La agenda para el 2011

Será imposible ignorar tanta víctima

Este será el año de las víctimas. No porque alguien o alguna institución así lo hayan decidido, sino porque es imposible ignorar la ubicua presencia de las víctimas en el panorama nacional.

Salen al encuentro en los noticieros que informan sobre las inundaciones y los deslizamientos de tierras; gimen abrumados por las enfermedades, aterrorizados, piden protección cuando los asesinos al servicio de los ladrones de tierras les dan muerte a sus líderes; las víctimas del hambre y del desempleo cambiaron el paisaje de las ciudades y se confunden con las otras víctimas, las del desplazamiento. Por eso la agenda pública de 2011 necesariamente deberá tenerlos en cuenta.

Las víctimas

De hecho las tareas del congreso al finalizar el 2010 estuvieron marcadas por el debate sobre la ley de víctimas, que dejó trazada una clara diferencia entre los congresistas que reconocen y quieren pagar esa deuda del país con las víctimas de sus fracasos políticos y administrativos, y los políticos e instituciones, malos y tramposos deudores, que para no pagar se ocultan detrás de supuestas razones de conveniencia jurídica, económica o política. El empuje del gobierno Santos logró, finalmente, que la Cámara de Representantes  aprobara el proyecto de ley en un segundo debate.

Hace un año las prioridades eran otras. La firma encuestadora Cifras y Conceptos preguntaba entonces sobre el desempeño del presidente Alvaro Uribe en las distintas áreas.  Las respuestas permitieron identificar las prioridades: La primera, combatir la guerrilla. Después, combatir el narcotráfico y el paramilitarismo, aumentar la competitividad e impulsar el crecimiento económico. Pero disminuir el desempleo o reducir la pobreza, aparecían entre los cinco últimos, y aunque ya para entonces había cuatro millones de desplazados, las acciones en su favor no eran una prioridad. Como lo anotó la Fundación Social en el mes de mayo del año pasado “el Congreso todavía no está listo para poner las víctimas en el centro de sus preocupaciones”.

Hoy las víctimas son la prioridad, así lo hizo ver la votación de la Cámara de Representantes en diciembre, para aprobar el proyecto de ley, en una decisión que  representó un importante cambio.

Si se tienen en cuenta las alianzas de políticos y paramilitares, alguna parte del congreso está integrada por victimarios llamados a responder con su dinero, con tierras y eventualmente ante la justicia, circunstancia que explicaría las dificultades de la Ley de víctimas en su trámite por el Congreso, y la magnitud del reto asumido por el presidente Santos al incluirla entre sus prioridades de este año.

Sin embargo en el Congreso tienen asiento senadores y representantes a quienes no convence la aplicación de esta ley, por eso ha aparecido la objeción sobre los altos costos de esa reparación. También se mantiene la teoría con que el presidente Uribe sepultó este proyecto de ley en el 2009: que unas son las víctimas de la guerrilla o de los paramilitares, y otras son las víctimas de los militares responsables de los falsos positivos. Estos sólo tendrán reparación cuando sus victimarios hayan sido condenados por los tribunales; los otros tendrán reparación por vía administrativa y sin tantas vueltas. Sin embargo, en el mundo la convicción es otra: no se puede discriminar a las víctimas por razón de su victimario. La víctima es víctima, no importa quién la haya convertido en víctima.

Poner el mecanismo de reparación en marcha es, pues, un primer paso en la agenda de 2011, que va a la par con las tareas de atención a las víctimas de las inundaciones.

La tierra

Mientras tanto la Comisión de seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado llegó a la conclusión de que las tierras usurpadas a sus dueños en los últimos 30 años no fueron dos ni cuatro, ni cinco millones de hectáreas; el latrocinio de tierras  desbordó todos los cálculos y se elevó a más de seis millones de hectáreas. Son tierras, negras, fértiles, el 82% con agua la mayor parte del año, que fueron abandonadas por intimidación directa en el 54% de los casos. En el 21% como efecto de la violencia en la región; y en el 25% porque la sensación de inseguridad fue insoportable.

Algunas de esas tierras están abandonadas y sus dueños mal viven en las ciudades.

El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, comprobó que solo el 10% de esas víctimas quiere regresar a su tierra, a tal punto han interiorizado el miedo a los victimarios.

Crear las condiciones de seguridad para que regresen, proveerlos de instrumentos legales para que recuperen la posesión de sus fincas, asegurarles condiciones para que puedan explotarlas y convertirlas en factor de desarrollo económico,  son los siguientes puntos en la agenda del gobierno y del país.

Mal puede una sociedad vivir en paz cuando cuatro millones de compatriotas han sido despojados de sus tierras.

La corrupción

Para alcanzar su ambicioso objetivo el gobierno del presidente Santos está desmontando obstáculos; el más reciente lo había encontrado en la Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE. Según las cuentas del presidente, en este organismo al que van a parar por extinción de dominio, todos los bienes que salen de las manos de los narcotraficantes, deberían haberse recaudado 100 millones de dólares para el fondo de reparación. La corrupción que había tomado posesión del DNE se manifestó como un obstáculo. Los recientes cambios de personal en ese organismo, hacen parte de la lucha para pagar la deuda a las víctimas. El pago se aplazó esta vez por interferencia de la corrupción.

Este es el otro punto de la agenda 2011: la lucha contra la corrupción. Fue uno de los proyectos prioritarios en el programa del nuevo presidente y es parte de la agenda del país en este nuevo año.

Al anunciar su lucha frontal contra la corrupción, el presidente Santos tenía en cuenta que había recibido un país en retroceso en materia de lucha contra la corrupción. Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, Colombia pasó del puesto 70 al 75 en los últimos años. La directora de Transparencia en Colombia comentó que “en los últimos doce años  en Colombia no ha habido mejoría en el manejo de la corrupción.” Y la percepción ciudadana apunta en el mismo sentido. Gallup lo registró en una encuesta del año pasado: el 61% de encuestados en cuatro ciudades veía al país cuesta abajo en materia de corrupción. Por el mismo tiempo, 300 empresas abrumadas por los altos niveles de corrupción señalaban las donaciones a las campañas electorales como una forma de corrupción. Así lo afirmó el 94% de ellas.

A su vez, en el Barómetro Global de Transparencia, el 41% señaló a los partidos políticos como las instituciones más corruptas, el 26% acusó a los congresistas, mientras el 14% habló de los servidores públicos. Los hechos que llevan a esa percepción, han dejado atrás las definiciones conocidas sobre corrupción.  Transparencia Internacional mencionaba la corrupción como el abuso de posiciones de poder o de confianza, para el beneficio particular. Pero los hechos de corrupción conocidos y tenidos en cuenta por la prensa van más allá  y dejan la de Transparencia como una cándida definición. El Tiempo editorializaba sobre el avance  de la corrupción,  “resultado de diversos escándalos entre los que están  Agro Ingreso Seguro, el DAS y el Instituto Nacional de Concesiones”. También editorializaba El Espectador sobre la corrupción creciente en “licitaciones de concesiones públicas en las que aparecen los mismos poderosos favorecidos, mezclados con intereses políticos,” y de “negocios con rendimientos inusitadamente altos”.

Denunciaba la prensa nacional, además, las medidas propuestas el año pasado por el zar anticorrupción: recompensas y ascensos para quien denunciara, medidas coherentes con las políticas oficiales que prometían y pagaban recompensas en dinero, ampliamente publicitadas, pero que en este caso “podrían convertirse ellas mismas en otra fuente  de corrupción”. Dentro de una lógica peculiar, se proponía combatir la corrupción con corrupción.

Los ríos de dinero para obras públicas, perdidos en las arcas de los contratistas; las obras públicas inconclusas que certifican a la ciudadanía impotente el triunfo de los corruptos y la derrota de la sociedad, la impunidad con que se favorece a los corruptos, son algunos de los hechos que convierten la lucha contra la corrupción en otro capítulo importante de la agenda 2011.

En efecto, se trata de una corrupción arrogante que no baja la mirada cuando se le acusa sino que manifiesta la convicción de que defiende lo suyo y de que, por alguna extraña razón, en vez de depredadores son dueños de lo público. Los contratistas del grupo Nule han desplegado una poderosa ofensiva legal para enfrentar los reclamos de la ciudadanía y del Distrito; los gestores y ejecutores de Agro Ingreso Seguro posan como víctimas de una campaña política, a pesar de las evidencias sobre el apoyo y favoritismo con dineros públicos a sus amigos y colaboradores en campañas políticas. Con la misma seguridad con que  el autodefensa Salvador Mancuso reclamaba el agradecimiento del país por los crímenes con que había combatido a la guerrilla, los anteriores ministros de agricultura estaban convencidos de que un acto de corrupción podía identificarse como una sana política de desarrollo agrícola.

La lucha anticorrupción tendrá que darse así, antes que en los estrados judiciales, en las conciencias de las personas en donde las fronteras entre el bien y el mal se han desdibujado y bajo el fin político se están justificando todos los medios.

La miseria y el hambre

Se agregan a esta agenda del 2011 los objetivos de siempre: la lucha contra la miseria y el hambre. El director en Colombia del Programa Mundial de Alimentos, Praveen Agrawal, afirmaba el año pasado que en Colombia los avances en reducción de desnutrición habían retrocedido. En efecto, en Colombia el 12 por ciento de la población tiene problemas de hambre y los programas de alimentos atienden los casos más urgentes. Esas cifras han aumentado dramáticamente por la emergencia invernal. El gobierno Santos lo anunció el año pasado y es parte sustancial de su agenda: convertir el gran problema de las poblaciones y campos inundados en una oportunidad y planear la rehabilitación y reconstrucción del país.

Las crisis muestran inicialmente las debilidades y fracturas que existen en una sociedad, después revelan las posibilidades y finalmente plantean la coyuntura para comenzar de nuevo. Mirada la agenda de 2011, se descubre en ella un ambicioso proyecto para iniciar la construcción de un país nuevo, y el que parecía ser el año de las víctimas puede llegar a ser el año de la renovación del país.

En el nº 18 de Vida Nueva Colombia.

Actualizado
24/01/2011
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