La renuncia de Castresana, representante de la ONU, saca a la luz una situación que afecta a varios países de la región
(Pablo Romo Cedano– México DF) El “incumplimiento” del Estado guatemalteco en su compromiso de combatir la impunidad ha hecho que el magistrado español Carlos Castresana, hasta ahora director de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) –bajo mandato de Naciones Unidas–, haya renunciado a un cargo que ostentaba desde septiembre de 2007. “Ya no puedo hacer más por Guatemala. Yo le sirvo mejor desde fuera que desde dentro”, señaló en rueda de prensa este experimentado juez e investigador.
Coincidiendo con su marcha, Castresana pidió al presidente del país, Álvaro Colom, que destituya al recién nombrado fiscal general, Conrado Reyes, porque “no es la persona que Guatemala se merece”, acusándole de tener vínculos con “estructuras paralelas” al crimen organizado. Tal acusación es muy grave, pues revela que dicho crimen organizado ha penetrado en las más altas esferas guatemaltecas y que los criminales no están sólo en las calles disparando, sino instalados en el poder de muchas débiles democracias.
En el caso de Reyes, el premiado jurista español aseguró que posee un “historial de corrupción y vínculos con organizaciones ilícitas” y que, en sus primeros días al frente de la Fiscalía, se ha dedicado a debilitar el trabajo de la CICIG, ordenando escuchas telefónicas ilegales. Desde su llegada al cargo, “ha dado entrada a personas y estructuras que había sido posible erradicar y desmanteló el equipo de profesionales que en 2009 dio la esperanza de un cambio en el Ministerio Público”, desveló Castresana.
Mientras tanto, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, agradeció la labor del dimisionario responsable de la CICIG y ha secundado su petición en aras de un mayor compromiso del Estado guatemalteco en la lucha contra el crimen organizado.
La violencia es la expresión más cotidiana del crimen organizado en Guatemala y en los países vecinos. México batió el viernes 11 el récord de asesinatos en un día, 74, lo que ha obligado a la Presidencia de la República a explicar en un amplísimo documento por qué ha militarizado el país en una guerra que parece no tener fin. En Guatemala, por su parte, aparecieron cerca de edificios públicos y con leyendas amenazando a las autoridades las cabezas cercenadas de varios presuntos contendientes en la batalla de los cárteles de la droga tras dicha dimisión. Un estilo de asesinar propio de los zetas, ex militares mexicanos entrenados en los Estados Unidos con mercenarios kaibiles (guatemaltecos) que se disputan con ferocidad un lugar en el cártel del Pacífico, comandado por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.
Obispos, analistas y expertos coinciden en señalar que la lucha contra el crimen organizado lleva aparejada el control de los flujos de capital (“sigue al dinero”). Nadie duda de que los capitales que hinchan las bolsas de valores de los “países emergentes” son en su mayoría de muy dudosa reputación. También las casas de cambio y las compañías de transferencias de capital de los países ricos a los países exportadores de mano de obra son sospechosas de ser “lavanderías”, sin que nadie toque sus actividades.
Y aunque “no es momento de bajar la guardia o claudicar”, como recordaba hace poco el presidente mexicano, Felipe Calderón, los muertos ahí están, los secuestrados no aparecen y los capitales de dudosa procedencia florecen en las playas paradisíacas y en los centros financieros.
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CRIMEN Y PODER
En la historia centroamericana no es la primera vez que el crimen organizado toma el poder político de manera pública y evidente: el presidente de Panamá, Manuel Antonio Noriega, fue depuesto en 1990 acusado de narcotráfico; el hermano del presidente mexicano en 1994, Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas, fue acusado de asociación con criminales; hace unos meses, el ex gobernador de Quintana Roo (México) fue extraditado a los Estados Unidos tras años de prisión en México acusado de asociación con el crimen organizado; el candidato a gobernador de ese mismo lugar por una coalición de partidos de izquierda, Gregorio Sánchez, fue detenido el 28 de mayo acusado de lavado de dinero en sus empresas en Cancún…
Es tan fuerte la implantación del crimen organizado en altas instancias de ciertos países que puede producir una peligrosa desestabilización. Así ocurrió las últimas semanas en Jamaica, cuando la policía intento localizar y detener al capo de la droga del país, Christopher ‘Dudus’ Coke, ocasionando serios disturbios que se saldaron con más de 74 muertos.
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En el nº 2.712 de Vida Nueva.
