La Ley de Memoria Histórica se enreda en las diócesis

La Iglesia ha mostrado su respeto, pero la indefinición legal dificulta la retirada de símbolos franquistas

Símbolo-franquista(Miguel Ángel Malavia) Uno de los aspectos que más polémica generó la Ley de Memoria Histórica cuando se aprobó en el Congreso, el 31 de octubre de 2007, fue el de la retirada de símbolos franquistas en edificios de titularidad eclesial. Más de dos años después, ¿se han solucionado los problemas derivados de su aplicación? Las respuestas varían de unas diócesis a otras.

Por ejemplo, mientras en Tui-Vigo el Ayuntamiento vigués y el Obispado han llegado al acuerdo de retirar toda simbología franquista de las doce iglesias en las que se mantiene presente, en Sigüenza-Guadalajara deberá acometerse su eliminación de manera progresiva, tras la exigencia de esta cláusula por parte de la Diputación Provincial para firmar un convenio que permita subvencionar la rehabilitación de los templos diocesanos. Un caso diferente es el de la Archidiócesis de Valencia, que ha aclarado que no considera los símbolos de algunos de sus templos como “exaltación de la dictadura o del alzamiento nacional”, calificándolos simplemente como “elementos históricos” ceñidos a un periodo concreto, lo mismo que los que son de “la época de Felipe II o Carlos III”. De ahí que no se consideren afectados por la Ley.

Estos casos evidencian una diferencia de ritmos en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, según el contexto autonómico y diocesano en que se dé. En conversación con Vida Nueva, el jurista José María Abad Liceras sitúa la causa principal en los “muchas interrogantes que plantea el precepto. No hay una regulación de quién está legitimado para actuar, qué procedimiento debe seguirse, cuándo y cómo puede intervenirse, en qué plazo…”. El también docente en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, quien el pasado día 9 impartió una ponencia sobre esta cuestión en unas Jornadas organizadas por la Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural, considera que “la Iglesia ha demostrado su respeto y comprensión por la actuación de los poderes públicos”. No obstante, “la insuficiente regulación de la norma” ocasiona “dificultades” que llevan al “cuestionamiento de si un símbolo o monumento público puede estar afectado o no por la Ley, y cómo actuar en esos casos”. Problema éste que, afirma, “está resultando común a todas las Administraciones, sin que ello pueda ser interpretado como una toma de posición tácita a favor o en contra”.

Defectuosa redacción

Para Abad, la clave de ciertos discernimientos legales radica en la “defectuosa” redacción del artículo 15 de la Ley, que es el que se ocupa de regular “el mantenimiento o la retirada de símbolos y monumentos públicos vinculados con la sublevación militar, la Guerra Civil y la represión de la dictadura”. Así, mientras lleva el enunciado de “símbolos y monumentos públicos”, en referencia a bienes inmuebles en cuanto a lo monumental, su texto cita únicamente bienes muebles: “Escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas”. Por ello, el jurista se cuestiona: “¿Significaría esto que no podrían retirarse bienes que tengan la consideración jurídica de inmuebles? A mi juicio, así es, por lo que la retirada de esculturas, monolitos o construcciones podría estar vulnerando la propia Ley de Memoria Histórica”.

 

UNA VÍA INTERMEDIA

A día de hoy, a causa de la inexistencia de catálogos o registros, se desconoce la cantidad exacta de la simbología franquista en el patrimonio eclesiástico nacional. Ante la indefinición de la propia Ley de Memoria Histórica a la hora de fijar un procedimiento para su retirada, José María Abad resalta cómo es “la propia realidad la que más cuestiona la adecuada aplicación de la norma”. El jurista ilustra con un ejemplo la situación que tienen que afrontar las instituciones eclesiales: “En una localidad hay un monumento situado en el exterior de una iglesia, en terrenos propiedad de la misma, en donde figuran unas lápidas con el escudo preconstitucional y el de Falange, junto a otras con la relación de fieles de la parroquia muertos en la Guerra Civil: ¿hay que desarmar y retirar la totalidad del monumento o hay que mantenerlo en su integridad?”. Abad critica que “la Ley de Memoria Histórica parece que sólo deja esas dos opciones antagónicas”. Así, reivindica “una tercera vía intermedia”, consistente en “retirar sólo lo que pueda vulnerar la norma, manteniendo el resto, como quizá sería lo más correcto si esa relación nominal no contiene, como así es, ninguna expresión de exaltación de uno de los bandos de la Guerra Civil”.

En el nº 2.695 de Vida Nueva.

Actualizado
12/02/2010
Compartir