Así lo pone de manifiesto en un mensaje publicado en medio de la polémica por el intento de expulsión de un misionero
(Óscar Bermeo– Lima) Desde que se conoció, a principios de julio, una resolución del Ministerio del Interior peruano cancelando el permiso de residencia a Paul McAuley, hermano de La Salle y presidente de la Red Ambiental de Loreto (VN, nº 2.716), se han venido haciendo públicas diversas muestras de solidaridad con el religioso británico. El trabajo pastoral de este hermano de las Escuelas Cristianas en la selva peruana recibió el respaldo de diversas federaciones indígenas de la región. Así, los pueblos awajún, achuar, ashaninkas, shipibos, candoshi y machiguengas, entre otros, remitieron un memorial al presidente del país, Alan García, a sus ministros y a la Embajada Británica, destacando su labor en la promoción de los derechos humanos y la defensa del medio ambiente.
En este contexto de denuncia, días atrás, la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), por boca de su presidente y arzobispo de Trujillo, Miguel Cabrejos, difundió un mensaje sobre el Rol de la Iglesia católica en la Amazonía peruana en el que destaca su compromiso prioritario con los marginados por la sociedad y reitera las palabras de los obispos latinoamericanos en Aparecida, cuando señalan que “la tarea esencial de la evangelización incluye la opción preferencial por los pobres, la promoción humana integral y la auténtica liberación cristiana”.
La CEP rescata, asimismo, el llamamiento de Juan Pablo II, quien en 1990 advertía que hoy “aumenta cada vez más la convicción de que la paz mundial está amenazada, también por la falta del debido respeto a la naturaleza. (…) En ese sentido, ¿cómo permanecer indiferentes ante la contaminación de los ríos y de las capas acuíferas, la pérdida de la biodiversidad?”.
Más adelante, el texto episcopal agradece el aporte, principalmente en la defensa de la vida y el medio ambiente, de los misioneros (sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos) en la Amazonía durante más de cinco siglos. Y recuerda que los vicariatos apostólicos de la selva fueron creados para “continuar con la evangelización de los pueblos, promover su cultura, mejorar su salud y educación, y cuidar la naturaleza…”. Porque la mayoría de la población amazónica, pese a la riqueza de recursos de la zona, vive en una extrema pobreza, con pocas oportunidades de acceder a una mejor calidad de vida y continuamente amenazada por daños ambientales.
En ese sentido, los obispos de esos vicariatos, junto a profesionales de las jurisdicciones eclesiásticas y del Centro Amazónico de Antropología y Acción Práctica (CAAP), mantienen una participación activa en la búsqueda de soluciones pacíficas de los conflictos socio-ambientales. Todas sus acciones están encaminadas a “que en las intervenciones sobre recursos naturales no predominen los intereses de grupos económicos que arrasan irracionalmente las fuentes de vida, en perjuicio de naciones enteras y de la misma humanidad”.
Durante muchos años, la Iglesia católica, a través de la CEP, ha desempeñado un importante papel en el proceso de diálogo del Estado con las comunidades indígenas. El propio Estado la convocó como observadora en el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos creado tras los sucesos de Bagua (el 5 de junio de 2009, un enfrentamiento de la policía con indígenas se saldó con decenas de muertos). En esa línea, y para evitar casos como el de McAuley, los obispos de la Amazonía piden que el trabajo de dicho grupo se intensifique con acciones como la reapertura de las mesas de diálogo.
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NUEVOS CASOS DE ACOSO
En los últimos días, y mientras el hermano McAuley espera el resultado del hábeas corpus, la hostilidad hacia religiosos comprometidos con causas socio-ambientales parece continuar. El 16 de julio, un nutrido grupo de personas, conformado por pobladores, autoridades e instituciones de Chulucanas (Piura), marchó pacíficamente por las calles de esta localidad norteña en señal de apoyo al P. Daniel Turley, agustino norteamericano y obispo de la Diócesis de Chulucanas, recientemente sindicado por parlamentarios oficialistas como “un agitador contra el Estado” debido a su preocupación por el medio ambiente.
En el nº 2.718 de Vida Nueva.
