Brasil se dispone a elegir al sucesor de quien ya es el presidente mejor valorado de su historia
(Graziela Cruz– Brasil) Una encuesta a nivel nacional, realizada durante la segunda semana de septiembre, muestra que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva continúa gozando de una alta aprobación, récord en la historia de Brasil: el 78,4% cree que su Gobierno es bueno o excelente, el 15,9% piensa que es regular y el 3,9% lo considera malo o pésimo. Entre las áreas mejor valoradas, figuran la lucha contra el hambre y la pobreza, contra el desempleo y contra la inflación y la tasa de interés, así como su apuesta por la educación y el medio ambiente. La salud, la seguridad pública y los impuestos son los aspectos que, por el contrario, reciben mayores críticas.
Lula llega al final de su segundo mandato, ocho años después de asumir el cargo, en la cima de su popularidad y, muy probablemente, propiciando el triunfo de su sucesora en las elecciones del 3 de octubre. La ex ministra Dilma Roussef, del Partido de los Trabajadores (PT), encabeza todas las encuestas, por delante de sus principales oponentes: el ex ministro de la Salud y ex gobernador de São Paulo, José Serra, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB); y la ex ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, del Partido Verde (PV).
El Gobierno de Lula, que siguió la política económica de su antecesor, Fernando Henrique Cardoso, se ha caracterizado por la baja inflación, una caída del desempleo y constantes récords en la balanza comercial. El mandatario ha promovido las exportaciones, la diversificación de las inversiones, impulsando el microcrédito, y una mayor atención a la agricultura familiar. Durante su administración, se alcanzó el récord de producción en la industria del automóvil y el mayor crecimiento del salario mínimo real, con la consiguiente recuperación del poder adquisitivo de los más pobres.
Uno de los mayores logros de Lula ha sido, precisamente, la reducción de la pobreza. Más de 32 millones de brasileños dejaron la franja de la pobreza y se unieron a la clase media. Recientemente, el Banco Bird declaró que, si bien la desigualdad social sigue siendo alta, el Gobierno ha sido capaz de reducir la tasa de pobreza del 40% en 1990 al 9,1% en 2008, gracias a una baja inflación y a los programas de transferencia de dinero, especialmente la ‘Bolsa Familia’, por la que once millones de personas reciben de manera directa un monto mensual. A pesar de las críticas de ciertos sectores sociales, que califican el programa de simple bienestar, ‘Bolsa Familia’ es alabado por los expertos porque es un suplemento financiero para aliviar el hambre de las familias en situación precaria, y también es visto como uno de los factores que propiciaron un mayor consumo en las familias más pobres, lo que beneficia a la economía.
A nivel internacional, Lula ha conquistado el liderazgo entre los países emergentes, con su especial énfasis en temas sociales como la lucha contra el hambre y la pobreza. Asimismo, ha intentado conseguir para Brasil un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Pero no todo son elogios. La salud pública, la seguridad y las infraestructuras (carreteras, aeropuertos, puertos…) son objeto de muchas críticas. La violencia está aumentando en los centros urbanos y faltan médicos y hospitales públicos para atender a todos los que lo necesitan. Enfermedades como el dengue, virtualmente erradicada años atrás, es ahora el problema más grave de salud pública, pues afecta a cientos de miles de brasileños, con un gran número de muertes.
Las críticas resultan más significativas cuando provienen de sectores que inicialmente fueron la base para la elección de Lula. Movimientos sociales, ONG, organizaciones religiosas y pastorales e Iglesias no parecen muy satisfechos con lo que denominan “inconsistencias” de un Gobierno percibido como popular. Y la Iglesia católica, concretamente, centra su malestar en tres aspectos: la reforma agraria (ver recuadro), la corrupción en el Ejecutivo y el III Plan Nacional de Derechos Humanos.
Corrupción y DD.HH.
El Gobierno hace tiempo que convive con graves acusaciones de corrupción, escándalos en los que se han visto implicados ministros, alcaldes, diputados y senadores. Ante esta situación, ya en julio de 2009, la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB, por sus siglas en brasileño) publicó una declaración en la que expresaba su indignación y denunciaba que la corrupción aumenta la brecha de la desigualdad social y, por lo tanto, la pobreza y el hambre. “La política –escribían entonces los prelados– es un servicio al bien común en la construcción de una sociedad justa, fraterna y solidaria. Superar la corrupción requiere la participación de personas y grupos con perfil para el ejercicio de cargo público”.
El lanzamiento del III Programa Nacional de Derechos Humanos, pendiente de votación en el Congreso, ha dado lugar también a reacciones de descontento entre obispos, sacerdotes y fieles. Son cuatro, principalmente, los artículos del documento a los que se oponen: la propuesta de aprobación del proyecto de ley para despenalizar el aborto, los mecanismos para evitar la exhibición de símbolos religiosos en público, las uniones civiles entre personas del mismo sexo y el derecho de adopción para las parejas homosexuales. En una declaración de enero de este año, la CNBB expuso su postura oficial, reafirmando la posición de la Iglesia en defensa de la vida y la familia, y en contra de la despenalización del aborto, del matrimonio entre personas del mismo sexo y del derecho a adoptar de este colectivo. Por último, los obispos rechazaron, asimismo, la creación de mecanismos que impidan la exhibición de símbolos religiosos en las instituciones públicas del país, calificando la medida de “intolerante”, al tiempo que ignora las raíces históricas.
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UNA REFORMA “ANTIAGRARIA”
La Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), vinculada a la CNBB, es una de las instituciones más críticas con el Gobierno. Su fundador y actual asesor, Tomás Balduino, sostiene que Lula hace una reforma “antiagraria”. Así, el obispo emérito de Goiás ha acusado al Gobierno de poner en marcha mecanismos que favorecen a los terratenientes, el traspaso de tierra en importantes cantidades para las grandes empresas, especialmente dedicadas a la exportación de etanol, celulosa, soja… Mientras, “el plan del Gobierno no hace caso de la necesidad de cinco millones de personas que quieren la tierra para vivir y trabajar”, se lamenta.
Datos del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), vinculado al Gobierno, indican que, desde 1985 (inicio de la democratización), ha habido 1,118 millones de asentamientos de familias, de los que casi la mitad tuvieron lugar entre 2003 y 2008. Sin embargo, para Balduino “lo que hay en Brasil es la conquista de la tierra, y, a menudo, en forma de ocupación de tierras improductivas por parte de los trabajadores. En tales casos, el Gobierno se enfrenta a un hecho consumado”. Lo que él califica como “una política compensatoria, de ir a donde hay conflictos y tratar de resolverlos con sus mecanismos”.
Según él, la reforma agraria requiere un gran proyecto. “La tierra –dice– no es sólo un pedazo de tierra para vivir y trabajar. Es ecología, salud del agua, suelo, subsuelo. En Brasil, todo eso está siendo destruido por la agroindustria. Y el Gobierno hace la vista gorda a esta destrucción”.
gaparecida@vidanueva.es
En el nº 2.722 de Vida Nueva.
