El campo brasileño registra más de tres conflictos al día

La Comisión de la Tierra de la CNBB entrega al Gobierno el informe de los últimos 25 años

(Graziela Cruz– Brasil) La cuestión agraria ha sido siempre, desde los principios de la colonización portuguesa en el siglo XVI, un grave problema en Brasil. La Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), organismo de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil (CNBB), ha adquirido desde hace tiempo un destacado protagonismo en la defensa de los intereses campesinos y como voz de muchos de quienes en el campo sufren la violación de sus derechos.

El 29 de abril, la CPT entregó al ministro de Justicia, Luiz Paulo Barreto, una lista con los nombres de los líderes que trabajan en los conflictos rurales y han sufrido persecución desde principios de año. Al menos tres funcionarios de la CPT están siendo amenazados de muerte en los estados de Mato Grosso, Bahía, Maranhão y Tocantins. Según este organismo, entre ellos figuran la religiosa Leonora Brunetto, que vive en un asentamiento del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en Peixoto de Azevedo (MT), y Bautista Clemer, sacerdote, acusado de apoyar a las comunidades quilombolas en Maranhão.

La CPT –representada en el encuentro con el ministro por el obispo emérito de Goiás, Tomás Balduino, ex presidente de este organismo y su actual consejero, y el secretario general de la CNBB, Dimas Lara Resende Barbosa– también entregó a Barreto la edición especial del Informe sobre conflictos y violencia en el campo, que reúne datos de asesinatos, con los nombres de todas las víctimas, conflictos laborales y la violencia registrada contra campesinos en los últimos 25 años (1985-2009).

Durante este período, la CPT contabilizó 1.546 asesinatos en conflictos rurales. De ellos, sólo 85 fueron a juicio, donde se condenó a 20 ordenantes y 71 ejecutores. De los responsables por tales asesinatos, sólo Vitalmiro Bastos de Moura, acusado del caso de la religiosa estadounidense Dorothy Stang, está arrestado.

Los datos muestran que el promedio anual es de 765 conflictos agrarios en todo el país. “Las cifras son dramáticas. Hicimos un llamamiento al ministro para ofrecer una solución a las víctimas y a los pobres”, dijo Balduino. Según el obispo, el ministro se comprometió a aumentar la presencia de policía federal en zonas de conflicto y a hacer un seguimiento de los casos de las personas amenazadas de muerte.

El número de conflictos en el campo, que venía disminuyendo en los últimos años, aumentó en 2009, hasta alcanzar los 1.184, lo que representa un promedio de más de tres contenciosos por día en Brasil.

Más violencia con ‘Lula’

Un dato interesante es que, según la CPT, la violencia en el campo se ha recrudecido con la llegada de ‘Lula’ al Gobierno en 2003. En opinión de Carlos Walter Porto Gonçalves, doctor en Geografía por la Universidad Federal de Río de Janeiro y uno de los investigadores que participó en el documento de la CPT, aunque este tipo de violencia haya crecido, no se puede atribuir la responsabilidad al presidente. A su juicio, “el aumento de los conflictos viene, en parte, porque los movimientos sociales vieron en la elección de ‘Lula’ una posibilidad que había de reforma agraria e intensificaron su movilización, especialmente en sus primeros años en el poder. Por otra parte, los sectores contrarios a esa reforma y a la democratización del acceso a la tierra, por temor a que ‘Lula’ pudiera llevar a cabo el proyecto, emprendieron una escalada de violencia. En el primer año de ‘Lula’, el número de asesinatos en el campo volvió a los niveles de los años comprendidos entre 1985 y 1990”. Sin embargo, la sorpresa para ambas partes es que ‘Lula’ no emprendió la reforma agraria, y la violencia ha seguido en aumento.

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EL NORTE, LA REGIÓN MÁS AFECTADA


Como ya es habitual, los conflictos agrarios se han concentrado sobre todo en el Norte, con el 52% de los asesinatos de campesinos (el Estado de Pará, con un 22%, es el más violento de todos). El número de familias norteñas implicadas en contenciosos por la tierra representan el 51% del total nacional. También en esta región, el 96% de tierras (14,5 millones de hectáreas) están en disputa, el 37% de familias son expulsadas de sus tierras, el 41% de ellas fueron objeto de desalojo, el 65% están amenazadas, el 53% sufrió la destrucción de su casa o de su jardín (hasta el 85% ), y el 45% de familias recibió ataques de hombres armados.

gaparecida@vidanueva.es

En el nº 2.706 de Vida Nueva.

Actualizado
07/05/2010
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