Federico Trillo, ante el Tribunal Constitucional
(M. Á. Malavia) Pese a estar prevista su entrada en vigor para el 5 de julio, todavía persiste el debate en torno a la Ley del Aborto. Así, más de 60 organizaciones civiles, encabezadas por la Federación Española de Asociaciones Provida, han convocado para el día 3 de julio, en Madrid, una concentración de protesta ante el Tribunal Constitucional (TC). Tal y como manifiestan en un comunicado, el objetivo final es presentar ante el alto órgano judicial un recurso contra la ley. A la vez, solicitarán que “dicte sentencia urgentemente” y que, mientras dure el proceso de estudio, “suspenda su entrada en vigor”, puesto que si al final se optara por su rechazo, “el daño sería irreversible, ya que las vidas humanas no pueden recuperarse”.
Los convocantes argumentan que la ley aprobada por el Gobierno de Zapatero “tiene claros indicios de inconstitucionalidad”, vulnerando el artículo 15 de la Carta Magna, que declara que “todos tienen derecho a la vida”. Otro dato de especial relevancia es el llamamiento que se hace al PP para que, en caso de llegar al poder, no sólo derogue la ley actualmente aprobada, sino que también apoye “la protección de toda vida humana y la aplicación de políticas de ayuda, especialmente a través de sus Gobiernos autonómicos”. En la práctica, esto supondría que el principal partido de la oposición debería suprimir la hasta ahora vigente ley abortista, que data de 1985, gobernando Felipe González, y que se mantuvo intacta durante los ocho años de gobierno de José María Aznar (1996-2004).
Se da el caso de que el PP había presentado previamente otro recurso al Constitucional exigiendo el rechazo de la última Ley del Aborto. A dos años vista, en principio, de las elecciones generales, se desconoce cuál sería el compromiso final del PP en este sentido. Mientras que una línea encabezada por su presidente, Mariano Rajoy, insiste en que la ley de 1985 “parece razonable”, a la vez que se reconoce que puede ser un coladero por la ambigüedad de su redacción, un sector reconocidamente católico, liderado por Mayor Oreja, manifiesta que fue un error no haber abolido por completo la despenalización del aborto en la etapa de Gobierno popular. Ocho años en los que se produjeron más de medio millón de abortos en nuestro país.
En el nº 2.711 de Vida Nueva.
