Rechaza dos decretos del Ejecutivo que podrían generar conflictos socioambientales
(Texto: Rafael Quintanilla) El Gobierno peruano ha emitido los Decretos de Urgencia (DU) 001 y 002, que han despertado temores en la Iglesia y en toda la sociedad civil del país, al considerar que atentan contra el medio ambiente, además de ser inconstitucionales.
Los polémicos DU establecen que las certificaciones ambientales ya no serán requisito para iniciar 33 proyectos de inversión (carreteras, puertos y centrales hidroeléctricas) en varias regiones del país, al considerar que son una prioridad nacional. Así, el Gobierno pretende reducir el tiempo de ejecución, omitiendo controles previos necesarios para aprobar estas obras público-privadas.
La Iglesia peruana se ha manifestado en contra de estos decretos, consciente de que en el país hay más de 200 conflictos sociales, la tercera parte de ellos vinculados al manejo del agua y recursos hídricos. Según un comunicado firmado por Héctor Cabrejos, arzobispo de Trujillo y presidente del Episcopado, “es preocupante que estos decretos puedan convertir la exigencia de los estudios de impacto ambiental en un requisito administrativo no obligatorio”.
La preocupación de la Iglesia se justifica por el constante protagonismo que ha ejercido en defensa de las comunidades campesinas e indígenas cuando ocurre un desastre ambiental. En los últimos tres años, muchos hombres de fe han sufrido persecución por parte del Gobierno, al ser considerados promotores de levantamientos contra megaproyectos de inversión.
El problema radica en que las concesiones petroleras y mineras son adjudicadas desde el Ejecutivo sin el permiso de las comunidades indígenas y campesinas que habitan en los territorios. Además, el visto bueno para el proyecto se otorga sin aprobar los estudios correspondientes, justificándose en que con esas inversiones se generarán más puestos de trabajo.
Para los especialistas, los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) pierden su propósito de garantizar al mínimo una influencia negativa en el entorno natural y social que puedan producir esos megaproyectos. Para colmo, el ministro del Ambiente, Antonio Brack, se mostró favorable a ambos decretos, asegurando que su finalidad es eliminar la burocracia del Estado para agilizar la inversión que se necesita en el país. Lo que no dice el ministro es que, según las normas, la presentación de los EIA se mantienen, pero con posterioridad a la ejecución del megaproyecto.
Oposición de la Defensoría
Asimismo, la Defensoría del Pueblo, organismo estatal que supervisa que las instituciones del Estado no vulneren los derechos ciudadanos en el ejercicio de sus funciones, expresó su oposición a los decretos de urgencia, calificándolos de inconstitucionales. Beatriz Merino, máxima autoridad de tal institución, indicó que “no se justifican su excepcionalidad y necesidad como exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. Además, añadió que “en los referidos decretos no se señala con precisión cuáles son las consideraciones de extraordinaria y urgente necesidad que justifican su expedición. Tampoco qué daños irreparables ocasionarían de no emitirse estas normas; por consiguiente, al no haber justificado su excepcionalidad y necesidad, los referidos decretos de urgencia serían inconstitucionales”.
La polémica por estos decretos llegó hasta la campaña electoral. El ex presidente, Alejandro Toledo, que hoy es el candidato presidencial que se mantiene favorito en las encuestas y que quizá vuelva a ser elegido, pidió al Gobierno que derogue las normas. “¿Qué urgencia hay para licitar obras, o es una ventana para la corrupción?, ¿qué negociados hay detrás de esto?, ¿qué urgencia existe para dejar amarradas 33 obras sin licitaciones? Le pido, con todo respeto, que disuelva esos decretos de urgencia”, exhortó al presidente Alan García.
Muchos analistas coinciden en que estos decretos son parte de una maniobra política desde el Gobierno. La razón del apuro obedecería a que el partido oficialista, el APRA, tendría serios problemas para lograr un mínimo de escaños en el Parlamento en las elecciones del 10 de abril, debido a los constantes escándalos por corrupción de algunas de sus más destacadas figuras. La necesidad de presentar o dejar en marcha estas obras antes del 28 de julio podría servir para mejorar la alicaída imagen del partido de la estrella.
En el nº 2.742 de Vida Nueva
