El ‘tijeretazo’ podría llevar a un “conflicto social”

La Alianza Española Contra la Pobreza ve “injusto e inviable” el plan del Gobierno

(Miguel Ángel Malavia) “Los recortes sociales anunciados por el Ejecutivo representan una quiebra en el discurso del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha provocado un cambio de escenario político y social, que percibimos como permanente y no coyuntural y que puede provocar un conflicto social de largo alcance”. La denuncia, contundente, aparece en un reciente comunicado de la Alianza Española Contra la Pobreza, que integra a un millar de asociaciones entre ONG, sindicatos y organizaciones sociales, y que mantiene una nutrida representación cristiana, a través de Justicia y Paz, la Confederación Española de Religiosos (CONFER), la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) o la Coordinadora ONG Desarrollo España, que integra, entre otras, a Manos Unidas y Cáritas.

El representante de CONFER en la Alianza, José Luis Saborido, profundiza para Vida Nueva el sentido de su oposición a las medidas gubernamentales: “Son muy desequilibradas. Ante una crisis mundial, hacen cargar todo el precio de la misma en la gente más pobre, en vez de repartirlo entre las clases más pudientes y el sector financiero, que, obviamente, tienen más margen de maniobra”. Ante esta desproporción, advierte, las consecuencias pueden ser gravísimas: “Los pobres serán aún más pobres. También en España y en Europa. Y ya, si miramos a los países menos desarrollados…, sólo se generará más miseria. Esto sólo puede causar inestabilidad, pudiendo desembocar en un estallido social en algunos de ellos. Además, podría producirse una avalancha inmigratoria hacia Europa”.

La Alianza, que califica de “injusto e inviable” el plan económico del Ejecutivo, especifica el porqué de su crítica a algunas de las medidas principales, como la del descenso de un 5% en el sueldo de los funcionarios: “España aún está por debajo de la media europea en cuanto a porcentaje de gasto público y número de funcionarios”. Por contra, los responsables políticos deben desarrollar un “reconocimiento y valoración” de los empleados públicos por la “labor esencial” que realizan en áreas tan importantes como la sanidad, la educación o la seguridad ciudadana. Por contra, “alterar unilateralmente los acuerdos suscritos y reducir sus salarios es el peor mensaje que se puede enviar”.

Y es que aquí, en la vulneración de los acuerdos ya fijados, radica una de las principales denuncias de la Alianza. Como sucede en el caso del “inaceptable” recorte en la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD): “El Gobierno incumple con ello el Pacto de Estado Contra la Pobreza –firmado en 2007–, suscrito también por todos los partidos políticos con representación parlamentaria, de alcanzar el 0,7% antes de 2012”. En este sentido, no se escapa de las críticas el PP, cuya petición de reducir a la mitad la AOD es vista como “irresponsable y oportunista”. Saborido es claro a la hora de definir el abandono de las políticas de desarrollo: “Las personas no pueden vivir de promesas, sino de realidades. Las promesas no alimentan…”.

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REFORMA DE SISTEMA FINANCIERO POR LA UE


La Alianza Española Contra la Pobreza, además de denunciar el plan económico del Gobierno, también expone sus propias propuestas. La principal, “que se aumenten los ingresos a través de reformas fiscales sobre el sistema financiero y sobre las rentas del capital”. En cuanto al sector financiero, considerando que está necesitado de una reorganización, reivindica que ésta se acometa “desde instancias internacionales, particularmente desde la Unión Europea (UE), en lugar de cargar con programas de ajuste las políticas nacionales”. De este modo, los planes de rescate, como el llevado a cabo por el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la creación de un fondo común europeo de 750.000 millones de euros, “no servirán de nada si no se establecen nuevas regulaciones y obligaciones impositivas al capital financiero. Los gobiernos deben evitar que la opacidad, la arbitrariedad y la gratuidad con la que actúan los inversores financieros ponga en jaque los derechos sociales y de ciudadanía de países como el nuestro”.

En el nº 2.712 de Vida Nueva.

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Actualizado
18/06/2010
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