Así lo advierte la Iglesia en un mensaje que cuestiona la nueva ley contra el racismo
Aspecto del Senado boliviano, donde ahora se debate la polémica ley
(Ronald Grebe– La Paz) La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) ha rechazado el proyecto de Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, redactado y defendido por el Gobierno del presidente Evo Morales, por considerarlo atentatorio contra la seguridad jurídica del país y porque la norma podría hacer “desaparecer el ejercicio democrático” del derecho a la libertad de expresión.
El secretario general de la CEB y obispo auxiliar de La Paz, Óscar Aparicio, manifestó que la forma en que ha sido planteado el contenido del proyecto de ley da lugar a un estado de inseguridad jurídica para las personas y “la capacidad de interpretación que se delega a las autoridades públicas deja abierta la posibilidad de innumerables vulneraciones de los derechos”. Así queda recogido también en el comunicado de la CEB dado a conocer el 27 de septiembre. El documento, titulado Leyes al Servicio del Bien Común, fue leído por el propio Aparicio mientras la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores iniciaba el tratamiento del proyecto de la mencionada ley, un texto que ya fue aprobado por la mayoría oficialista del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados.
El proyecto establece multas e incluso el cierre del medio que autorice y publique lo que un consejo –aún por crear y formado por el Gobierno, movimientos sociales afines al Ejecutivo y la Defensoría del Pueblo– considere como ideas racistas y discriminatorias. Las diferentes organizaciones que representan a propietarios y trabajadores de los medios de comunicación, que cuestionan el artículo 16 que sanciona la difusión de ideas racistas con el cierre del medio de comunicación, esperan, sin embargo, ser escuchadas para hacer conocer sus observaciones y propuestas a dicha ley.
El presidente se declaró defensor del proyecto tal como está redactado y pidió al Senado que no lo modifique. Según Evo Morales, quienes se oponen a la norma son “racistas confesos”, al tiempo que convocó a los periodistas y medios de comunicación a debatir sobre la norma; sin embargo, advirtió de que, como consecuencia de la Ley Contra el Racismo, en el futuro no serán suficientes las disculpas públicas.
El jefe de bancada del MAS en el Senado, Isaac Ávalos, por su parte, aclaró que, si bien uno de los artículos del proyecto de ley establece sanciones para los infractores de la norma, no implica que se vaya a sancionar a todos los medios y a todos los periodistas. “La Ley Contra el Racismo es para sancionar a quienes dañan, cometen delitos, alientan actos de racismo, discriminan, como pasó el año pasado en Sucre y en Santa Cruz. Son casos aislados, no todos son malos, sólo son unos cuantos y a muchos los conocemos”, reiteró Ávalos.
En su mensaje, la Iglesia advirtió que no está en contra de leyes que ordenen las conductas contra el racismo, pero “el compromiso por una sociedad que supere formas de discriminación no puede anteponer los intereses de unos sobre otros, sino que debe buscar construir una sociedad donde ‘todos sean uno’ en el respeto de la diversidad”. “El proyecto que actualmente es objeto de debate legislativo –afirma el texto episcopal– corre el riesgo de judicializar la opinión pública, que es por definición libre expresión y discusión de los diferentes puntos de vista que conviven en una sociedad, y cuya función es actuar como factor de equilibrio social, fundamentalmente con relación al poder constituido”.
En respuesta al Gobierno
Desde la CEB se explicó también que este pronunciamiento es en respuesta a “la invitación del Gobierno a manifestar opiniones y aportar con criterios al proyecto de ley contra el racismo y la discriminación que se está gestando”, por lo que aporta a una reflexión crítica y positiva, advierte sobre algunos riesgos que pueden resultar de su aprobación y aplicación, todo ello “con miras a la construcción de una sociedad más justa, fraterna y solidaria”.
El secretario de la CEB defendió que la Iglesia sólo recuerda que “todo Estado democrático debe garantizar a sus habitantes el ejercicio pleno de sus derechos y la seguridad jurídica de que podrá expresar libremente sus opiniones, sin afectar los derechos dºe los demás”. Por todo ello, “como Iglesia católica –concluye el documento– llamamos a la ciudadanía a interesarse por el contenido, alcances y consecuencias de una ley que, si bien pretende aportar a la erradicación de prácticas discriminatorias, tal como está redactada entraña también serios riesgos para el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas e instituciones sociales”.
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En el nº 2.723 de Vida Nueva.
