Fuerte ataque del Gobierno boliviano a la Iglesia católica

El arzobispo de Cochabamba ha denunciado el uso de menores en el tráfico de drogas

Representantes de la CEB en una rueda de prensa en apoyo de Solari

(Ronald Grebe– La Paz) El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó que no apoya el ultimátum de sus compañeros cocaleros al arzobispo de Cochabamba, Tito Solari, por haber denunciado que menores de edad eran utilizados en la zona productora de coca del Chapare (Cochabamba), para el tráfico de drogas a pequeña escala. Aunque el jefe del Estado consideró que un padre de la Iglesia católica, al percatarse del problema del tráfico de drogas que afecta a niños y jóvenes, debió convocar al Gobierno o a las autoridades pertinentes para denunciar con documentación y datos puntuales los hechos. El vicepresidente, Álvaro García Linera, por su parte, se mostró más duro, al advertir que el Gobierno no aceptará chantajes de la Iglesia, que “a través de sus jerarcas hace política y ataca al Gobierno para inmiscuirse en los asuntos de Estado”.

“Si el comandante de la Policía, general Óscar Nina, admite que los narcotraficantes utilizan a algunos menores en el microtráfico de drogas, pues por su edad no son imputables, quiere decir y se interpreta que monseñor Solari ha dicho la verdad y aquéllos que lo acusan de lo contrario son los mentirosos”, sostuvo el obispo de El Alto, Jesús Juárez, saliendo en defensa de su hermano en el episcopado.

Desde la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), su vicepresidente y arzobispo de Sucre, Jesús Pérez, recordó que “la CEB ha llamado la atención respecto al espinoso problema del narcotráfico, que se va extendiendo y envolviendo con sus tentáculos como un pulpo en distintas regiones del país por el crecimiento del cultivo de la hoja de coca, y que involucra a grupos criminales de otros países, que recurren a la violencia y las armas para imponer su ley”.

Instituciones tan diversas como el Clero Diocesano de Cochabamba o el Comité Cívico Femenino hicieron llegar al arzobispo Solari su “incondicional apoyo y solidaridad” y defendieron que “deberían ser las federaciones de productores de coca las que demuestren a la ciudadanía el destino de su producción de coca”. Según el analista y ex jesuita Álvaro Puente, el prelado salesiano es “uno de los más ecuánimes y no ha jugado un papel ni de apoyo ni de oposición al Gobierno, sino que ha intentado mantenerse al margen; pero hay cosas objetivamente criticables, y él es un hombre libre que ha dicho algo ciertamente doloroso”. El arzobispo Tito Solari “no ha dicho nada del otro mundo –añadió–, pero este Gobierno es el menos dispuesto a oír críticas”.

Así, el jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, se mostró preocupado por los ataques del Gobierno a la Iglesia, y afirmó que el tema de fondo es la denuncia del incremento del narcotráfico, “un problema que debe ser resuelto”. Para el analista político Carlos Hugo Molina, entretanto, el Gobierno tiene “una lógica de confrontación y de búsqueda de adversarios” que sostiene a través de sus bases movilizadas y que no debería llamar la atención a nadie. Y en esa lógica, según él, ha arremetido contra la Iglesia con una virulencia desproporcionada, porque sabe perfectamente a quién se está enfrentando.

“No es en contra de nadie”

Para el protagonista principal de este episodio, el arzobispo Solari, “no es una denuncia en contra del Gobierno ni en contra de nadie, estamos preocupados por lo que sucede en nuestras familias, con nuestros hijos, por nuestra sociedad, y debemos unirnos todos para evitar los males que pueden producir efectos siempre peores”. Explicación que no parece haber convencido a las seis federaciones del Trópico de Cochabamba, que declararon al prelado “persona non grata” por sus “acusaciones” y advirtieron que llevarían el tema ante el Vaticano si no se disculpa.

El gobernador de Cochabamba, Edmundo Novillo, por su parte, aunque admitió que existen menores en el negocio del narcotráfico en su departamento, pidió no generalizar este hecho, puesto que se trataría de “casos aislados”. Con sus palabras, se convertía así en la segunda autoridad en dar la razón al arzobispo de Cochabamba.

Finalmente, y al tiempo que se solidarizaba con Solari, el cardenal Julio Terrazas, presidente de la CEB, llamó a la ciudadanía a “dejar de lado rencores y susceptibilidades, y denunciar los lugares donde existen personas que son víctimas de las injusticias, del narcotráfico, la prepotencia y el poder”, recordando que “quien sufre encontrará el apoyo en la Palabra de Dios”.

rgrebe@vidanueva.es

En el nº 2.732 de Vida Nueva.

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