(Miguel Ángel Malavia) Cuando se habla de la educación en España, al pesimismo generalizado se une el reconocimiento de la necesidad de consensos que garanticen una estabilidad legislativa que frene, al menos, el alto índice de abandono escolar. El año 2010, ante la perspectiva de un posible Pacto por la Educación, se inició con grandes esperanzas, pero se ha cerrado con una sensación de fracaso. Como ha reflejado la reciente publicación del Informe Pisa relativo a 2009. El principal estudio mundial sobre educación ha dejado unas conclusiones más que negativas: nuestros alumnos están por debajo de la media de los países desarrollados en todas las materias analizadas: comprensión lectora, matemáticas y ciencias. Otro dato: de los estudiantes españoles participantes en el estudio (27.000), el 36% son repetidores.
A comienzos de año, el Pacto por la Educación parecía que podía concretarse por primera vez en la democracia. Su impulsor, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, invitaba al diálogo a todas las partes interesadas: partidos políticos, sindicatos, asociaciones de padres y alumnos… Las propias instituciones de enseñanza eclesiales, como Escuelas Católicas o Concapa, reconocían en enero que el borrador ministerial contenía “aspectos positivos”, aunque aún faltaba “mucho diálogo” para avanzar en reivindicaciones históricas como “la igualdad real de recursos” entre la pública y la concertada. Sin embargo, desde el ministerio se avisaba de que en la concertada no se ofrecía “una educación equitativa del alumnado con necesidades educativas especiales”. El 2 de febrero, Gabilondo declaró que “la concertada es subsidiaria de la pública, pues se trata de un encargo público”. “Más del 90% de los discapacitados están en la escuela pública”, denunció. Pese al malestar, Escuelas Católicas reafirmó su apuesta por el diálogo, a la vez que reivindicó que todos sus centros atienden a los alumnos con necesidades específicas y a los inmigrantes, pese a su “precariedad de medios”. Finalmente, aunque más por un desacuerdo político, el proyecto fracasó. La puntilla la dio el Partido Popular cuando, el 6 de mayo, abandonó las negociaciones porque el modelo propuesto por el Gobierno “no cambia el de la LOGSE”. Con la salida del principal partido de la oposición, se cerró la puerta a un acuerdo que hubiera sido histórico.
Tras este “golpe”, semanas después llegó otro similar en un contexto de crisis económica: el anuncio del presidente José Luis Rodríguez Zapatero de recortar numerosas políticas sociales (en lo que se vino a conocer como el “tijeretazo”) incluyó la rebaja de un 5% de media en el sueldo de los funcionarios, lo que afectó a los docentes de la escuela pública. Y a los de la concertada, pues muchas autonomías optaron por recortar la asignación a sus centros (en su mayoría de titularidad católica), que, a su vez, indicaron que bajarían el sueldo de los docentes.
Asignatura de Religión
Como viene siendo habitual en los últimos años, tal inestabilidad también afectó a los profesores de Religión. Así, 2010 no ha sido sino un profundizar en una situación por la que cada vez más autonomías recortan sus horas lectivas y, en consecuencia, disminuyen sus sueldos. Respecto al estado de la asignatura, la Fundación SM publicó en mayo el informe Protagonistas de la clase de Religión, en el que se evidenciaron aspectos de gran interés, como que el 67% de los docentes en Secundaria tienen una doble titulación universitaria y son en su mayoría laicos; que sólo el 44% de éstos se sienten valorados por la Iglesia en su trabajo, o que la inmensa mayoría de los alumnos son católicos (74,8%) y se preocupan por la justicia y la solidaridad (82%).
Finalmente, distintas polémicas han tenido un eco mediático. Las últimas: las declaraciones del secretario de Estado de Educación, Mario Bedera, indicando que impedirán a las autonomías que financien con dinero público a centros mixtos, y el debate cada vez más presente sobre la presencia de crucifijos en las aulas, como evidenció la reciente manifestación en Almendralejo (Badajoz) contra su retirada de un colegio público por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
Desacuerdos, recortes, polémicas… En definitiva, 2010 ha sido un año con muchas más sombras que luces para la educación en España.
En el nº 2.735 de Vida Nueva.
