Venezuela “avanza hacia una dictadura”

La Iglesia critica las leyes recién aprobadas por Chávez y defiende la Constitución

El cardenal Urosa, arzobispo de Caracas

(Andrés Cañizález– Caracas) La Iglesia católica de Venezuela siente que el Gobierno de Hugo Chávez avanza hacia la consolidación de un modelo dictatorial, tras la aprobación de un conjunto de leyes durante las fiestas navideñas por parte de la Asamblea Nacional (Parlamento) saliente, en sesiones especiales que se celebraron incluso de madrugada y en las que también se le otorgó un poder extraordinario al jefe del Estado, por un período de año y medio, que le permitirá legislar prácticamente en cualquier ámbito de la vida venezolana.

El Parlamento ha estado dominado de forma absoluta por los seguidores de Chávez hasta este 5 de enero de 2011, inicio de una nueva legislatura con significativa presencia de la oposición democrática. Para diversos analistas, el presidente deseaba blindarse legalmente antes de perder el control total sobre el Parlamento, hasta el punto de que muchas de las 22 leyes aprobadas en el lapso de dos semanas fueron redactadas directamente por el Poder Ejecutivo.

En líneas generales, estas nuevas leyes apuntan a engrosar las atribuciones del Estado y, en particular, de la presidencia, mientras que restringen derechos consagrados en la Constitución. Chávez había intentado aprobar una reforma de la Carta Magna en 2007, pero fue derrotado en las urnas, y ahora muchas de sus propuestas se han materializado en lo que popularmente se llama ya “paquetazo legislativo”.

Gran responsabilidad

El cardenal Jorge Urosa Savino, arzobispo de Caracas, manifestó el día de Navidad que en Venezuela “estamos avanzando hacia una dictadura, no me queda la menor duda”. Por eso, el purpurado, que durante los últimos meses ha venido alertando sobre las intenciones del Gobierno de Chávez, llamó a quienes colaboran con el régimen a “que tengan en cuenta la responsabilidad grandísima que tienen ante la historia y ante Dios si quieren imponer una dictadura totalitaria”.

Urosa anunció, asimismo, que la Iglesia católica defenderá la Constitución de 1999 aunque ello cause molestias en el Gobierno, y resaltó la necesidad de que todos los sectores tengan presente la obligación de trabajar por los derechos constitucionales de una manera firme, pero pacífica. “Si alguien se molesta porque el Episcopado señale que hay presos políticos, si alguien se siente aludido porque pedimos respeto al derecho de información, lo lamentamos mucho, pero eso es un postulado de la Constitución”, advirtió Urosa, quien descartó que la Iglesia católica, por defender la Constitución y denunciar los abusos, deba ser considerada un factor de oposición.

El cardenal denunció con insistencia que tanto la llamada Ley Habilitante, que le da poderes especiales a Hugo Chávez durante un año y medio, como la reforma del reglamento de debates del Parlamento, “van en la línea de anular al Poder Legislativo y de concentrar toda la capacidad legislativa en la persona del propio presidente de la República, algo que no es democrático, porque anula y desconoce la voluntad popular expresada el 26 de septiembre, y atenta contra la paz del país”. En aquella fecha, las elecciones legislativas otorgaron prácticamente la mitad de los votos al Gobierno chavista y otros tantos a la oposición. Sin embargo, una ley electoral aprobada por el Parlamento meses antes le permitió al régimen de Chávez contar con 98 diputados, mientras que la oposición tiene 67.

Control de Internet

Además de las citadas reformas, encaminadas a anular la voz opositora en el seno del cuerpo legislativo, la Asamblea Nacional dominada por Chávez aprobó leyes para controlar los contenidos en Internet, para suprimir la autonomía universitaria e ilegalizar la financiación externa de organizaciones defensoras de los derechos humanos. También se aprobó un conjunto de leyes para consagrar “el poder comunal”, una nueva red de organizaciones promovida por el Gobierno cuyo funcionamiento y financiación dependen de la presidencia.

A juicio de Urosa, tanto el control de Internet como las leyes de Telecomunicaciones y de Responsabilidad Social en Radio y Televisión van “en una línea de restricción”, ya que limitan las garantías constitucionales, como, por ejemplo, el derecho a la información y la libertad de expresión. Con respecto a la nueva Ley de Universidades, el cardenal cree que “busca imponer un pensamiento único, lo que va en contra de una garantía fundamental como la libertad de pensamiento”.

Todo apunta, pues, a que –como señaló también el jesuita Luis Ugalde, ex rector de la Universidad Católica Andrés Bello– “la nocturna aprobación decembrina de una veintena de leyes anticonstitucionales no ha hecho sino poner al descubierto las cartas dictatoriales” del Gobierno de Chávez.

En el nº 2.736 de Vida Nueva.

Actualizado
07/01/2011
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