Escuelas Católicas prevé “consecuencias gravísimas” para sus centros educativos
(Fran Otero) Siguen produciéndose reacciones al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011, que presentó hace ya dos semanas la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, en el Congreso de los Diputados. Esta vez, en materia de Educación. Escuelas Católicas denuncia que la propuesta del Ejecutivo, que prevé una reducción en el módulo económico de conciertos, traerá “consecuencias gravísimas” para la enseñanza concertada y sus centros.
Esta decisión, que constituye un hecho “sin precedentes” en los 40 años de financiación de la enseñanza privada, pretende rebajar en un 5 por ciento los gastos de personal docente y en un 1,67 los gastos de funcionamiento del módulo estatal de conciertos.
Para Escuelas Católicas, el recorte deja a la educación concertada en una “situación límite” y se une a una serie de carencias que todavía agravan más la situación. En este sentido, recalca que el módulo de conciertos arrastra “un déficit crónico, grave y creciente”, ya que sólo cubre un 60 por ciento del coste real de impartición de enseñanzas.
Además, recuerda que las consejerías de Educación de las comunidades autónomas aplican desde junio una rebaja salarial al personal docente del 5 por ciento, por lo que, con la nueva medida, su salario se vería mermado en un 10 por ciento en 2011, volviendo así a niveles de 2007.
Con todo, esta institución educativa subraya que la rebaja del módulo estatal es “una medida injustificada, desproporcionada y totalmente incoherente con el Plan de Acción 2010-2011 presentado por el ministro de Educación en junio”. Una iniciativa, surgida a raíz del fracasado intento de lograr un Pacto de Estado, que “contemplaba el aumento de la financiación, impulso de diferentes programas escolares y que deseaba potenciar la figura del docente”.
También la considera incoherente con el discurso positivo del propio Ángel Gabilondo en el inicio del curso escolar, en el que se congratulaba del aumento en la inversión en Educación. En cambio, se prevé un recorte del 8,1 por ciento en el departamento, aunque sí aumenta la dotación destinada a becas. Sobre esta última cuestión, Escuelas Católicas teme que se financie a costa de reducir el módulo de conciertos. Finalmente, señala que, si se confirma esta reducción en la Ley de Presupuestos, “el Gobierno habrá dinamitado sin remedio el Convenio de la Enseñanza Concertada que afecta a 82.923 trabajadores en todo el Estado y a 2.985 empresas”.
El déficit aumentará
Según explica a Vida Nueva el responsable de Asuntos Jurídicos de Escuelas Católicas, Luis Centeno, el proyecto de ley “no sólo no arregla la precaria situación de los concertados, sino que la empeora”. “Los centros van a tener un déficit mayor”, augura, al tiempo que recuerda que estos colegios “se han quedado fuera de las convocatorias para ayudas e inversiones”. En el ámbito laboral, Centeno denuncia que la decisión del Gobierno “vulnera la negociación colectiva” y avanza que, con esas condiciones, no será fácil alcanzar un acuerdo en la negociación del convenio colectivo.
Por otra parte, apunta que los recortes van a afectar también a la organización de los centros. En concreto, se refiere a la reforma del cuarto curso de la ESO, en el que se prevén dos itinerarios: uno orientado al Bachillerato y otro a la Formación Profesional. Centeno se muestra escéptico ante el éxito de estos cambios, pues el recorte coincidirá con la necesidad de incorporar a más docentes, pues habrá el doble de asignaturas optativas que ahora.
En estos momentos, así como reconoce el directivo, Escuelas Católicas está manteniendo contactos con el Ministerio de Educación y con los grupos parlamentarios del Congreso para evitar que esta propuesta se apruebe. En el caso de que esto fuese así, Centeno anuncia que recurrirían la medida ante el Tribunal Constitucional.
Antes de que llegue ese momento, las opciones que quedan para evitar que se confirme esta rebaja pasan por el Congreso de los Diputados. Una de ellas es que la Cámara Baja apruebe alguna de las enmiendas a la totalidad que algunos grupos parlamentarios ya han anunciado y se devuelva el texto al Ejecutivo. En el caso de que superase este primer test y continuase el trámite parlamentario, como previsiblemente hará, solamente podría cambiarse a través de una enmienda parcial.
En el nº 2.725 de Vida Nueva.
