Cáritas, al límite de sus posibilidades

Ha duplicado su acción y ha visto recortados sus ingresos desde la Administración

(Miguel Ángel Malavia) La persistencia de la crisis económica en España amenaza a los que sufren sus consecuencias más duras; principalmente, a los alrededor de 4,5 millones de parados, de los que más de un millón pertenecen a familias en las que todos sus miembros carecen de empleo.

Pero también afecta a los que se dedican exclusivamente a tratar de ayudarles. Cáritas, que es la institución que más se está volcando en esta tarea –según los datos de su última Memoria, atendió en 2009 a casi 800.000 personas, con una inversión de 230 millones de euros–, se encuentra ya al límite de sus posibilidades, lo que podría tener unas consecuencias extraordinariamente graves a nivel social.

Así lo advirtió el pasado 16 de febrero, con motivo de una rueda de prensa en su sede madrileña para hacer pública la declaración final de su 67ª Asamblea General, que había congregado en El Escorial, del 28 al 30 de enero, a los representantes de sus delegaciones diocesanas. El texto es meridianamente claro: “Reiteramos con rotundidad que la acción de ayuda que podemos realizar desde Cáritas tiene unos límites que ya están superados y que, dado el recorte en los recursos públicos, lo serán aún más”.

El hecho es que Cáritas, sólo en los dos últimos años, ha visto cómo “se han duplicado el número de solicitudes atendidas en nuestros Servicios de Acogida y Atención Primaria”. Pese a todo, ha buscado contrarrestar “la insuficiente respuesta de los servicios públicos, la aplicación de nuevos recortes sociales y el insuficiente alcance de las políticas sociales a la hora de atender los derechos básicos de los ciudadanos más golpeados por la crisis económica”. Hasta el punto de ver peligrar su propia capacidad de acción.

Por ello, desde su experiencia directa, Cáritas reclama a las respectivas administraciones públicas “soluciones” que “no conlleven recortes sociales en detrimento de las personas excluidas”; en clara alusión a la reducción en la inversión por parte del Estado en la Ayuda al Desarrollo. En este sentido, dirigen “un llamamiento a la responsabilidad de todos ante las próximas elecciones autonómicas y locales”, previstas para el 22 de mayo. Con un doble fin.

Primero, para que los representantes políticos “propongan, asuman y cumplan los compromisos indispensables” que fueron ratificados en el Pacto de Estado contra la Pobreza, firmado el 19 de diciembre de 2007. Y, segundo, para pedir que “todos los actores sociales” suscriban públicamente “un Acuerdo Marco ‘por la inclusión social y el empleo de los excluidos más vulnerables’”.

Con el fin de que esta actitud de compromiso global cale en los distintos representantes de la sociedad, los firmantes de la declaración ponen como referencia el hecho de que el presente 2011 haya sido declarado Año Europeo del Voluntariado. Así, piden que “no quede en la mera celebración, sino que nos permita fortalecer la misión del voluntariado como eje dinamizador de una sociedad alternativa, más acogedora, más comunitaria y más accesible, sobre todo para tantos últimos y no atendidos en esta coyuntura especialmente grave”.

En la rueda de prensa se hizo entrega de un donativo que la Conferencia Episcopal Española, como en anteriores años, ha hecho a esta entidad eclesial, y que en esta ocasión ha sido de 4 millones de euros.

El peligro de la xenofobia

La declaración de la 67ª Asamblea General de Cáritas Española también hace una advertencia contra uno de los grandes peligros en épocas de carestía laboral y crisis generalizada: la xenofobia. Así, apela “al conjunto de la sociedad” para trabajar por un modelo de convivencia distinto al actual, en el que “todo queda subordinado a los puros indicadores económicos y de crecimiento”, desplazando a un lugar secundario la propia dignidad y condición humana.

Por contra, demanda el objetivo colectivo, para todos los ciudadanos, de propiciar un sistema social “donde la diversidad cultural sea un elemento enriquecedor, alejado de toda actitud xenófoba y racista”. Para ello, llama a “rechazar cualquier medida que suponga una restricción en el acceso a los derechos sociales de las personas migrantes, y que limite su participación en la construcción de la sociedad”.

En el nº 2.742 de Vida Nueva

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