Las adoratrices reivindican una ley integral contra la trata

En 2009 en España falló la identificación de casi 5.000 posibles víctimas

La actriz Mabel Lozano, en uno de los habituales actos de denuncia

(Miguel Ángel Malavia) Pese a que en 2009 se identificaron en España 6.157 víctimas potenciales de explotación sexual por redes ilegales de proxenetismo, finalmente, sólo 1.301 fueron consideradas como tales. Este dato, reconocido en marzo por los Ministerios de Interior e Igualdad, y que se une a la constatación, según la ONU, de que sólo se consigue identificar a una de cada 20 víctimas de la extorsión, es el que motiva la denuncia de las asociaciones comprometidas en este campo. Muchas de ellas católicas, como refleja una reciente campaña por la retirada de los anuncios de prostitución en los medios, firmada conjuntamente por Cáritas, la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), la Comisión Justicia y Paz y las Comisiones de Migraciones y Pastoral Social de la Conferencia Episcopal. También destaca, entre las numerosas entidades eclesiales que trabajan con víctimas de esclavitud sexual, Proyecto Esperanza, a cargo de las Religiosas Adoratrices, y que desde 1999 ha atendido a más de 570 personas. Con la intención de reivindicar la implicación y coordinación de todos los instrumentos del Estado, el pasado día 2 hizo público un informe de Valoración del Nuevo Marco Jurídico contra la Trata de Seres Humanos.

Como expresó en rueda de prensa su coordinadora, Marta González, el informe destaca que ha habido “avances” legislativos significativos en los dos últimos años, culminando este 23 de diciembre con la entrada en vigor de la reforma del Código Penal por la que se tipificará el delito de trata según las directrices del Convenio Europeo. Aunque, avisaba, tal progresión sólo es “el primer paso”, siendo lo principal la concreción de las medidas. Y es que, a su juicio, las acciones contra la prostitución forzada en España aún están lejos de las avanzadas políticas que se siguen en otros países, como Noruega, Italia o los EE.UU.

Fallos del sistema

Según denuncian las religiosas, el sistema español falla en diversos aspectos. Entre ellos, la identificación y protección de las víctimas (para Proyecto Esperanza, al tratarse de personas chantajeadas, deberían bastar los “indicios” de extorsión sobre la víctima y no condicionarse la atención a la presentación de una denuncia, ante la dificultad de que ésta se produzca); el periodo de restablecimiento y reflexión (que debería durar un mínimo de 30 días, según dicta la ley, antes de decidir sobre su deportación en caso de situación irregular, que es en la que están el 50% de las víctimas extranjeras); la autorización de residencia y trabajo por colaboración o por situación personal (por considerar que el retorno inmediato a su país de origen puede llevar a que se reproduzca la situación de extorsión) o la compensación económica, que, en caso de ser percibida, resulta muchas veces insuficiente.

Estas deficiencias llevaron a González a reclamar una ley integral contra la trata. O, al menos, “la elaboración de un Reglamento” que debería desarrollar la actual Ley de Extranjería, “y que aún no está hecho”. También solicitó la colaboración de las autoridades con las ONG especializadas, por su conocimiento de los casos concretos. “Se supone que se está elaborando un protocolo” en este sentido, pero, concluyó, desconocen completamente su contenido.

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LOS ROSTROS DE LA TRAGEDIA

Además de glosar con datos la ineficacia del sistema jurídico español respecto a la lucha contra la trata de personas, el informe de Proyecto Esperanza busca concienciar de la importancia de este problema a través de tres casos reales. El primero de ellos es el de Grace, quien, embarazada de tres meses, fue deportada a Nigeria al no encontrar las autoridades “motivos razonables” que evidenciaran que era víctima de una red, contradiciendo el criterio de las ONG especializadas y del Defensor del Pueblo, conocedores cercanos del caso. Otro caso es el de María, quien no obtuvo permiso de residencia y trabajo siete meses después de haber denunciado su situación y haber colaborado con las autoridades, pese a que así lo recoge la legislación. Finalmente, Sofía, seis años después de haber efectuado la denuncia, acabó recibiendo una indemnización incompleta y apenas significativa.

En el nº 2.733 de Vida Nueva.

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