La medida, enmarcada en el Bicentenario del país, no busca reabrir “heridas de ayer”
(J. L. Celada) El pasado 21 de julio, en representación de la Conferencia Episcopal de Chile (CECh), su presidente y obispo de Rancagua, Alejandro Goic, y el cardenal Francisco Javier Errázuriz, arzobispo de Santiago, trasladaron al presidente del país, Sebastián Piñera, “una solicitud de indulto a personas privadas de libertad” con ocasión del Bicentenario patrio. La propuesta queda recogida en el documento Chile, una mesa para todos en el Bicentenario, que los prelados entregaron al mandatario durante su visita al Palacio de La Moneda y cuyo texto han hecho llegar también al presidente del Senado, a la presidenta de la Cámara de Diputados y a toda la opinión pública a través de los medios de comunicación.
Precisamente ante la prensa, y a su salida de la residencia presidencial, la jerarquía católica explicó el origen de una propuesta que se inscribe “en el marco de una tradición religiosa, con fundamentos bíblicos incluso anteriores al cristianismo, de invocar gestos de clemencia con ocasión de grandes conmemoraciones”. La idea, cuya inspiración original surgió de la Pastoral Penitenciaria, está animada por un único propósito: “Ser fieles a Jesús y coherentes con el mandato cristiano del amor, la solidaridad y la misericordia”, valores que inspiran el servicio misionero de la Iglesia.
La CECh aclara que su petición “no anula ni contradice el imperio de la Ley y la Justicia”, pero poniendo a salvo “el pleno imperio de los derechos humanos en materia de crímenes de lesa humanidad, se pueden dar pasos de clemencia, actuando en el marco del estado de Derecho, del ordenamiento constitucional y de los tratados internacionales vigentes”.
Respeto y generosidad
Aunque son conscientes de que su solicitud ha concitado “opiniones diversas de actores sociales y políticos”, cuyos argumentos han escuchado y respetan, los obispos confían en que “sea analizada con el mismo respeto, sin prejuicios ideológicos, con generosidad y amistad cívica”. Porque, en el “contexto de una sana laicidad”, su planteamiento “no busca reabrir las graves heridas de ayer ni que se cierren por decreto”, sino simplemente pedir “un gesto de clemencia” con el dolor de tantas personas privadas de libertad, “que han sido juzgadas y han cumplido gran parte de sus condenas y que también forman parte de esta ‘Mesa para todos’ que quiere ser nuestra patria”.
En el nº 2.718 de Vida Nueva.
