacional de Iniciativas por la Paz y Contra la Guerra (Redepaz), la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), el Secretariado Nacional de Pastoral Social (SNPS/Cáritas Colombiana) y el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)– se compromete a poner en marcha principalmente tres acciones:
1. La constitución de un grupo de trabajo sobre reducción de la violencia armada, promoción del desarrollo y construcción de la paz, encargado de “hacer seguimiento y diagnóstico permanente del marco normativo y regulatorio existente”, así como de “liderar y ejecutar una campaña nacional permanente de educación para el desarme”.
2. Canalizar, coordinar y apoyar iniciativas de la sociedad civil dirigidas a reducir la violencia armada y promover el desarrollo para mejorar su efectividad.
3. Incluir acciones en los programas, proyectos e intervenciones de las organizaciones de la sociedad civil para que, de manera indirecta, consideren reducciones de la violencia armada.
El vicepresidente del país calificó esta convocatoria de “muy oportuna” e invitó a los participantes a “construir un frente común” para generar una cultura de “cero tolerancia con la violencia”. Asimismo, apeló a la equidad social como base para erradicar esa violencia, porque “un país mejor no se hace solo con mejores indicadores económicos, sino con buenos indicadores sociales”. “El desarrollo económico y el bienestar social –añadió– deben tener una perspectiva de justicia para reparar a las víctimas y sancionar a los victimarios”.
Diálogo con empresarios
Fue entonces cuando Garzón lanzó una sugerencia inesperada para los presentes: “Pienso que ustedes, representantes católicos, cristianos, evangélicos y demás –exhortó– podrían buscar un diálogo con los principales gremios empresariales, para que se visualice mejor el tema de la democracia; no para que unos pocos vivan mejor, sino para que todos vivamos mejor”. Se trataría, en su opinión, de buscar entre todos la manera de incrementar los indicadores sociales al mismo ritmo que los macroeconómicos.
“Creo que en América Latina se debe tener cuidado con que los indicadores económicos sean lo más importante y no los otros aspectos”, advirtió, al tiempo que se ratificó en su postura de las últimas semanas, durante el duro debate mantenido con el Consejo Gremial del país. “Tenemos la responsabilidad de disminuir el desempleo –insistió–, pero no a costa de la generación de empleo precario o la explotación laboral. No se puede construir democracia a partir de la miseria del otro”.
Preguntados por la viabilidad de esta propuesta del vicepresidente, representantes de diversas religiones y confesiones reconocieron a Vida Nueva que “llega en un buen momento” (imán Julián Zapata), es “muy válida” (Héctor Fabio Henao, director de SNPS/Cáritas Colombiana), “bastante viable” (Jorge Luis Lombana, representante ortodoxo) y de “responsabilidad profética” (Eduardo Martínez, pastor evangélico luterano).
En el nº 2.748 de Vida Nueva
