La reciente masacre de 72 personas pone al descubierto la cruel realidad de secuestros, extorsión y violencia que sufre el colectivo
(Pablo Romo Cedano– México DF) Fingió que estaba muerto, aguardó un largo tiempo para asegurarse de que los asesinos se habían ido. Los minutos fueron eternos, no se movió ni un milímetro a pesar del profundo dolor en la garganta. Una bala se la había atravesado de un lado al otro. Se encomendó al Señor y aguardó un poco más hasta que ya no oyó ningún ruido. Apartó los cadáveres que habían caído sobre él y se desató manos y vendas como pudo. Sigiloso, salió a la calle y caminó hasta que encontró no lejos de allí un puesto de control militar.
Luis Freddy Lala Pomavilla, oriundo de la comunidad de Gualleturo en la provincia del Cañar (Ecuador), era parte de un grupo de migrantes secuestrados dos días antes, el 22 de agosto, por un comando presuntamente de los Zetas. Este grupo criminal los tenía prisioneros a unos metros de la carretera que va de San Fernando a la frontera con los Estados Unidos. Según el relato de Luis, único superviviente, los captores les pedían dinero y, si no lo tenían, les invitaban a convertirse en sicarios de su organización. Al negarse a ello, los emigrantes de El Salvador, Brasil, Ecuador, Guatemala y Honduras, entre otros países, fueron formados y fusilados: 72 muertos (58 hombres y 14 mujeres), en lo que ha sido la peor masacre conocida en el país desde los años 60, según afirmó un activista de la organización por los derechos de los migrantes ‘Sin fronteras’.
El padre Pedro Pantoja, coordinador de la Casa del Migrante ‘Belén’ en Saltillo, Coahuila, por su parte, calificó la matanza de “un holocausto constante” contra los migrantes y recordó que, “en esta ocasión, los muertos han sido en un solo evento y por ello impacta a la opinión pública, pero todos los días son secuestrados, extorsionados y asesinados decenas de migrantes provenientes de Centro y Sudamérica”. Junto a él, en rueda de prensa, el obispo del lugar, el dominico Raúl Vera, aseguró que este crimen “alza la voz a Dios y clama por justicia y misericordia”.
Denuncia que se sumó a la realizada por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), que por boca de su secretario general, Víctor René Rodríguez Gómez, expresó su profundo “dolor, preocupación e indignación por la saña con que opera el crimen organizado”, al tiempo que llamó a que este “atroz asesinato de 72 personas inocentes” no quede en la impunidad. Asimismo, el prelado reconoció los esfuerzos de las autoridades ya no por combatir el crimen, sino por “contenerlo”, aunque “no siempre con los resultados que la sociedad quisiera ver”.
Soluciones al abuso
Mientras tanto, y desmintiendo al Gobierno Federal, que declaró que el trágico suceso se trata de “un evento aislado”, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado gracias a organizaciones de la sociedad civil y de la Iglesia más de 10.000 secuestros por semestre en los últimos años. De igual manera, al condenar la masacre de San Fernando, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, ha afirmado que de los más de 400.000 migrantes que atraviesan México cada año, tratando de llegar a los Estados Unidos, “la mayoría es víctima de redes trasnacionales de contrabando, trata de personas y tráfico de drogas; muchos de esos migrantes nunca alcanzan sus destinos”. Por eso, la funcionaria sudafricana exhortó al Gobierno mexicano a emprender una investigación exhaustiva y esclarecer las responsabilidades de sus propios funcionarios en estos crímenes, al tiempo que pidió una solución profunda y seria para evitar el abuso contra los migrantes.
A sus 18 años, Luis había recorrido ya miles de kilómetros y estaba a unas decenas más de lograr llegar a lo que consideraba “el paraíso”. El lunes 30, fue deportado y regresó a su país en un vuelo pagado por el Gobierno mexicano. Lo hizo con mucho miedo y con la amenaza de muerte a cuestas por haber declarado públicamente. A las 72 víctimas de la masacre se unió una más: el primer agente del ministerio público que arribó al lugar de los hechos para dar fe de la misma, Roberto Javier Suárez Vázquez, que fue asesinado tras realizar la triste labor de recoger los cadáveres. “La técnica de esparcir terror es una práctica que busca la sumisión de las víctimas, la docilidad y obediencia de los migrantes a los criminales”, lamentó el P. Pantoja con voz quebrada por tanta muerte. La Casa del Migrante ‘Belén’ que dirige ha recibido en sus ocho años de vida a más de 40.000 emigrantes, particularmente centroamericanos, y ha documentado cientos de casos de maltrato, extorsión y secuestro, también por parte de las autoridades. Ahora está en el punto de mira de los criminales, como también lo están las otras casas de migrantes que administran religiosas y sacerdotes a lo largo de la ruta que atraviesa el “monstruo” –como llaman coloquialmente a México los salvadoreños–. En otra entidad del país, una hermana que prefiere guardar su identidad para no comprometer el trabajo y la seguridad de su comunidad desvela para Vida Nueva que los propios agentes de migración venden a los migrantes a las bandas criminales y entregan a las mujeres jóvenes, sobre todo hondureñas, a traficantes especializados para la trata.
Así las cosas, no es de extrañar que, en su comunicado, el secretario de la CEM retomara las palabras de la valiosa exhortación pastoral Que en Cristo nuestra paz México tenga vida digna: “La paz es un don de Dios que debemos compartir con los demás. Construir la paz exige el respeto de la dignidad de todas las personas y de los pueblos y el esfuerzo de vivir la fraternidad. La responsabilidad de proteger los derechos humanos y de asegurar condiciones para que todos puedan cumplir con sus respectivos deberes, recae principalmente sobre el Estado. Sin embargo, los derechos humanos han de ser respetados en las relaciones de todos con todos, como expresión de justicia y de fraternidad, y no simplemente porque pueden hacerse respetar mediante la buena voluntad de las autoridades”.
Es la única vía de salida para un país como México, que se prepara para festejar el segundo centenario de su independencia en medio de una guerra que se ha cobrado la vida de más víctimas civiles que el conflicto de Afganistán, con cerca de 28.500 muertes en los últimos cuatro años.
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EL CARDENAL SANDOVAL Y LOS MATRIMONIOS HOMOSEXUALES
La legalización de los matrimonios homosexuales y la posibilidad de que estas parejas puedan adoptar niños en Ciudad de México ha levantado una fuerte polémica entre el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo de Guadalajara, y los defensores de estas uniones. Para el cardenal, los ministros de la Suprema Corte de Justicia del país que han votado a favor de este tipo de matrimonios y la adopción de niños han sido sobornados por las autoridades de Ciudad de México y por organizaciones internacionales que promueven esta causa. Sus declaraciones provocaron una demanda civil por difamación en contra del purpurado y del vocero de la arquidiócesis de la Ciudad de México, el sacerdote Hugo Valdemar, quien llamó a no votar en las próximas elecciones por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), formación que gobierna en el Distrito Federal.
Aunque el contencioso ha perdido fuerza y varios personajes públicos han salido para mediar y rebajar la confrontación, el tema de fondo permanece en cuanto a la aceptación de los derechos homosexuales en la sociedad y la participación de este colectivo en la vida de la Iglesia.
En el nº 2.719 de Vida Nueva.
