Temor episcopal a que se apruebe la “eutanasia encubierta”

Los obispos del sur piden a la Junta andaluza que elimine las “ambigüedades” de su Proyecto de Ley

(M. Á. Malavia) Hay que “proteger la vida sin ambigüedad en el proceso de la muerte”. Con esta reivindicación, los Obispos de Andalucía se han dirigido a la Junta de esa comunidad para pedirle reflexión respecto al Proyecto de Ley sobre Derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte, aún a expensas de ser presentado al Parlamento autonómico para su aprobación definitiva.

En una nota hecha pública el 22 de febrero, los prelados elaboran un catálogo con los aspectos del proyecto que “requieren mayor claridad y precisión”. A su juicio, el primer punto dudoso se encuentra en el mismo prólogo, en el que se diferencia “entre vida biológica y vida personal”. Así, esta distinción “carece de fundamento antropológico”, pues “la vida humana es siempre una unidad biológica y personal”.

Para los mitrados, esta confusión podría “favorecer una forma de eutanasia encubierta”. Y es que éste es el mayor temor para los obispos, que recelan del punto del texto en el que –en una iniciativa que sería novedosa en España, donde no se contempla el suicidio asistido– se argumenta que los fines de la ley son “proteger la dignidad de la persona y asegurar la autonomía del paciente y el respeto a su voluntad en el proceso de muerte”. De ahí que consideren que “hay que dejar claro que la autonomía personal nunca puede llegar a justificar decisiones o actos contra la vida humana propia o ajena, pues sin vida no hay libertad”.

Los firmantes especifican la situación de los enfermos en coma o en estado vegetativo, pidiendo que “los cuidados ordinarios y básicos, como la hidratación y la alimentación”, les sean aplicados “siempre”, puesto que, “si se prescinde de ellos, en lugar de permitir la muerte inevitable, lo que se hace es provocarla; y esto es una forma de eutanasia”.

Los obispos concluyen defendiendo el derecho a la objeción de conciencia para los profesionales sanitarios que se encuentren “ante la dificultad de discernir en algunos casos o ante el posible conflicto de valores”.

En el nº 2.697 de Vida Nueva.

Actualizado
26/02/2010
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