Malestar ante un posible ‘tijeretazo’ a la concertada

(Miguel Ángel Malavia) Si una de las medidas más polémicas del Gobierno para reducir el déficit económico ha sido bajar un 5%, de media, el sueldo de los funcionarios, ahora el llamado ‘tijeretazo’ social podría extenderse a otros colectivos. Es el caso de Cataluña, donde el pasado 29 de mayo, su conseller de Economía, Antoni Castells, anunció la intención de la Generalitat de rebajar la asignación pública a los centros concertados, que se verían obligados a recortar el sueldo de sus profesionales. En el caso de la escuela concertada, al igual que en el resto de España, la mayoría de colegios e institutos no públicos son de titularidad católica.

Escuelas Católicas (EC), organización que aglutina en nuestro país a la mayor parte de los centros religiosos, valora esta medida como “claramente negativa” e “injustificada”. Así se expresa, en conversación con Vida Nueva, el director de su departamento jurídico, Luis Centeno. Y es que el malestar en EC crece porque se teme que la medida catalana pueda extenderse a otras comunidades.

Centeno argumenta que “los docentes de la concertada no son funcionarios, sino contratados. Y no existe ninguna analogía retributiva entre unos y otros, ni en el volumen de los sueldos ni en las horas trabajadas –los profesores de la concertada cobran menos y tienen un horario laboral más amplio–”. Además, el jurista señala que “existe un convenio colectivo, negociado por los sindicatos”, que fija las condiciones de los profesores de centros no públicos. A lo que se añade que la actual legislación educativa, la LOE, y lo propuesto en el Pacto Educativo, “apunta en la dirección de aumentar los sueldos de los profesores no funcionarios”.

Ante tal “vulneración del marco jurídico”, Centeno concluye que “estudiaríamos emprender medidas legales”, así como concentraciones de protesta. El representante de EC considera que “la solución no está en el recorte de recursos, sino en la mayor racionalización del gasto”. En su opinión, “todo obedece a una mala gestión”, a la que se ha unido “una presión mediática que ha exigido que la concertada ‘no se vaya de rositas’”.

Otras propuestas van más allá. Adolfo Barrena, coordinador de IU en Aragón, ha pedido que no se pague con dinero público a los profesores de Religión, al ser éstos “impuestos por el Obispado”.

En el nº 2.710 de Vida Nueva.

Actualizado
04/06/2010
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